Agencia TSS Noticias de ciencia y tecnología

Agencia TSS — En medio de un conjunto de centrales termoeléctricas que quedaron sujetas a privatización total o parcial, la inclusión de Dioxitek en esa lista de organizaciones estatales que pasarían a manos privadas pasó casi desapercibida, ya que pocos saben qué hace esta empresa vital para el sector nuclear argentino.

El decreto presidencial 882/2017, del 31 de octubre pasado, reabrió las puertas a la privatización de muchas de las grandes generadoras de electricidad estatales, en un retorno al más puro neoliberalismo de la década de los noventa. De forma análoga a las políticas de aquellos años, el decreto 882/2017 transfirió la mayor parte del paquete accionario de Dioxitek al Ministerio de Energía y Minería (MINEM), a fin de facilitar su posterior venta (artículos 7 y 8), pero esto parece ser solo el comienzo. El texto del decreto, que sostiene que “es conveniente propiciar la participación de terceros capaces de asumir actividades de generación y transporte en los proyectos energéticos” implicaría, en el caso de Dioxitek, no solo la privatización de una empresa estatal exitosa y que integra un área estratégica, sino también su posible desmantelamiento.

En 1982, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) puso en marcha una planta de producción de dióxido de uranio, el primer eslabón de la industrialización del combustible para los reactores nucleares. Este proceso se inicia a partir de la denominada “torta amarilla” (yellow cake, en inglés), un concentrado de polvo de uranio que se obtiene por lixiviación tras ser extraído de la mina. Con el dióxido de uranio se elaboran las pastillas que, reunidas en tubos de Zircaloy —una aleación de circonio (95%) y otros metales— permiten fabricar las barras de combustible nuclear.

En 1996, mediante el decreto presidencial 1286/1996, esa planta de dióxido de uranio fue separada de la CNEA y transformada en una sociedad anónima, con el 99% del capital en manos de dicha comisión y el otro 1% como propiedad de Nuclear Mendoza, una empresa estatal mendocina.

A principios de la década siguiente, Dioxitek también comenzó a producir fuentes selladas de cobalto-60, y a comercializar el molibdeno-99 que la CNEA genera en el reactor RA-3 del Centro Atómico Ezeiza. El cobalto-60 se usa en dos áreas: salud —especialmente para el tratamiento de tumores cancerosos—e industrial —para la preservación de alimentos y la esterilización de instrumental quirúrgico y residuos patógenos—. Gracias a Dioxitek, la Argentina es el tercer productor mundial de fuentes selladas de cobalto-60 y exporta el 95% de su producción a países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Japón, China, Chile, Brasil, Perú y Venezuela.

Ciclo de producción del combustible nuclear en la Argentina

El molibdeno-99 es un radiofármaco que se utiliza en diagnóstico por imágenes y estudios de procesos metabólicos y Dioxitek es actualmente uno de los principales proveedores de este elemento a Brasil.

Con respecto a la producción del combustible nuclear para las centrales de potencia —las que generan electricidad para consumo masivo— y los reactores de investigación, la Argentina domina el ciclo de combustible porque además de Dioxitek posee dos empresas más: Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR) y la Fábrica de Aleaciones Especiales (FAE), que elaboran diferentes insumos que permiten completar el circuito de autoabastecimiento.

Un viejo anhelo frustrado

En agosto de 1989 se sancionó la Ley 23.696 de Reforma del Estado, que sentó las bases para un poco feliz y generalizado proceso de privatización. El sector nuclear no fue parte, pero cinco años más tarde, con el decreto presidencial 1.540/1994 —de reorganización de la CNEA— se dejó asentado que las centrales nucleoeléctricas de potencia también eran pasibles de privatización. Para llevarla a cabo, las actividades de la CNEA vinculadas con estas centrales fueron traspasadas al Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, como paso previo a su enajenación o concesión. Además, se creó la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) para la administración de esas actividades y de las propias centrales.

El tiempo pasó y NASA no fue privatizada, pero en 1996 se conformó Dioxitek S.A. con la explícita intención de que el 51% de sus acciones fueran traspasadas al sector privado. Sin embargo, esto tampoco ocurrió en medio de una paralización del sector nuclear, hasta que durante la presidencia de Néstor Kirchner se lo volvió a poner en marcha, en 2006.

“Si se va a privatizar Dioxitek es porque se van a privatizar las centrales de potencia, porque sería una locura que el Estado se quedara con las centrales y darle el combustible a los privados”, explicó Diego Hurtado, doctor en Física, ex presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y director de TSS. Y agregó: “Si se hubiera privatizado NASA en los noventa, ¿se podría haber terminado Atucha II? Mi respuesta es que no. El Estado argentino era el único actor que podía llevar adelante su finalización. Si hoy se puede hacer un segundo intento privatizador es porque el Estado hizo inversiones ingentes. Hay tres centrales de potencia y proyectos de dos centrales con China. Otra vez el sector nuclear vuelve a ser apetecible para el sector privado”.

