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Agencia TSS – Desde que comenzó la pandemia, las y los científicos argentinos de todas las disciplinas trabajan a contrarreloj para brindar respuestas rápidas y efectivas desde sus áreas de conocimiento. Para poder llegar a estos resultados, uno de los desafíos más importantes que se plantea desde las políticas públicas es lograr una buena articulación entre los distintos niveles del Estado, de manera de aprovechar mejor los recursos disponibles y evitar la duplicación de esfuerzos.

A partir de esa premisa, y con el objetivo de proveer insumos a los decisores de políticas públicas, se creó la Red de Investigaciones Socioeconómicas Públicas de la Argentina (Red ISPA), integrada por investigadores de tres organismos: el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI), ubicado en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación; el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), del Ministerio de Desarrollo Productivo; y la Subsecretaría de Planificación, Estudios y Estadísticas (SsPEyE), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“La red surgió en diciembre del año pasado por una iniciativa de Fernando Peirano, presidente del consejo asesor. Partió del diagnóstico de que había una producción muy valiosa en los centros públicos estatales que no tenía la visibilidad que merecía y que era importante coordinar las agendas de investigación para generar mejores sinergias. Ese diagnóstico era compartido con Diego Schleser (SsPEyE), Daniel Schteingart (CEP XXI), Fernando Porta (CIECTI), Marta Novick y Gabriel Baum (del consejo asesor), con quienes comenzamos a armar esta red”, le dijo a TSS Mariano Zukerfeld, doctor en Ciencias Sociales y coordinador de la red.

La presentación en sociedad se realizó el pasado 21 de agosto, en el marco de un webinar organizado por la Agencia I+D+i (Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación). Allí, sus integrantes dieron a conocer el primer informe de trabajo: “La Argentina frente al COVID-19: desde las respuestas inmediatas hacia una estrategia de desarrollo de capacidades”, en el que relevan las iniciativas que se vienen realizando en el sistema científico-tecnológico para enfrentar la pandemia y proponen acciones para transformarlas en políticas a largo plazo.

En el informe, los investigadores señalan que el sistema científico-tecnológico respondió con velocidad a las necesidades y desafíos impuestos por la pandemia, y que su acción se vio acompañada por una gestión política que priorizó un enfoque de coordinación intersectorial. Un ejemplo de esto es la conformación de la Unidad Coronavirus, integrada por el MINCYT, el CONICET y la Agencia I+D+i, que promovió el avance de iniciativas estratégicas en diversos frentes. También se han generado respuestas de la comunidad científica, como la puesta a disposición de laboratorios certificados para la realización de tests de PCR y el desarrollo de kits para la detección del virus.

Para organizar las iniciativas, los investigadores utilizaron un enfoque denominado “de las 4D”: distanciamiento y prevención (como desarrollos vinculados al teletrabajo, la telemedicina y la educación a distancia); diagnóstico y tratamiento (kits, vacunas, terapias potenciales); dispositivos (impresión 3D para mascarillas, equipamiento médico, sistemas de desinfección); y digitalización (modelados matemáticos y aplicaciones para conocer sobre el avance de la enfermedad). “Según lo que relevamos, de las 4D, las iniciativas de diagnóstico y tratamiento son las que tienen más presencia (57%). Si lo vemos de un modo más amplio, podríamos decir que la digitalización es la más presente porque es transversal a todas las D”, indica Zukerfeld.

Diagrama de interacción del enfoque de las 4D (distanciamiento, diagnóstico, dispositivos y digitalización)

En ese sentido, algunas de las iniciativas relevadas fueron los kits de detección ELA Chemstrip (UNSAM/CONICET/Biochemiq) y Neokit (Instituto Milstein/CONICET/ Fundación Pablo Cassará), el test serólogico COVIDAR (Instituto Leloir/CONICET), la app CuidAR, la producción de alcohol en gel y mascarillas faciales en universidades, la fabricación de respiradores y telas especiales para uso sanitario en el INTI, recomendaciones técnicas para desarrollar actividades productivas de modo seguro y cursos de capacitación sobre temas como el armado de huertas orgánicas y la construcción de hornos de barro desde el INTA, entre muchas otras.

