Agencia TSS Noticias de ciencia y tecnología

Agencia TSS – Alrededor de la mitad de los proyectos que recibieron financiamiento público para la protección de sus resultados (mediante el subsidio ANR Patentes) obtuvo las patentes que habían solicitado y el 37% de los proyectos patentados logró llegar al mercado. En paralelo, se identificó que el 23% de las solicitudes de patentes de proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (MINCYT) tienen titulares extranjeros y fueron tramitadas principalmente en oficinas extrajeras. Así lo detallan diversos relevamientos incluido en el libro “Políticas de promoción del conocimiento y derechos de propiedad intelectual: experiencias, propuestas y debates para la Argentina”, de descarga libre y gratuita, que sirvió de base empírica para la definición de los lineamientos para una política de propiedad intelectual en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

“La Argentina avanza poco a poco en la producción de tecnología de vanguardia. Estamos viendo patentes de trigo y de soja que nos llevan a posiciones a nivel internacional que hace tiempo no teníamos. Una cosa es tomar decisiones cuando un país es meramente usuario de propiedad intelectual y otra distinta cuando es un activo productor de tecnología», destacó Fernando Peirano, presidente de la Agencia I+D+i, durante la presentación que se hizo la semana pasada, en una mesa de trabajo organizada junto con el MINCYT, el CONICET y el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI).

Con estos lineamientos, se busca lograr que los conocimientos generados con financiamiento público sean tan abiertos como sea posible, para garantizar su utilización amplia y federal, pero al mismo tiempo tan privados como sea necesario, para protegerlos en pos de que contribuyan al desarrollo del país basado en la innovación. En este sentido, se considera que la propiedad intelectual es un medio pero no un fin, “ya que la apropiación de los resultados a través de este tipo de derechos no garantiza el uso efectivo del conocimiento científico-tecnológico y en determinadas situaciones, incluso, puede dificultarlo”, se explica en el libro.

Por todo esto, se estipula que la Agencia I+D+i debe incluir en todas sus convocatorias lineamientos explícitos y armonizados en cuanto a la gestión de los activos intangibles relativos a los proyectos adjudicados, con reglas de juego claras y previsibles para los actores públicos y privados del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. “Pensamos que las patentes son un instrumento importante pero imperfecto y limitado, y apostamos también a discutir la contabilidad, que es uno de los problemas que suele aparecer cuando hablamos con el sector privado para hacer valer este activo intangible que generamos en el ámbito público: cuánto hemos puesto, desde cuándo, cuánto influye el financiamiento”, afirmó Peirano, y detalló que la Agencia hoy administra una cartera de 9000 proyectos en marcha.

“Quien viene a solicitar fondos a esta agencia, que sepa que tenemos una mirada de largo plazo, amplia y de acompañamiento hasta el final de los proyectos, que va mucho más allá de lo estrictamente el financiamiento que otorgamos, y que miramos de igual manera los fines y los actores, que muchas veces cambian en un proceso de innovación”, dijo el funcionario, y sostuvo que por eso no solo es importante tener reglas claras sobre lo que ocurre al principio del proyecto, sino también sobre la gobernanza de escenarios que se van transformando por el propio progreso y resultado científico tecnológico.

En cuanto a las publicaciones científicas, los lineamientos manifiestan que la Agencia apoya el acceso abierto no comercial; y sobre la transferencia de tecnología, prevén que el financiamiento para costear la obtención de patentes y otros derechos de propiedad intelectual se realizará solo como parte de un proceso del que pueda demostrarse razonablemente que resultará en la transferencia efectiva, el licenciamiento o la explotación de la tecnología, de modo tal que contribuya con la acumulación local de capacidades.

Durante el encuentro también se anunció la conformación del denominado Grupo de Trabajo Interinstitucional en Gestión del Conocimiento, conformado por el MINCYT, la Agencia y el CONICET, cuyo objetivo es generar un espacio interinstitucional, colaborativo y transversal para el debate y la construcción de consensos en torno a diferentes cuestiones relacionadas con la gestión del conocimiento, la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica.

“La Secretaría de Planeamiento y Política se viene trabajando en estos temas desde el 2009, apenas un año después de la creación del MINCYT, ya se crea un grupo que empieza a trabajar en temas de propiedad intelectual de tecnología”, explicó su responsable, Diego Hurtado, y detalló que, desde entonces, 837 personas de todo el país fueron capacitadas por el programa nacional de activos intangibles, propiedad intelectual y transferencia y tecnología. El 50% de ellas corresponde al sector científico académico, el 18% al del gobierno nacional y el 14,5 al sector privado/empresarial. “Además, nos estamos vinculando y tenemos una agenda muy activa con otros países. Estamos negociando los capítulos de propiedad intelectual en tratados del libre comercio con Corea y Singapur, y participamos en la elaboración de la posición nacional en diversos foros regionales y multilaterales”, agregó el funcionario.

CONICET, el que más patenta

Entre las instituciones más activas en materia de propiedad intelectual, el CONICET es la que realiza la mayor cantidad de registros y patentes del país. En detalle, se han encontrado 541 solicitudes presentadas por este organismo. Le siguen el INTA, que ha presentado 117 solicitudes (a las que habría que sumar las variedades vegetales registradas, que no están comprendidos por el régimen de patentes), y la Universidad de Buenos Aires, con 110 solicitudes.

“El año pasado, presentamos documentos relacionados con 88 patentes en todo el mundo, y nuestra cartera supera las mil presentaciones”, detalló Ana Franchi, presidenta del CONICET, y advirtió que en 2021 invirtieron 35 millones de pesos en la cartera de patentes y que para este año esperan destinar alrededor de 68 millones de pesos. “Nuestra política de propiedad intelectual busca una participación estratégica del Estado en el desarrollo nacional, con una función reguladora desde el Estado, que busca garantizar el uso soberano de los procesos de propiedad de las tecnologías, de manera directa o asociándonos con privados”, destacó Franchi.

En tanto, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, detalló que tienen cuatro objetivos centrales para el desarrollo de la ciencia: avanzar sobre los umbrales del conocimiento; transformar el modelo productivo y la matriz de exportaciones; promover ciencia para resolver problemas locales; y entender a la ciencia como un eje fundamental de la definición de la soberanía de un país.

“Hay una decisión política de la defensa del conocimiento como bien público, de colocar a la ciencia en un lugar central, que tiene que defender a quienes lo producen en su trabajo cotidiano, que tenemos que articular con el sector productivo público y privado, y que vamos a trabajar en esa dirección para que se constituya en políticas de Estado”, concluyó Filmus.