Se presentó un proyecto de ley para fomentar la transferencia tecnológica a la producción popular. La iniciativa propone crear un fondo financiado con una alícuota de 2 % adicional sobre el Impuesto a las Ganancias que pagan las grandes empresas.
Agencia TSS – Existe acuerdo en que los conocimientos generados en el sistema científico-tecnológico deben ser transferidos a la sociedad que contribuye a su financiación. Sin embargo, los diferentes objetivos y plazos que se manejan en los ámbitos académico y empresario suelen dificultar esa colaboración. Un proyecto presentado en el Congreso nacional buscar crear un fideicomiso financiado con un impuesto a las grandes empresas para fomentar la transferencia de tecnología desde organismos de investigación y desarrollo que tengan financiamiento estatal a producciones del ámbito popular.
El proyecto fue ideado por el Instituto para la Producción Popular (IPP) del Movimiento Evita e impulsado por el ingeniero Enrique Martínez, exdiputado y expresidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INTI). El proyecto lleva la firma de la diputada por Santa Fe Lucila de Ponti (PPV) y el acompañamiento de la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados, la legisladora Daniela Castro (FPV).
Durante la presentación del proyecto, de la que participó TSS, la diputada Castro cuestionó: “¿Qué hacemos con el conocimiento que se genera (en instituciones con financiamiento público)? Es una construcción social y por eso debería transferirse”.
porque propone generar una política de innovación productiva», dijo la diputada De Ponti.
En la iniciativa se argumenta que gran parte de la transferencia de conocimientos en la Argentina tiene como destinatarios a sectores de empresas grandes o medianas, ya que la producción popular suele enfrentar barreras para cumplir con los pasos burocráticos que se necesitan. Por eso, plantea que las instancias formales deberán ser completadas por las instituciones del sistema científico-tecnológico —aquellas que reciban un financiamiento público mayor al 20 % de su presupuesto— que soliciten recursos de este fondo y, de esta forma, pretende beneficiar al eslabón más explotado de las cadenas de valor. Además, las instituciones que soliciten estos recursos deberán contar con una red de difusión de los conocimientos transferidos para que la experiencia pueda ser replicada y así minimizar la duplicación de esfuerzos y potenciar los resultados.
Para cumplir con los requisitos para recibir el beneficio, los emprendimientos productivos deben tener como primera finalidad el sostén del trabajo y, de manera accesoria, el fin de lucro. El fideicomiso se crearía en base a una alícuota de 2 % adicional sobre el Impuesto a las Ganancias que tributan las empresas que pagan más de 50 millones de pesos anuales de este impuesto.
La iniciativa está basada en el Manifiesto por la Transferencia Tecnológica para la Producción Popular, que fue firmado por 1200 representantes del ámbito de la ciencia y la técnica de todo el país en una campaña que fue lanzada el 2 de mayo pasado por el IPP. Martínez, su promotor, afirmó que este proyecto de ley “busca la democracia económica, es decir, que cada uno pueda producir y vender lo que produzca, y tiene la vocación de instalar en el Congreso la idea de producción popular”.
social y por eso debería transferirse”, sostuvo la diputada Castro.
El proyecto ingresará primero en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva presidida por Castro y, posteriormente, podría pasar a las comisiones de Presupuesto e Industria. “Creemos que hay posibilidades reales de poder generar consenso en todos los bloques para que se apruebe el proyecto porque propone algo que tiene que ver con generar una política de innovación productiva, que es un tema que al oficialismo le interesa y es un impuesto específico para empresas de muy alta recaudación, a las cuales no les genera una disminución en sus ganancias que vaya a poner en riesgo sus circuitos productivos”, le dijo De Ponti a TSS.
La autoridad de aplicación de la ley sería el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) y el fondo fiduciario creado por la norma tendría un comité ejecutivo conformado por representantes de Jefatura del Gabinete de Ministros, del MINCYT, del Ministerio de Agroindustria, del Ministerio de Producción y del Ministerio de Energía.
21 sep 2016
Temas: Economía familiar, IPP, Producción popular, Pymes, Transferencia de Tecnología
