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El máximo tribunal le ordena al Gobierno aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que establecen la actualización por inflación de los salarios y las becas desde diciembre de 2023 a la fecha. De no cumplirse, los funcionarios deberían responder ante la Justicia con su propio patrimonio, pudiendo quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupueso universitario de este año es el más bajo desde 1997. Las universidades públicas se declararon en estado de emergencia y convocaron a una marcha con movilizaciones en todo el país para el martes 26 de abril. El Gobierno intentó desactivarla anunciando un acuerdo que no se alcanzó.