En otro capítulo, los investigadores analizaron el potencial del teletrabajo en la Argentina y estimaron que el 28,5% del empleo registrado del sector privado podría realizarse de manera remota. Sin embargo, esto varía según el sector y el cargo. Entre las ocupaciones con mayor potencial, están los contadores, directores de departamentos de servicios informáticos, gerentes de empresas y profesionales de la enseñanza. En tanto, entre las tareas que no pueden hacerse de forma remota están las de operarios de la construcción, personal de limpieza, transportistas, cocineros, peones de carga y agricultores. En este sentido, observaron que las ocupaciones de mayor nivel de calificación presentan un mayor potencial de teletrabajo que las ocupaciones de menor nivel.

“El porcentaje es bajo y tiene que ver con el perfil de especialización productiva del país. Gran parte de la actividad está vinculada con construcción, agricultura, ganadería y petróleo, y también hay servicios que no se pueden hacer de forma remota. Por otro lado, esto no depende solo de las tareas que realiza el trabajador, sino también de otras cuestiones que no podemos medir actualmente, que tienen que ver con las capacidades técnicas del lugar de trabajo, la infraestructura y las posibilidades del trabajador de cumplir con esas tareas desde su casa, por eso hablamos de potencial”, explicó la economista Lucía Tumini, integrante de la red por parte de la SsPEyE.

Los investigadores señalaron que la necesidad de proceder con soluciones rápidas y de alcance masivo puso en tensión los marcos regulatorios existentes, referidos a la homologación y autorización de uso de la tecnología sanitaria y a los derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre nuevos desarrollos. “Al tiempo que la salud constituye un negocio gigantesco, dominado principalmente por un grupo reducido de empresas multinacionales que basan su estrategia en la protección de sus innovaciones a través de patentes, la coyuntura de la pandemia ha instalado una presión por la flexibilización de los DPI relacionados con su prevención, tratamiento y cura”, dicen en el informe.

A partir de los aspectos relevados y analizados, se proponen algunas recomendaciones con el objetivo de orientar acciones de política pública a mediano y largo plazo. Buena parte de las acciones se ubican en la intersección entre el sistema científico-tecnológico, el sistema productivo y la sociedad en general. En lo que respecta al área de distanciamiento, una de las propuestas es orientar las políticas hacia el acompañamiento y asistencia financiera para que las organizaciones puedan digitalizar actividades (industria 4.0), aunque advierten que estas modificaciones no deben disminuir los derechos de las y los trabajadores.

En cuanto al diagnóstico, en el informe se sostiene que el desarrollo de proyectos de investigación aplicada vinculados a la pandemia (kits, secuenciación del genoma del coronavirus, entre otros) generó capacidades que se pueden utilizar en otras actividades relacionadas con la salud pública, por lo que es importante seguir impulsando estas líneas de trabajo. También, incrementar la capacidad de la infraestructura de datos, entre otros aspectos, para fomentar el desarrollo de la telemedicina y otras actividades factibles de realizarse a distancia.

En el área de dispositivos, se destaca la importancia de impulsar la conformación de consorcios público-privados o público-público para acortar tiempos entre los procesos de fabricación y llegada al mercado. También se apunta a la necesidad de aprovechar la generación de nuevos materiales que surgió a partir del desarrollo de elementos de protección personal, como las telas antivirales para barbijos, para agregar valor a otros desarrollos. En el área de digitalización, el desarrollo de productos y servicios asociados al procesamiento de la información es visto como un terreno fértil para innovaciones y emprendedores que es importante potenciar.

“Hay algo muy positivo que ya surgió a partir de esta coyuntura, que es la aprobación de la Ley de teletrabajo, porque esta forma de desarrollar las tareas estaba en un vacío legal. Fue una respuesta rápida y contundente en el sentido de ordenar y darle previsibilidad a empleador y empleado, en lo que respecta a cómo gestionar esas nuevas formas de trabajo que llegaron para instalarse y que, si bien puede ser reversible en algunos casos cuando pase la pandemia, era necesario establecer los alcances de este tipo de relación laboral”, dijo Tumini.

En los próximos meses, el trabajo de la Red ISPA estará abocado a coordinar las agendas de investigación de los equipos, poner en común las diversas metodologías y sumar nuevos centros. “Otra cuestión importante en la que queremos trabajar es poder compartir las fuentes primarias de investigación, siempre y cuando el marco legal lo permita, para que esa información esté disponible de un modo más democrático y federal, de manera que puedan acceder no solo los integrantes de la red, sino también investigadores de otras instituciones que no puedan generar esos datos de manera directa”, finalizó Zukerfeld.