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Agencia TSS – Si la salud de un ser querido estuviese en riesgo, ¿cuánto estaría dispuesto a gastar para salvarlo? Esta es una disyuntiva por la que seguramente muchos han tenido que pasar. Mario Rovere, reconocido médico sanitarista y exviceministro de Salud de la Nación, lo explica así: “Los inversores buscan consumos que sean inevitables, lo que en términos económicos se conoce como demandas inelásticas, insensibles al precio. Por eso los operadores económicos adoran al sector salud, porque hay productos y servicios que se van a adquirir aunque haya que hipotecar la casa”.

Pero el mercado no es el único que pone las reglas. Debe enfrentarse, al menos en teoría, con la “mano no invisible” y reguladora del Estado. De esta manera, las áreas de salud, economía y política, que, a priori, pueden parecer disímiles, no solo se entrecruzan, sino que los resultados de esos cruces tienen incidencia directa en la salud de la población. Frente a esta realidad y la necesidad de una formación sanitaria integral, la Universidad Nacional de José C Paz (UNPAZ), junto con la Fundación Soberanía Sanitaria, lanzó la Diplomatura en Economía Política de la Salud, de un año de duración. La cursada comenzará el próximo 19 de septiembre.

Rovere será miembro del equipo docente, que conformarán, entre otros, Axel Kicillof, exministro de Economía de la Nación; Alicia Stolkiner, licenciada en psicología, especialista en salud mental y comunitaria; y Daniel Gollán, exministro de Salud de la Nación. La Diplomatura está dirigida a profesionales del campo de la salud, científicos sociales, economistas y cualquier profesional con interés en las dimensiones políticas y económicas de la salud. También apuntan a “líderes gremiales, estudiantiles y de los movimientos sociales, en la convicción de que debe sumarse fuerza política para resolver definitivamente la puja entre actores políticos que piensan la salud como derecho y grupos de interés que empujan a concebir la atención de la enfermedad como mercancía”, según se explica en el programa de la especialización.

Para Rovere, actualmente director de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y docente de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM, en la que fue decano del departamento de Ciencias de la Salud e impulsor de una innovadora currícula), la necesidad de que estos profesionales tengan una formación integral responde a que “la mayor parte de los agentes económicos que trabajan en el campo de la salud, nacionales e internacionales, son formadores de precios. Incluso, fijan precios independientemente del costo de producción, con lo que se vuelven operadores políticos”, indica. Y agrega: “Una de las funciones del Ministerio de Salud es la de regulación. Si uno trabaja con la lógica de lo público y quiere regular mercados tiene que entender la lógica de los agentes privados”.

El especialista señala que las políticas en el área de salud deben tener una perspectiva orientada hacia la redistribución del ingreso. “Las familias de bajos ingresos se ven siempre más afectadas que las de ingresos altos por los precios de los medicamentos, en cuanto a la proporción del dinero que gastan sobre el total que ingresa al hogar. Entonces, subsidiar medicamentos también es un elemento de redistribución del ingreso, como se dio con el caso del Programa Remediar”, indica, en referencia a la iniciativa de provisión gratuita de medicamentos esenciales para garantizar el acceso a la salud de los sectores vulnerables, iniciada en 2002.

Uno de los logros principales de los últimos años en materia de soberanía sanitaria, según Rovere, fue la producción pública de medicamentos (PPM): “No ha sido una iniciativa del Gobierno anterior, pero nos tocó el orgullo de haber promovido una nueva legislación (la Ley 26.688, que declara a la PPM de interés nacional; y la Ley 27.113, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ANLAP)”. Actualmente, la ANLAP tiene recursos restringidos y está pendiente el nombramiento de su autoridad. “No se pueden echar para atrás porque cerca de 20 laboratorios públicos no son de la esfera nacional”, considera. La paralización de la iniciativa podría desembocar en escasez de medicamentos para el Programa Remediar, encargado de abastecer a más de 7.000 centros de atención primaria de salud.

“En este momento, el Programa Médico Obligatorio (PMO, que establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las obras sociales y prepagas) está en discusión en el Senado por una iniciativa del Gobierno. ¿Por qué? Como las prepagas y obras sociales tienen un ingreso fijo, si logran reducir las prestaciones del PMO, les queda una renta mucho más alta. Ellos no quieren la incidencia de jueces y del Congreso, que puede agregar cosas al PMO, como es el caso de la fertilización asistida. Entonces, están tratando de generar una agencia que ponga límites”, dice Rovere. “El sector privado tenía la fantasía de que con este gobierno iban a aumentar sus ganancias. Como eso no está ocurriendo, le están dando como premio consuelo una agencia, para ver si así pueden reducir los gastos”, sostiene.

Rovere confía en los frutos de una formación de profesionales con una mirada orientada a la resolución de problemas de la población más allá de los designios del mercado. “La salud pública ha resistido gobiernos adversos y se mantiene de pie. Sigue siendo un capital del pueblo argentino”, asegura.