El máximo tribunal le ordena al Gobierno aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario que establecen la actualización por inflación de los salarios y las becas desde diciembre de 2023 a la fecha. De no cumplirse, los funcionarios deberían responder ante la Justicia con su propio patrimonio, pudiendo quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos.