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Agencia TSS – “Necesitamos inteligencia colectiva, compartir conocimiento en la pandemia con respecto a herramientas, vacunas y tratamientos. Desde las comunidades de ciencia, industria y gobierno tenemos que redefinir el contrato social en torno al bien común que, en realidad, consiste en llenar una brecha que el sector privado no cubre, lo que implica ver cómo se gobierna la innovación, las cadenas de valores y la estrategia industrial”, sugirió la economista Mariana Mazzucato, asesora internacional del Consejo Económico y Social (CES), durante el Foro internacional «Geopolítica de las vacunas. Hacia una estrategia argentina de desarrollo y producción» organizado por el CES. El encuentro contó con la participación de especialistas, funcionarios, empresarios y referentes del sector público y privado, que reflexionaron sobre las medidas y políticas que pueden ayudar a enfrentar la actual y posibles pandemias futuras.

En tal sentido, el secretario de Asuntos Estratégicos y titular del CES, Gustavo Béliz, se refirió a la importancia de construir puentes o vínculos que promuevan la justicia social sanitaria. En particular, enfatizó sobre la necesidad de potenciar las relaciones productivas entre los distintos niveles de gobierno, así como las alianzas entre el sector científico y tecnológico y el productivo, y los esfuerzos diplomáticos que ayuden a profundizar vínculos regionales y globales.

“¿Qué quiere decir redefinir el bien común en la forma en que gobernamos los derechos de propiedad intelectual?”, se preguntó Mazzucato y advirtió sobre la necesidad de no abusar de esos derechos: “Las patentes son contratos entre el Estado y el sector empresarial que otorgan monopolios por 20 años. Esa patente tiene que estructurarse de tal manera que asegure que los ciudadanos tengan su parte del acuerdo”, subrayó la especialista durante el foro que se desarrolló este martes 8 de junio en el Museo del Bicentenario, en Buenos Aires.

Ese mismo día, en la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzó la reunión del Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en la cual se analizó la propuesta que India y Sudáfrica presentaron en octubre del año pasado, que propone suspender la implementación, aplicación y cumplimiento de determinadas obligaciones, incluyendo temas de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información no divulgada para el tratamiento, prevención y contención que tengan relación con COVID-19, mientras dure la pandemia.

La iniciativa cuenta con el aval de más de 60 países patrocinadores y otros 100 que los apoyan (la Argentina fue uno de los primeros en hacerlo), y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil a nivel global, pero ha sido rechazada desde su presentación, principalmente, por los países desarrollados –adonde se encuentran las principales farmacéuticas–, que han postergado el debate en reiteradas ocasiones en la OMC. Mientras tanto, la preocupación global ha ido creciendo durante estos últimos siete meses, a medida que se hacía cada vez más evidente la inequidad en el acceso a las vacunas, acaparadas en un 80% por solo 10 países, mientras que otros 130 todavía no tienen una sola dosis de ellas y muchos no la tendrán al menos hasta el año 2023.

“A nivel global, 61% de todas las dosis fueron administradas por tres países: China, Estados Unidos e India. Los países de altos ingresos tienen 67 veces más dosis que los países de menores ingresos. Esta desigualdad lleva a una indignación con razón y la propuesta de nuevos objetivos. Por ejemplo, el FMI dice que hay que cubrir el 40% en todos los países para fines de 2021 y 60% para mediados de 2022”, afirmó la directora general de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, durante el foro organizado por CES.

En abril, tras asumir la Dirección General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala propuso lo que denominó “tercera vía”, para encontrar una solución a esta inequidad, respetando el sistema de propiedad intelectual. “La directora general reunió a los principales actores para hablar de esto. Quedó en evidencia que existe una gran capacidad de producción de vacunas que no se está aprovechando, especialmente en los países en desarrollo, que pueden comenzar a operar para hacer frente a la demanda de acceso a las vacunas”, recordó Antony Taubman, director de Propiedad Intelectual de la OMC, y aclaró que se trataría de promover activamente el equilibro entre la demanda no satisfecha y la capacidad productiva ociosa.

