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Agencia TSS – Desde la década de 1960, cuando se consolida un mercado de tecnología nuclear de estructura oligopólica liderado por empresas norteamericanas, el problema de la “proliferación nuclear” fue banco de pruebas para el disciplinamiento de aquellos países en desarrollo que aspiraban a tener programas nucleares autónomos.

El mecanismo es sencillo: si un país en desarrollo muestra capacidades potenciales para dominar alguna tecnología nuclear que pueda dejar de comprar a las empresas estadounidenses –y, por lo tanto, en el futuro competir con ellas–, entonces aparecen “expertos”, diplomáticos, periodistas e “Institutos para la paz” (think tanks) mimetizados con los rituales de la producción académica que comienzan a tejer discursos sobre supuestas evidencias de actividades secretas que se orientan a la fabricación furtiva de un explosivo nuclear.

Esa telaraña va acompañada de mecanismos formales e informales de presión que se proponen obstaculizar los desarrollos autónomos y devolver a los países díscolos a su lugar natural de compradores de tecnología importada. “País canalla” (“rogue country”), “país proliferador”, “país inestable”, “intenciones ocultas” son parte del ABC de esta pseudo-ciencia del cálculo de supuestas intenciones secretas que justifica la coerción y la erosión de las capacidades tecnológicas de países en desarrollo.

La Argentina padece desde fines de los años sesenta presiones y distorsiones en este rubro y, de hecho, figura en los anales internacionales como país con prontuario proliferador, a pesar de que nunca tuvo un proyecto de bomba atómica, ni siquiera durante el desmadre de la última dictadura cívico-militar. Veamos dos ejemplos. El primero, tomado de 2006, año de la primera sanción del Consejo de Seguridad de ONU a Irán. Entonces se podía leer en The New York Times (22/2/2006): “Sudáfrica, Brasil, Argentina, Ucrania y Kazajstán y, más recientemente, Libia, fueron persuadidos de abandonar los programas de armas nucleares porque se les presentaron los incentivos adecuados”. El segundo ejemplo es de 2016 y muestra la vigencia del tema: “Irán está evidentemente en esa categoría de estados, junto con Suecia, Suiza, Australia, Canadá, Egipto, Corea del Sur, Brasil, Libia, Irak, Taiwán y Argentina, que en algún momento han considerado seriamente y han perseguido en secreto la idea de desarrollar una capacidad de armamento nuclear […]” [2].

Este tipo de afirmaciones podrían multiplicarse y son sencillamente falsas. Nunca hubo programa de armas nucleares en la Argentina y, entonces, menos pudo haber incentivos para que lo abandonara. Solo hubo presiones tenaces sobre la búsqueda de autonomía, que derivaron en el desmantelamiento del sector en los años noventa. A mediados de 2006, el gobierno de Néstor Kirchner relanzó el plan nuclear y el país volvió a ocupar lugares respetables en foros nucleares internacionales.

Esta trayectoria explica que Mauricio Macri haya podido viajar a Holanda, a fines de marzo de 2017, a vender un reactor nuclear multipropósito “made in Argentina”. También explica que el sector nuclear argentino vuelva a preocupar al Departamento de Estado, especialmente si hace negocios con China. Por eso el macrismo, bajo las presiones aceptadas por una política exterior de alineamiento incondicional, recomenzó un nuevo proceso de desmantelamiento.

En paralelo con la recuperación del plan nuclear argentino, Irán se transformó en la bestia negra nuclear. Y la Argentina –igual que Estados Unidos, Francia, Alemania, China, India, entre los más visibles– colaboró con Irán entre 1966 y comienzos de los años noventa. Ideal para que algunos periodistas de guerra, presionados por la precariedad de absurdos que rodean “la causa Nisman” y, de paso, martillando sobre un sector emblemático del desarrollo científico-tecnológico argentino, puedan intentar un nuevo cóctel de último recurso: “El triángulo nuclear de Teherán, Caracas y Buenos Aires”.

Al margen del daño colateral que ocasionan al sector nuclear sumándose a la añeja tradición de fabricantes de opacidad y supuestas intenciones ocultas, nos interesa poner en evidencia la morfología fantástica de estos argumentos y el analfabetismo tecnológico de los tejedores de esta nueva telaraña.

Del Shah a la revolución islámica: primeros contactos argentinos

La primera colaboración tuvo lugar en el marco de los programas de asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Entre fines de 1966 y 1967, el ingeniero argentino Humberto Ciancaglini trabajó, como experto del OIEA, en la puesta en marcha del reactor de investigación de Teherán (TRR) de 5 megavatios instalado por una empresa estadounidense.

En marzo de 1973, el peronismo ganó las elecciones y el contralmirante Oscar Quihillalt, presidente de la CNEA desde 1955 (con una breve interrupción durante el gobierno de Frondizi), fue reemplazado por el contralmirante Pedro Iraolagoitia. Quihillalt, junto con un grupo de científicos y técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), marchó a Irán contratado por el gobierno del Shah como asesor del programa nuclear iraní.

La tarea era asesorar al físico Akbar Etemad –director de la recién creada Organización de Energía Atómica de Irán–, en las negociaciones con los diferentes proveedores potenciales. Irán contrató a la firma alemana KWU, subsidiaria de Siemens, para construir dos reactores de potencia (para producir electricidad) en Bushehr de tipo PWR (uranio enriquecido y agua liviana). Los trabajos se iniciaron en 1974 y ese mismo año Irán firmó un contrato con la compañía francesa Framatome para construir otros dos reactores en Ahvaz. Al año siguiente, el Massachusetts Institute of Technology firmó un acuerdo con la Organización de Energía Atómica de Irán para entrenar al primer grupo iraní de ingenieros nucleares. Con la asistencia francesa, también fue creado el Centro de Tecnología Nuclear en Isfahan para capacitar al personal de las dos centrales de Bushehr.

También en 1975, Irán se había integrado con una participación del 10% en la construcción de una instalación para enriquecimiento de uranio construido por el consorcio Eurodif, integrado por Francia, Bélgica, España, Italia e, inicialmente, Suecia. Este 10% habilitaba a Irán a recibir 270 toneladas de uranio enriquecido al 3% hasta mediados de los años noventa. La participación en Eurodif desencadenó más tarde, en la época del Ayatollah Komeini, un conflicto entre Francia e Irán, cuando Francia se negó a devolver la cifra aproximada de 1000 millones de dólares con la que el Shah había comprado la participación de Suecia.

La política exterior restrictiva en materia nuclear del presidente norteamericano Jimmy Carter a fines de los setenta le dio un trato preferencial a Irán, que había firmado en julio de 1968 el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y ahora aceptaba las salvaguardias adicionales solicitadas por Washington para sus futuras instalaciones nucleares. A mediados de 1978, se anunció públicamente que Irán compraría ocho reactores de potencia a Estados Unidos.

En ese momento se retira de escena el físico Etemad y el grupo de Quihillalt retorna a la Argentina. Al año siguiente, en febrero de 1979, tuvo lugar la revolución que depuso al Shah y declaró la República Islámica de Irán. El escenario se alteró drásticamente y el desarrollo nuclear iraní se desaceleró. El contrato con la empresa francesa Framatome fue cancelado antes de comenzar. También fueron detenidos los trabajos en Bushehr, donde la construcción de los reactores estaba avanzada en un 85% y un 75%.

Bombardeos iraquíes: ENACE e INVAP en Irán

A comienzos de 1982, Irán inició negociaciones con la firma alemana KWU/Siemens para completar uno de los reactores de Bushehr. Sin embargo, entre 1984 y 1987, Irak bombardeó en varias ocasiones estas instalaciones provocando daños serios. En 1984, KWU comenzó a negociar con empresas de la Argentina y España para formar un consorcio que completara el primer reactor de Bushehr. Esta opción fue presentada como una forma de frenar la oposición del gobierno de Alemania Federal a una participación directa y unilateral de KWU. Así, entró en escena la tercera colaboración a través de la empresa ENACE (Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas S.A.), sociedad entre CNEA (75%) y la empresa alemana KWU (25%), que en la Argentina estaba contratada para el diseño y construcción de Atucha II.