Para Pablo Sánchez, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Dioxitek (Capital Federal), la privatización de la empresa preanuncia la venta de las centrales nucleoeléctricas de potencia y de todo el sector nuclear. “El carácter estratégico que nosotros le damos a la empresa como productora y distribuidora de combustible para centrales nucleares quedaría bajo la posibilidad de que un privado se hiciera cargo de eso, primero con la transferencia de más de 60 años de conocimientos que tiene la CNEA y con la pérdida de soberanía energética. Además, si un privado obtiene toda la cadena de generación nucleoeléctrica, el precio del kilovatio va a salir mucho más caro todavía”, le dijo Sánchez a TSS.

La privatización de la empresa plantea, asimismo, un futuro incierto para sus trabajadores. Previendo un escenario muy adverso, se ha conformado una mesa intersindical con ATE, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), los tres gremios que representan a la mayor parte de los empleados de Dioxitek, a fin de enfrentar la política de Cambiemos para el sector nuclear.

A competir

En un correo electrónico del 1 de noviembre pasado, el presidente de Dioxitek, Alejandro Parker Holmberg, les comunicaba a los empleados de la empresa el contenido del decreto presidencial 882/2017 y mencionaba el traspaso de la mayoría del paquete accionario al MINEM, pero omitía que la finalidad de la operación es su venta a privados. Hacia el cierre del mensaje señala que todos los cambios que se están llevando a cabo en Dioxitek son para que pueda “competir de igual a igual con los proveedores del exterior”. Esto vuelve a plantear el discurso de la eficiencia vía la competencia y abre el interrogante sobre si no se está pensando en una liberalización del sector nuclear.

Actualmente, Dioxitek le vende la tonelada de uranio a NASA a 65 dólares, mientras que el principal proveedor de este elemento a nivel mundial, la canadiense CAMECO, la cotiza a 35 dólares. La diferencia es que esta última tiene clientes en todo el planeta, lo que le permite economías de escala imposibles para cualquier otro proveedor.

Seguridad y seguridad

El tema de la seguridad es crucial en cuestiones nucleares. Si bien es una de las modalidades de producción de energía más seguras y menos contaminantes, si se produce algún accidente las consecuencias pueden ser catastróficas. A nivel internacional, en materia nuclear se distingue entre los conceptos de “safety” —la seguridad técnica para la operación de una instalación— y “security” —la seguridad en términos políticos y policial-defensivos—, como prevención de ataques terroristas o de no proliferación. “La energía nuclear en la Argentina tiene una tradición muy virtuosa en ambos aspectos y esto tiene que ver con la gestión del Estado, con la predominancia del sector público”, afirmó Hurtado.

Esto pone en discusión si una empresa con lógica de mercado podría sostener estándares tan rigurosos regidos por normas internacionales, sobre todo teniendo en cuenta que, como recuerda Hurtado, “la tradición de privatizaciones de nuestros Gobiernos fue calamitosa. ¿Qué clase de garantías se le da a la población de que la privatización del sector nuclear va a tener estándares diferentes a los que tuvieron las privatizaciones, por ejemplo, del sector hidrocarburos?”, se preguntó. “Por un lado, la ARN hace un mes que está de paro y los trabajadores reclaman por la falta de estándares y la precarización de las condiciones de trabajo. Y, por otro lado, se comienza a plantear la privatización del sector. Es la tormenta perfecta”, agregó.

No es que en la Argentina no haya antecedentes de participación del capital privado en la industria nuclear. La mayor parte de los paquetes accionarios de CONUAR y FAE están en poder de Sudacia, empresa del grupo Pérez Companc, pero la CNEA preside el directorio y, por estatuto, el capital privado no puede ser extranjero. Nada de esto se contemplaría en el caso de Dioxitek.

Relocalización y memoria

La planta de producción de Dioxitek está enclavada en la Ciudad de Córdoba, situación que se tornó insostenible al tratarse de una zona residencial, por lo que, desde 2012, se gestiona su relocalización en Formosa, hecho que ya está acordado. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto 2018 no aparece partida alguna para la nueva planta y su posible privatización genera nuevas dudas sobre su destino.

TSS intentó hablar con las autoridades de la CNEA y de la Secretaría de Energía Eléctrica dependiente del MINEM, pero no tuvo respuesta. Desde Dioxitek solo se informó que emitirían un breve comunicado sobre el decreto 882/2017.

Con una planta de 170 trabajadores directos, una facturación cercana a los 330 millones de pesos anuales y un balance negativo por poco más de 63 millones de pesos (2015, último balance publicado), Dioxitek no luce financieramente muy atractiva para un inversor privado. Sin embargo, el valor de la empresa no es contable sino estratégico, y parece que ello es así también para los privados, razón que explicaría el apuro por venderla.

El actual secretario de Energía Eléctrica, el ingeniero Alejandro Sruoga, bajo cuya órbita se encuentra la Subsecretaría de Energía Nuclear, se desempeñaba como secretario de Energía y Minería de la Nación en mayo de 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa. Por entonces,  en la X Conferencia Anual Latinoamericana de Energía que se celebraba en La Jolla (Estados Unidos), Sruoga anunciaba la privatización de las centrales nucleares de Embalse y Atucha I, como una vuelta de tuerca más al modelo que ocho meses después precipitaría a la Argentina a la mayor crisis social y económica de su historia.