“Como dice la canción en español: se hace camino al andar. De eso se trata la tercera vía, de ver cada realidad y situación, las demandas urgentes, las capacidades ociosas y las posibilidades de juntar todo esto en forma práctica”, dijo Taubman, y agregó que esta propuesta “sienta las bases para responder rápidamente, en forma pragmática y mucho más equitativa”, ante posibles pandemias futuras. Como ejemplo, se refirió al reciente documento de aplicación del mecanismo de licencias obligatorias que firmó Bolivia para acceder a vacunas contra la COVID-19, a través de dosis que producirá una firma canadiense.

Las licencias obligatorias son parte de lo que se conoce como salvaguardas de salud, que han sido incluidas en el acuerdo de los ADPIC establecido en 1994, en parte gracias al “rol activo” que tuvieron los negociadores argentinos y de otros países en desarrollo durante la ronda de Uruguay, tal como lo calificó Taubman. En ese sentido, consideró que tales salvaguardas incluidas dentro del acuerdo podrían ser de igual modo aplicadas por los países que las necesiten. Quienes apoyan la suspensión de patentes cuestionan este argumento, ya que las flexibilidades deben ser solicitadas producto por producto y país por país, lo que lo vuelve más complejo, mientras que un suspensión en los derechos de propiedad intelectual permitiría que los países no tengan la necesidad de negociar solos frente a la OMC y obtendrían una seguridad jurídica que evitaría conflictos a futuro con los titulares de las patentes (puesto que tales títulos son retroactivos).

Al respecto, Taubman coincidió en que una exención al ADPIC “podría abrir la puerta a una amplia variedad de nuevas soluciones”, pero sostiene que eso no garantiza que se implementen, ya que hay otras cuestiones a considerar como la complejidad de algunas cadenas de producción y suministro, por un lado, y las limitaciones que generan los controles en las exportaciones, por otro. “Hay que liberar las cadenas de suministros y asegurarnos de que fluyan sin inconvenientes. Es lo que llamamos facilitación del comercio, que implica reducir trámites, costos y demoras. Sabemos de casos graves donde las vacunas tardaron tanto en llegar a sus destinos que estaban casi vencidas y hasta las tuvieron que descartar. Necesitamos más transparencia en los grupos comerciales, liberarlos para permitir el acceso a los medicamentos”, dijo Taubman.

Estas declaraciones van en línea con lo que planteó Santiago Cornejo, director en GAVI, Alianza para la Vacunación: “necesitamos un paradigma integral y sustentable. Integral en el sentido de que incluya los derechos de propiedad intelectual, la transferencia oportuna de tecnologías y la armonización regulatoria. Y también sustentable, con instrumentos financieros que incentiven la investigación, el desarrollo y la innovación, que apoyen las inversiones a largo plazo en la producción local y que aseguren una demanda previsible”, subrayó.

“Tenemos que defender en forma incansable medidas que disminuyan restricciones a la importaciones y exportaciones, y defender la transparencia en los acuerdos y contratos, aumento de financiación en investigación y desarrollo, y tenemos que defender la producción de vacunas”, coincidió Etienne, desde OPS, y agregó que, en la región, la pandemia ha expuesto “esa deficiencia de larga data” en ciencia y tecnología y en la capacidad de producción de medicamentos e insumos como las vacunas.

Al respecto, detalló que, según datos de la CEPAL, se estima que solo 4% de las tecnologías relacionadas con la COVID-19 se obtuvo de la región en sí misma, mientras que las importaciones del sector farmacéutico regional en 2018 alcanzaron los 23.800 millones de dólares, en tanto que las exportaciones solo fueron de 2.300 millones de dólares. Por su parte, la industria de tecnologías médicas  mostro déficit en todos los países de la región, excepto en Costa Rica, República Dominicana y México. Además, recordó que la región invierte un 0,02% del PBI en I+D, “muy por debajo de los niveles de los países de altos ingresos”.

