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Agencia TSS – Algo que quedó claro con la pandemia y el contexto de aislamiento preventivo es que el acceso a tecnologías digitales y conectividad es fundamental para acceder a otros derechos vinculados, por ejemplo, a educación, salud y trabajo. Sin embargo, no basta con el acceso, sino que también juega un rol importante el uso y la apropiación que se hace de la tecnología.

La brecha de género también está presente en el ámbito digital y fue el disparador para que el pasado miércoles 28 se realizara el conversatorio virtual “Género, Tecnología y Sociedad”, que forma parte del ciclo “Nuevas tecnologías, viejas desigualdades” y está organizado por una articulación entre los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad; Economía; y Desarrollo Productivo, junto con la Jefatura de Gabinete de la Nación.

El encuentro fue coordinada por la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Laurana Malacalza, y por la directora de Géneros y TIC de la Secretaría de Innovación Pública, Carina Stoessel, quienes plantearon el conversatorio a partir de la idea de pensar el espacio virtual como un lugar donde se producen otros modos de violencia de género, que pueden englobarse como violencia de género digital. También, señalaron que el objetivo es problematizar cuestiones como quién construye las tecnologías, qué hay detrás de ellas y qué tipo de brechas existen.

“La tecnología se define a partir de disputas de sentido que se dan por parte de la ciudadanía y que buscan apropiarse de ella. Es decir, no es algo que tiene sentido por fuera de los usos, sino una construcción que se lleva adelante en determinado contexto. Ahí nos encontramos con distintos tipos de brechas, vinculadas no solo al acceso sino más que nada al uso, apropiación y generación de esas tecnologías”, explicó la secretaria de Innovación Pública (SIP), Micaela Sánchez Malcolm, que fue la primera disertante.

Malcolm dijo que, según el trabajo que se viene realizando en materia de tecnología y género, observaron que puede encontrarse una cierta paridad de género en el acceso a las tecnologías pero no sucede lo mismo en la utilización que se le da, ya sea en términos laborales o de consumo. En ese sentido, remarcó también la importancia de ocupar ese puesto directivo en la SIP, ya que “los decisores políticos vinculados a tecnología han sido mayoritariamente varones”.

“Esa brecha en el uso forma parte de un imaginario que estamos empezando a deconstruir. Cuando se masificó el acceso a la computación y se produjo el traspaso del ámbito militar al privado, se conformó una narrativa donde los programadores siempre remiten a varones. Incluso, cuando se les pide a estudiantes que dibujen referentes de la comunidad científica y tecnológica, suelen dibujar varones”, indicó la funcionaria. Por eso, señaló que algunas políticas que vienen impulsando son capacitaciones en más de 570 puntos digitales para que la ley Micaela llegue a toda la ciudadanía, con cursos sobre nuevas masculinidades, capacitaciones a emprendedoras digitales y cursos sobre género y ciberseguridad.

Vanesa Perelló, cofundadora de Trans-TI, contó sobre el trabajo que realizan en esta empresa de impacto social que busca innovaciones en procesos cotidianos y contrata solamente a personas del colectivo travesti trans. “La brecha digital más importante para este colectivo tiene que ver con el acceso al trabajo, con hacer de la informática una herramienta para adquirir autonomía. Esa brecha es una construcción cultural basada en prejuicios y mucha desinformación, y la manera en que tratamos de reducirla es generar habilidades tecnológicas”, contó Perelló.

Desde Trans-TI se ocupan de capacitar, crear oficios y generar puestos de trabajo para el colectivo travesti-trans. “Las empresas pueden tercerizar con nosotros algún servicio pero el trabajo se lo damos nosotros. Ellas y ellos trabajan en un entorno cuidado y nuestra aspiración es que, luego de pasar por esta especie de incubadora, se sientan seguros y seguras para conectar con otras empresas y seguir creciendo”, señaló. Además, Perelló trabaja en la Comisión de Equidad de Género, Diversidad Sexual e Igualdad de Oportunidades en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, donde están elaborando un protocolo para el acompañamiento de personas que deseen transicionar, trabajen en sindicatos o empresas, y no sepan cómo actuar.

