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Agencia TSS – “La gente acató las reglas del aislamiento más por miedo a la policía que al virus”, dice una mujer mapuche y campesina de Santiago del Estero. “Esta pandemia nos hace sensibles, reflexivas. Lloro y escribo porque a pesar de todo estoy viva y mis hijos están bien”, expresa una mujer afrodescendiente. “Una hermana wichi fue violada por cinco hombres, uno de ellos era policía”, cuenta una mujer wichi del Chaco.

Estos testimonios reflejan algunas de las violencias y desigualdades que enfrentan las mujeres y disidencias en distintos territorios de la Argentina. Muchas de estas dificultades no comenzaron con la llegada de la pandemia por COVID-19 pero se profundizaron a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que el Gobierno nacional implementó desde marzo con el objetivo de controlar la propagación del virus.

Para conocer mejor la situación de mujeres y disidencias, un equipo de liderado por la doctora en Ciencias Sociales Karina Bidaseca, investigadora del CONICET en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES/UNSAM), realizó el estudio “Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19”. El trabajo, que se presentó este lunes 7 de septiembre en un conversatorio, fue realizado en el marco de la Unidad Coronavirus, a partir de una acción conjunta entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCYT) y el CONICET, junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD).

“La pandemia nos puso en situaciones muy complejas pero las mujeres se llevan la peor parte. A su vez, son las protagonistas de grandes acciones solidarias, como sostener comedores populares y producir mascarillas para sus compañeros y compañeras”, dijo durante el conversatorio la presidenta del CONICET, Ana Franchi, que también destacó el trabajo que realizan las mujeres en ciencia, y mencionó como ejemplo a Andrea Gamarnik y Carolina Carrillo, que desarrollaron test de detección para coronavirus.

Por su parte, la jefa de Gabinete del MINCYT, Carolina Vera, destacó que el estudio es parte de la agenda en conjunto que llevan con el Ministerio de Mujeres, gracias a la cual hace poco se creó el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros de la cartera de Ciencia, cuya secretaria ejecutiva, Victoria Tignino, fue la encargada de moderar el encuentro virtual.

El estudio se enfocó en relevar la situación actual de mujeres rurales, urbanas, indígenas y afrodescendientes, trans y travestis en el contexto del COVID-19, con el objetivo de brindar elementos para la planificación de políticas públicas para el período poscuarentena. Para ello, se realizaron 2.274 encuestas a mujeres cis y trans/travestis de la Argentina, de las cuales 2.135 (93,8%) son urbanas y 139 rurales y rur-urbanas (6,1%), que residen en su mayoría en las zonas de mayor contagio de COVID-19: AMBA (68,2%), Chaco (7,4%) y Córdoba (7%).

Desigualdades urbanas

Según la muestra urbana del estudio, el 55% de las mujeres son jefas de hogar. A su vez, el 84% dijo ser responsable de las tareas domésticas y de cuidados durante la cuarentena. Pese al “doble turno” de trabajo (remunerado y no remunerado), muchas también participan de diversas iniciativas comunitarias.

“Esto es un dato de cómo comunitariamente también en las urbes las mujeres tendieron redes de sociabilidad para enfrentar los efectos del COVID, como reparto de bolsones de alimentos, barbijos y remedios. Entre las mujeres que participan en algún colectivo comunitario, el 68% dijo ser voluntaria, el 15,8% referente comunitaria y un 4,2%, militante”, precisó Bidaseca.

La investigadora explicó que, si bien la muestra evidencia un alto nivel educativo (60,8% tiene estudios terciarios y universitarios en la encuesta urbana y un 43,9% en la encuesta rural), las mujeres sufrieron diversos impactos a raíz de la pandemia y el ASPO. “Observamos un aumento de la precarización laboral, que se debe en gran parte a que muchas trabajan desde las economías populares o son artesanas, y sufrieron el cierre de los espacios donde vendían sus productos. También se vio que la vulnerabilidad se hacía más profunda cuando se segmentaba entre mujeres afrodescendientes, trans/travesti, originarias y migrantes”, señaló.

Además del 20% que refirió encontrarse en situación de precarización laboral (con reducción de la carga horaria del trabajo, sin trabajo remunerado o despedida); el 53,6% dijo que tuvo que adaptarse a trabajar de forma virtual. En tanto, son las mujeres afrodescendientes las más afectadas con relación a las condiciones laborales, ya que un 23,1% no está trabajando en la cuarentena y no recibe ningún sueldo. Entre las mujeres trans/travesti, el porcentaje es de 21,3% ; en las originarias, un 20,3%; y en las mestizas, un 13,6% .

El estudio también muestra que un 7,5% de las mujeres urbanas sufrieron alguna forma de violencia durante la cuarentena. Otro tema incluido en el cuestionario fue el de la alimentación. “Este dato nos interesaba con la idea de pensar una perspectiva más agroecológica. Para las que más empeoró la situación alimentaria fue para las mujeres trans/travestis, en el orden del 33,3%”, contó Bidaseca. En el caso de las originarias, el 30,8% dijo que su alimentación empeoró, igual que el 26,6% de las rurales y el 25,9% de las afrodescendientes.