“América Latina y el Caribe no han podido superar algunos de estos desafíos de larga data en expandir la investigación, el desarrollo y la producción. Con la excepción de unas pocas experiencias exitosas en unos pocos países, la región sigue siendo dependiente de importaciones para poder satisfacer las necesidades de los programas de inmunización”, sostuvo la funcionaria, quien agregó que impulsar el desarrollo y los proyectos de fabricación de tecnologías en salud requerirá “un enfoque coordinado a nivel regional y liderazgo en los mayores niveles de gobierno, con inversión del sector público y privado, expansión de las capacidades tecnológicas y de investigación y cooperación internacional”.

El potencial de la biotecnología

Sobre la situación argentina en particular, diversos referentes políticos, científicos y empresariales compartieron sus experiencias, análisis y reflexiones. El mismo presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó que, desde el inicio de la pandemia, se trabajó junto a distintos organismos internacionales que permitieron acceder a más de 1.700 millones de dólares para implementar las distintas medidas para mitigar los impactos sociales, económicos y productivo, y aclaró que eso “no significó un nuevo endeudamiento para el país, sino que fue el resultado de una priorización de los recursos ya aprobados con foco en las necesidades más urgentes”. Además, anunció que el país obtuvo un nuevo financiamiento, de 75 millones de dólares, en este caso del Banco de Desarrollo de América Latina, para fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19.

Sobre el plan de vacunación, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, detalló que más del 25% de la población argentina ya recibió al menos una dosis de las vacunas, mientras que el 84% de las personas mayores de 60 años ha iniciado su esquema de vacunación, lo que se traduce en un impacto positivo en la disminución de la letalidad. “En 2020 tuvimos una letalidad de 2,8 y, en 2021, de 1,4. En mayores de 60, siempre fue más alta: el año pasado fue de 15,9 y este año es de alrededor de 8. En menores de 60 años, la letalidad había sido de 0,6 y este año es de 0,4”, puntualizó la ministra, y destacó que se estima que las vacunas evitaron 5.500 en muertes en personas mayores de 60 años, de la semana 16 a la 20.

En cuanto al sector productivo, Fernández detalló que la industria farmacéutica local, que “es reconocida por sus  altos estándares de calidad”, cuenta con 190 plantas de producción, de las cuales 160 son de capitales nacionales, y posee cerca de 40 fábricas públicas de medicamentos. “De reunir las condiciones necesarias, la Argentina podría contar con una capacidad de producción de ciclo completo de entre 35 y 40 millones de dosis de vacunas mensuales, pero para poder desarrollar todo su potencial es necesario seguir trabajando en la integración de capacidades de las cadenas regionales, para asegurar la provisión de insumos críticos”, subrayó el primer mandatario.

Por su parte, diversos investigadores y empresarios relataron sus experiencias y en algunos casos advirtieron sobre la necesidad de contar con regulaciones más ágiles, que faciliten la aprobación y certificación de los desarrollos.

“La industria de la salud es un eje de nuestro entramado productivo, genera empleo de calidad y divisas. En particular, las soluciones derivadas de la biotecnología tienen un lugar destacado en el ministerio. Ese sector hoy exporta en total, combinado con sanidad animal y agro, unos 400 millones de dólares”, detalló María Apolito, subsecretaria de Economía del Conocimiento en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y afirmó que se han otorgado 170 millones de pesos en beneficios fiscales a muchas de las empresas del sector como Sinergium, Mabxience e Inmunova. Además, adelantó que “en breve” lanzarán una tercera convocatoria, con un cupo fiscal de 280 millones de pesos, que a los beneficios ya conocidos (de amortización acelerada de bienes de capital y devolución anticipada del IVA) le sumarán la devolución del 50% de los gastos en I+D realizados con el sistema científico, en bonos de crédito fiscal, “para motivar la inversión privada y el vínculo virtuoso entre la ciencia, la tecnología y la producción”, destacó.