Pensar la tecnología

La tercera disertante fue la economista Diana Suárez, directora del proyecto Cuidar Tech, de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Se trata de una iniciativa generada por un equipo multidisciplinario de investigación que busca otorgar soluciones tecnológicas para abordar cuestiones de violencia de género. La pregunta disparadora del proyecto fue: “¿Cómo es posible que existan Uber, PedidosYa o Google Maps y no exista un sistema de monitoreo de restricciones perimetrales?”. Así fue que salieron a entrevistar al personal de instituciones que intervienen a lo largo del proceso en los municipios de San Miguel, Moreno, Malvinas Argentinas, San Isidro e Ituzaingó para relevar la problemática.

En la actualidad, la tecnología más difundida para la atención de casos de violencia contra las mujeres es el botón antipánico, que consiste en un artefacto o aplicación que da la señal de alarma a la central de monitoreo de los municipios. A partir de las entrevistas realizadas, los investigadores constataron los siguientes problemas: el botón implica que la mujer, en el contexto de una situación de violencia, es cargada con la responsabilidad de accionar la alerta, las instancias municipales y la policía no siempre cuentan con los móviles necesarios para dar respuesta inmediata, y existen problemas tecnológicos como falta de señal.

“Lo que vimos fue oficinas desbordadas y que las instituciones que atienden estos casos están desconectadas entre sí. La primera cuestión urgente es revertir la carga de la responsabilidad, que la alerta ante una crisis de violencia se genere de forma automática. Hay herramientas tecnológicas que pueden usarse para revertir la carga de la prueba, sistematizar las alertas y alertar a la mujer que esa persona se está acercando. La segunda cuestión es avanzar en la interconexión de los sistemas, para lo que se necesitan desarrollar herramientas tecnológicas”, apuntó Suárez.

Ante ese panorama, se pensaron tres posibles soluciones. Avanzar hacia un sistema integrado de seguimiento de casos, que permita el análisis de los datos, las estadísticas y la configuración de alertas; georreferenciación, con aplicaciones móviles que incluyan pruebas de vida e identificación de rutinas; y, en lo que respecta a tobilleras y botones, reemplazar el dispositivo que lleva la mujer por una aplicación en el celular.

Violencia digital

La última disertante fue Marina Benítez Demtschenko, presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. La abogada contó que vienen trabajando desde 2012, cuando detectaron la falta de legislación que hay en la Argentina en materia de violencia digital hacia las mujeres. “En ese momento, hablábamos de tres formas básicas de violencia: difusión no consentida de material íntimo, acoso virtual y acceso indebido a redes sociales. En el año 2017 hicimos el primer informe de violencia digital hacia las mujeres en el país y, a partir de ahí, recibimos una cantidad enorme de consultas de mujeres desesperadas porque estaban vivenciando eso y no lo podían canalizar por ningún espacio”, relató.

Ante la gran demanda, comprendieron que el desborde respondía a una ausencia del Estado para canalizar esas denuncias. “Cuando derivábamos a las víctimas a alguna dependencia, volvían a nosotras diciendo que no les daban respuestas”, señaló la abogada. Por eso, decidieron generar una red de capacitaciones destinadas al Estado en diferentes niveles, como fiscalías, dependencias públicas de atención primaria, comisarías de la mujer y universidades, para que puedan atender las denuncias desde una perspectiva de género.

La fundación también presentó dos proyectos de ley. Uno, en 2017, para la penalización de las tres conductas dañosas que habían identificado. El segundo, en 2018, en el que apuntan a la cristalización de derechos digitales en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. “Buscamos que se reconozca la violencia digital y la violencia telemática como formas de violencia machista para intentar dar una respuesta a todas las mujeres del país que se encuentran con un Estado muy desactualizado, que no es capaz de dar respuesta con la urgencia que este tipo de violencias precisa”, finalizó Demtschenko.