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Agencia TSS – Esta semana, con el aval de más de cuarenta organizaciones civiles, sociales, ambientales y de productores, la Asamblea Semillas Libres Ya! presentó una solicitud de amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por un pedido de patentamiento sobre una secuencia genética en la semilla de soja, por parte de la empresa Bayer-Monsanto.

“El amicus curiae es una especie de audiencia pública, solo que la audiencia pública en términos ambientales debería ser obligatoria, mientras que en la Justicia hay que reclamarla. Po eso, le pedimos a la Corte Suprema que nos permita participar como espacios de la sociedad civil interesados en este tema, que es tan sensible para el desarrollo de la sociedad”, explica Carla Poth, que forma parte de la Asamblea Semillas Libres Ya!

“Para una Corte Suprema que tiende a generar fallos sin que nadie esté controlándola, es un llamado de atención saber que hay más de 40 organizaciones que están prestando atención a lo que están haciendo o no”, agrega Poth. Consideran que, de aprobarse, la medida le abriría paso al patentamiento de todo tipo de semillas, algo que está prohibido por la regulación actual, y pondría en riesgo la libre circulación de estos bienes, lo que afecta la diversidad biológica y la soberanía alimentaria.

“Es lo que ocurrió en Estados Unidos con el fallo Diamond-Chakrabarty, en la década de los 80, que permitió patentar un cambio en una secuencia genética, lo que habilitó a patentar literalmente todo, incluso las cadenas de ADN, hasta montón de cadenas de ADN de seres humanos que fueron patentadas para investigar en ellas, por ejemplo, sobre enfermedades”, advierte Poth, que es doctora en Ciencias Sociales y desde hace más de diez años investiga los impactos del agronegocio y las semillas genéticamente modificadas sobre la produccion agraria. Según explica Poth, la semilla supone la posibilidad de acceder a alimentos diversos, sanos, sustentables y nutritivos, y que el patentamiento de estos bienes por parte de estas empresas tiende a homogeneizar las semillas y a quitarles capacidad nutritiva.

“El intercambio de semillas es el que históricamente ha preservado la diversidad biológica y, como resultado ha tenido, ha ido mejorando el carácter nutricional de los cultivos”, afirma la especialista, y detalla que algunos organismos internacionales, como el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), indican que las variedades de semillas que se usan para la alimentación han perdido el 50% de los nutrientes durante los ultimos 40 años, lo que pone “en serio riesgo” la diversidad biológica de las semillas, y con ella la diversidad alimentaria de toda la población.

La presentación del amicus curiae se refiere a un caso que comenzó hace alrededor de una década, cuando la empresa Monsanto (hoy Bayer/Monsanto) presentó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) una solicitud de pantentes sobre la secuencia genética MON89788, una modificación sobre la semilla de soja que le da a los cultivos una mayor tolerancia al herbicida glifosato (que roduce y comercializa la empresa) y un rinde superior. Se la conoce como “Soja Intacta” y fue autorizada para su uso comercial en el año 2012, por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Además, esta semilla lleva inserto el evento biotecnológico MON 87701, que le da al cultivo resistencia a un tipo de insectos denominado Lepidópteros, entre los cuales se encuentran las mariposas y las polillas.

Luego de evaluar la solicitud presentada por la empresa, el INPI –que es la autoridad regulatoria en el país que se ocupa de aprobar o rechazar este tipo de solicitudes– denegó la solicitud de la empresa ya que la patente solicitada no cumple con las normas vigentes: por un lado, la ley de patentes no permite el patentamiento de la vida, y la secuencia genética no puede existir si no es en la semilla, que es un ser vivo; por otro, solo se pueden patentar inventos y no descubrimientos, y la secuencia genética es el resultado de lo que se llama el silenciamiento genético, qué es una reacción inesperada del genoma, que silencia los genes extraños insertos en el laboratorio, como mecanismo de defensa.

“Ese silenciamiento pretende ser patentado como invento pero fue producto del azar, no se puede patentar ni la secuencia ni el proceso, porque el proceso puede resultar en cualquier otra cosa, podés hacer exactamente lo mismo y que la cadena de ADN no reacciona así”, cuestiona Poth.

El control de las semillas

Ante la negativa, la empresa recurrió a la Justicia y, en noviembre del 2020, el Juzgado Federal Civil y Comercial Nro 8 de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor y le reconoció a Bayer/Monsanto el derecho de patente sobre esa secuencia genética. Eso llevó al INPI a apelar dicho fallo, pero en agosto de 2022, la Cámara de apelaciones lo ratificó en segunda instancia. Ante ese hecho, el INPI generó una nueva apelación y el caso fue llevado a la Corte Suprema de la Nación, que actualmente debe expedirse.

“Esto tiene que ver con un problema legal, por el funcionamiento espurio del Poder Judicial, que está yendo encontra de leyes existentes en la Argentina, pero también es un problema político, vinculado con la creación de mecanismos de contención para que estas empresas avancen cada vez más sobre el control de los mercados de las semillas”, considera Poth. Un tercer motivo por el cual las organizaciones de la sociedad civil apoyan la resolución del INPI es que el patentamiento de las semillas no solo puede afectar a pequeños y medianos productores, sino que, además, la Ley de Patentes establece que esta protección tiene como objetivo fomentar la investigación y mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad.

“Por el contrario, la secuencia genética que busca patentarse está relacionada con un aumento en el uso de los agrotóxicos, particularmente de glifosato, considerado por la OMS como potencialmente cancerígeno, y si algo se ha vuelto evidente a lo largo de los años es que eso no beneficia ni socialmente, ni a la salud, ni al ambiente”, destaca la investigadora.

Por todos estos motivos, las organizaciones sociales involucradas decidieron hacer la presentación del amicus curiae, y porque “por la aceleración de los procesos judiciales, nos damos cuenta de que la empresa está ejerciendo muchos mecanismos de presión sobre los jueces para que se expidan rápido y bajo sus términos, que claramente son ilegales, porque la realidad es que, en los dos fallos que se hicieron, se desconocieron completamente las leyes”, concluye Poth.