El programa, que asiste a 600.000 huertas familiares, escolares y comunitarias de todo el país, ha dejado de funcionar y nadie sabe su futuro. Desde que asumió el nuevo Gobierno, no se ha designado a un responsable que pueda firmar el convenio que le da continuidad y hay 40 técnicos a quienes no se les ha renovado el contrato.