Desigualdades rurales

En la muestra rural, el 68,3% son jefas de hogar y el 94,1% de las mujeres rurales y originarias respondieron ser también las responsables del trabajo doméstico y de cuidados. “La mayoría de la población rural corresponde a las mujeres originarias y son principalmente afectadas por varios factores que venían de antes, como la destrucción de la naturaleza, un aumento de enfermedades por degradación ambiental, el impacto del cambio climático y el uso indiscriminado de productos químicos”, indicó la investigadora.

Otras dificultades están vinculadas con el acceso a medicamentos y de acceso al agua potable. “Muchas manifestaron que estaban utilizando remedios caseros por la imposibilidad de llegar a los centros de salud”, contó Bidaseca. En cuanto a las tareas remuneradas, la mayor parte de las mujeres rurales están vinculadas con actividades agrícolas (44,7%): producción de alimentos (31,7%), comercialización de alimentos (7,2%), apicultura (3,6%) y procesamiento de alimentos (2,2%). Un 20,1% son docentes y un 16,5% artesanas o empleadas. Casi la mitad (46,8%) no está produciendo durante la pandemia y un 15,8% sólo produce para consumo familiar.

También se evidenció una importante brecha digital: solo un 56,8% tiene acceso a internet desde su casa. Al respecto, la directora de Programas Transversales de Igualdad del MMGyD, Cora Santandrea, señaló: “Estamos trabajando con otros organismos en el abordaje de las brechas digitales. Si desde las políticas públicas lo leemos con perspectiva de género, vemos que para las mujeres y personas LGTBIQ+ es diferencial tener o no tener acceso a Internet. Por un lado, porque es la posibilidad de acceder a recursos de prevención y abordaje de las violencias, pero también porque les permite acceder a un montón de otras políticas que sin información, no se puede acceder”. Un ejemplo de esto son los subsidios. Solo el 22,3% recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 20,1% recibe el Ingreso familiar de Emergencia (IFE).

El 18% de las mujeres rurales y originarias encuestadas sufrió alguna forma de violencia de género. Además, el estudio hace hincapié en que, en el contexto de ASPO, hay otros agravantes que inciden sobre la vida de las mujeres rurales, como la violencia institucional, los conflictos territoriales y de tenencia precaria de la tierra, plasmados en los relatos de vida que acompañaron las encuestas. “No sufrí violencia de parte de mi pareja pero sí fui hostigada por la policía y el poder político local por razones políticas, por denunciar el feminicidio de una nena de tres años en mi localidad”, contó, por ejemplo, una mujer originaria de Río Negro.

Otros aspectos evidenciados en los relatos de las mujeres rurales y originarias fueron que son protagonistas en la preservación de la naturaleza, del tejido comunitario y la espiritualidad ancestral de sus pueblos. También se destacaron la defensa y el control de los recursos naturales (semillas, agua y territorio): la concepción del “Buen vivir” frente a la lógica del mercado-extractivista y del patriarcado. “Nuestros territorios tienen redes comunitarias históricas, sólidas y muy potentes que sostienen la vida. Estas redes comunitarias son sostenidas y, a su vez, sostienen a las mujeres, principalmente en los territorios rurales, donde las compañeras se encuentran más aisladas por la falta de acceso a una infraestructura adecuada”, apuntó Santandrea.

Políticas con perspectiva

El trabajo concluye con algunas recomendaciones de políticas públicas desde una perspectiva de género y anti-racista, apuntado principalmente para el período posterior a la cuarentena. “Consideramos que es fundamental que en esas políticas se incorpore la mirada feminista interseccional, es decir, que se tenga en cuenta cuando se trata de mujeres cuyos cuerpos son racializados, como es el caso de las mujeres afrodescendientes o migrantes, que sufren varias formas de opresión, por clase, raza, género, etnicidad. Son vulnerabilidades históricas que se vieron incrementadas con la pandemia”, afirmó Bidaseca.

En ese sentido, el informe señala que se requieren medidas extraordinarias que atiendan los problemas relacionados con las tareas de cuidado; las violencias de género, feminicidios, trans y travesticidios; el teletrabajo y la brecha digital. Para las mujeres afrodescendientes, el estudio remarca que la vulnerabilidad estructural del racismo profundiza aún más las desigualdades socioeconómicas y culturales, por lo que recomiendan sumar políticas de empleo, habitacional y de protección social.

En tanto, para las mujeres migrantes, las políticas de protección social son urgentes y precisan medidas extraordinarias que faciliten el acceso a la documentación y los trámites de regularización migratoria durante el confinamiento. Para las mujeres trans/travestis urge, además, resolver el riesgo habitacional, ya que se han incrementado los desalojos. En el caso de las rurales, los problemas específicos a atender se vinculan con los conflictos territoriales, las violencias institucionales, el acceso a agua potable y a Internet. También, como muchas son productoras de alimentos, garantizar la infraestructura de producción y comercialización.