En noviembre de 1985, un equipo iraní visitó Buenos Aires. ENACE envió un grupo de ingenieros a Irán a estudiar las averías producidas por los bombardeos iraquíes e informaron que se podía continuar la construcción a pesar del impacto. Ahora bien, ENACE nunca llegó a firmar el contrato por presiones de Estados Unidos y el reinicio del proyecto no se concretó. Fue retomado por una empresa rusa en los años noventa y el reactor de Bushehr fue finalmente inaugurado en septiembre de 2011. El OIEA participó en la revisión del proyecto antes de su puesta en marcha.

Una cuarta colaboración con Irán se inició en 1985 y fue concebida como una tarea “anti-proliferante”. El reactor TRR, en Teherán, casi había consumido el combustible obtenido de Estados Unidos en 1967. La negativa estadounidense a proporcionar una nueva carga de combustible llevó a Irán a buscar otros socios en China, India y la Unión Soviética. Sin embargo, el TRR todavía se alimentaba con uranio altamente enriquecido, que por políticas de no proliferación ya no se usaba en los reactores de investigación. Esto impedía que Irán encontrara nuevos proveedores.

El OIEA pidió a la CNEA que rediseñara el núcleo del TRR para que funcionara con uranio enriquecido al 20%. El 5 de mayo de 1987, después de casi 18 meses de negociaciones, la empresa INVAP y la Organización de Energía Atómica de Irán firmaron un contrato por 5,5 millones de dólares. INVAP se comprometía a proveer un nuevo núcleo –80 elementos combustibles manufacturados con uranio enriquecido al 20%– para el TRR. En noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores argentino pidió a Irán que confirmara que las instalaciones en las que trabajaba INVAP serían utilizadas con propósitos pacíficos.

A pesar de la oposición inicial de Estados Unidos, el acuerdo fue aprobado por el OIEA. Dado que no existía en la Argentina capacidad industrial para producir los aproximadamente 116 kilogramos de uranio enriquecido al 20% para los elementos combustibles, INVAP debió salir a buscar un proveedor extranjero para su provisión. La tarea resultó complicada como consecuencia de la exclusión que sufría la Argentina por su política nuclear independiente.

Una quinta colaboración se concretó con dos nuevos contratos que firmó INVAP en octubre de 1988, que sumaban alrededor de 25 millones de dólares, para la construcción de una planta piloto de conversión y purificación de dióxido de uranio y una planta piloto para manufactura de elementos combustibles, “que podrían usarse en un reactor de investigación de 27 MW comprado en China ese mismo año”, ambas para el Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan, además del entrenamiento de personal [1].

El problema de la provisión de uranio al 20% fue finalmente resuelto en abril de 1991, cuando se llegó a un acuerdo con Rusia, que aceptaba enriquecer uranio provisto por la Argentina. Sin embargo, en noviembre de ese año, el canciller Guido Di Tella, motivado por la situación política en Medio Oriente y el riesgo que significaba que Irán pudiera utilizar los materiales provistos por la Argentina para el desarrollo de armas, pidió por escrito a Manuel Mondino, entonces presidente de la CNEA, que “reduzca los contactos en el área nuclear con Irán al mínimo indispensable para cumplir con los contratos ya pactados”. Finalmente, por decisión del presidente Carlos Menem, fueron cancelados los compromisos ya adquiridos, con excepción de los trabajos considerados “antiproliferantes”.

Inmediatamente, se iniciaron las negociaciones para llegar a un acuerdo acerca de la compensación que la Argentina debía pagar a Irán por el incumplimiento del contrato. En este contexto, INVAP negoció con Irán una indemnización. Los compromisos “antiproliferantes” fueron completados a fines de 1993, con la entrega de 115,8 kilogramos de combustible para el TRR fabricado con uranio enriquecido al 20% en Rusia. La negociación de la indemnización se cerró en 1996, fecha posterior al atentado a la AMIA (18/7/1994), con fondos que puso el Estado nacional a través de la CNEA. En este punto se canceló la colaboración nuclear de Argentina con Irán.

 

[1] Como ejemplo de construcción de opacidad y sospecha sobre la colaboración de INVAP durante este período, puede verse: Kenneth Timmerman. 1995. “Iran’s Nuclear Program: Myth and Reality”. Comunicación presentada en la Sixth International Castiglioncello Conference “Fifty Years After Hiroshima”, Castiglioncello, Italia, 30 de septiembre.

[2] Daniel H. Joyner. 2016. Iran’s Nuclear Program and International Law. Oxford: Oxford University Press, p. 93.