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Agencia TSS –En un mundo cada vez más globalizado, donde las grandes empresas ganan cada vez más poder e influencia en el mercado, los pequeños productores se encuentran en una posición desventajosa para hacerle frente a sus poderosos competidores. El ingeniero Enrique Martínez, presidente del Instituto para la Producción Popular (IPP) y expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cree que un camino para reducir esta brecha es la transferencia de tecnología.

Para Martínez, las universidades e instituciones públicas dedicadas a investigación y desarrollo (I+D), “se han ido orientando progresivamente hacia empresas de gran dimensión que puedan financiarlas”. Esto, asegura, “hizo que la transferencia y la extensión pasen a ser un hecho menor y, muchas veces, en vías de desaparición, como ha sucedido en organismos grandes como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el INTI, en los que hubo muchas dificultades para mantener una lógica de transferenciade tecnología a título no oneroso”.

Por eso, Martínez y el IPP elaboraron un “manifiesto por la tecnología para la producción popular”,que tiene por objetivo recabar firmas para presentar un proyecto de ley que establezca que las universidades y otros centros de I+D financiados con presupuesto público ocupen parte de sus actividades para atender las necesidades concretas de la producción popular, que abarca iniciativas de individuos y pequeñas empresas societarias o cooperativas que se dediquen a la producción de bienes o servicios que atiendan necesidades comunitarias.

La propuesta es que aquellas instituciones que cuenten con financiamiento público que aporte al menos el 20 % de sus recursos deban habilitar un área de transferencia a la producción popular, a título gratuito y con difusión abierta de los resultados, para facilitar la difusión de ese conocimiento. Además, la propuesta señala que estas áreas deberían trabajar interconectadas. Sobre este punto, Martínez dice: “Como no hay ninguna normativa que coordine estas tareas y queda a la buena voluntad de las organizaciones, a veces pasa que hay organismos que están separados por unos pocos kilómetros de distancia y están empleando investigadores para resolver el mismo problema. Por eso, es necesaria una ley que coordine esfuerzos para que no se apoye solo en iniciativas individuales”.

El ingeniero indica que, dentro de las principales necesidades de transferencia tecnológica que tienen las iniciativas de producción popular, la más elemental tiene que ver con el área de alimentación. “La industria de alimentación en la Argentina se ha concentrado de modo tal que la producción a pequeña escala desapareció o se ha hecho sumamente precaria. Para dar un ejemplo, por cada industria de chacinados que está habilitada legalmente y que dispone de las fórmulas adecuadas para producir los alimentos, debe de haber 10 que no lo están, porque no hay un marco que potencie y facilite su habilitación. Mucha gente que queda fuera de los reglamentos no lo hace porque quiere, sino porque no conoce las formas que debe cumplir a causa de no contar con un mecanismo de transferencia de tecnología y asesoramiento sobre los pasos a seguir para adecuarse a la ley”, considera.

Según Martínez, algo similar pasa con la producción de artículos de indumentaria, en la que “la falta de articulación entre los ámbitos de diseño industrial y los ámbitos populares de producción es muy notoria”. También remarca que hay dificultades en la habilitación de pequeños emprendimientos que surgen de ámbitos juveniles relacionados con la producción de elementos eléctricos y electrónicos. “En la Argentina hubo diseños de motos eléctricas hechos en escuelas de nivel secundario que no pudieron trascender al plano productivo porque hace falta una organización que esos jóvenes no tienen”, apunta.

El presidente del IPP dice que este aislamiento de la producción popular viene desde el Gobierno anterior, pero considera que, “con el actual Gobierno, el problema se ha complicado”. Su argumento es que “el modelo kirchnerista tuvo un componente virtuoso en cuanto a su vocación de distribuir mejor los frutos del trabajo, pero ignoró un obstáculo concreto y objetivo, que es el poder de las grandes corporaciones. Este gobierno está más claramente alineado con el poder financiero y de las grandes empresas. Por lo tanto, no se puede esperar algo mejor”. Y agrega: “Más allá de esto, desde el IPP queremos demostrar que se pueden elaborar iniciativas sustentables para este sector”.

El IPP también trabaja en el desarrollo de esquemas de vinculación entre productores y consumidores que eliminen mecanismos de intermediación en la producción de alimentos. De esta manera, buscan vincular emprendimientos como las pequeñas industrias de aceite de oliva de La Rioja o los quinteros del Gran La Plata directamente con los consumidores, ya que en muchos casos tienen vedado el acceso a las cadenas comerciales tradicionales. “Eso lo calificamos como falta de democracia económica”, sostiene Martínez. Además, están empezando a desplegar un programa de asistencia integral a municipios y ya firmaron el primero de los convenios, con el municipio bonaerense de Moreno.

El manifiesto del IPP está dirigido a toda la comunidad, comenzó a circular desde hace algunos días y se mantendrá abierto para la recolección de firmas de manera permanente. Martínez estima que, dentro de algunas semanas, van a iniciar acciones para que el manifiesto tome estado público en el Congreso. “Como ha tenido muy buena recepción en diferentes ámbitos, le estamos pidiendo a la gente que, además de firmar el manifiesto, nos cuente si en su propio ámbito existen o no áreas de transferencia para que, antes de tener una ley, podamos verificar las dimensiones de la problemática en la práctica y no a través del prejuicio”, indica Martínez. “También nos gustaría que los interesados en el tema entren a nuestro sitio, en el que recibimos aportes para pensar una nueva manera de encarar la producción popular, su inserción y distribución”, concluye.