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Agencia TSS – Las actividades sociales y productivas impactan de una u otra manera en los territorios en las que son desarrolladas y el agua no es la excepción. De ahí la necesidad de contar con sistemas de gestión ambiental que tiendan a buscar un equilibrio entre las poblaciones y el ambiente en el que se desenvuelven. Un relevamiento de dos de las principales cuencas hidrográficas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la de los ríos Reconquista y Matanza-Riachuelo, da cuenta de la complejidad que presenta la coordinación interestatal para gestionar el mantenimiento y saneamiento de estos dos ríos que abastecen de agua potable a más de 12 millones de personas.

“En el territorio nacional hay más de 100 cuencas hidrográficas identificadas y hay entre 20 y 25 organismos de gestión. Son estructuras diferentes, con poderes distintos, y eso hace que se reproduzca la fragmentación en la gestión”, le dijo a TSS el especialista Roberto Adaro, quien estuvo a cargo del cuarto informe de la serie Radiografías Metropolitanas, dedicado específicamente al estado de las cuencas hidrográficas, que produce el Centro de Estudios Metropolitanos, un consorcio de cooperación conformado por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

“La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) tiene poder de policía y en ella intervienen tres niveles del Estado, por lo que el desafío en coordinación es grande y no necesariamente se asume en la práctica”, sostuvo Adaro, que fue director de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

ACUMAR es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional que conjuga el trabajo con los tres gobiernos que tienen competencia en el territorio: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue creado en el año 2006 mediante la Ley N° 26168, para atender el deterioro ambiental que sufría la cuenca. En el año 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la intimó a implementar un plan de saneamiento, en respuesta a una causa judicial iniciada por un grupo de vecinos en el año 2004, conocida como “Causa Mendoza”. Para Adaro, “cuando la Justicia interviene es porque la gestión previa fracasó. Se impusieron plazos taxativos que muchas veces no se han podido cumplir”, dijo Adaro.

La Cuenca Matanza Riachuelo recorre alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados a través de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 14 municipios bonaerenses, por donde discurren los 64 kilómetros de extensión del sistema hídrico integrado por los ríos Matanza y Riachuelo. Se trata de la zona más urbanizada e industrializada de la Argentina, en la que viven más de ocho millones de personas.

“En los últimos dos años y medio se ha logrado una situación inédita en la cuenca: es la primera vez que en las tres jurisdicciones principales, e incluso en algunos municipios, gobierna el mismo color político”, remarcó Adaro. Sin embargo, esa coordinación que se podía suponer, “en la práctica no se ha verificado e, incluso, en las últimas audiencias públicas la Corte se ha mostrado severa con Acumar por las tareas pendientes”.

Adaro se refería a la audiencia desarrollada a mediados de marzo, a diez años de aquel fallo de la Corte, en la que el Estado no pudo mostrar avances significativos en la implementación de las directrices establecidas en el fallo. Por ejemplo, tal como lo describe una publicación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se ejecutó solo un 37% de las obras de saneamiento cloacal y no existe una fecha de finalización prevista. Además, de las 17.771 soluciones habitacionales comprometidas en el año 2010, se alcanzó un 22% de cumplimiento y tampoco se pudo precisar una fecha para alcanzar la totalidad de lo proyectado. Al igual que en otras audiencias sobre el Riachuelo, la Corte negó la participación en la audiencia de las personas que viven en la cuenca, lo que implica una violación en su derecho a acceso a la Justicia.

A diferencia de lo que ocurre en la ACUMAR, la gestión de la cuenca del Reconquista depende mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires y de los acuerdos con los municipios que forman parte. “Es un comité que coordina acciones pero no es autoridad de cuenca”, aclaró Adaro y dijo que, por eso, en ciertas oportunidades se ha tendido a subestimar la problemática de esta cuenca, aunque no es menor en cuanto al nivel de complejidad, tanto por la cantidad de población asentada sobre ella como por las condiciones de vida que atraviesan, así como las actividades productivas radicadas en esos territorios.

En toda su extensión, el Reconquista recorre 82 kilómetros y atraviesa 18 municipios bonaerenses, en los que habitan 4.500.000 personas (el 13% del país), entre las cuales casi 700.000 tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Se estima que el 40% de esa población no tiene acceso al agua potable, el 63% no tiene conexión a la red cloacal y, entre los que sí la tienen, más del 90% elimina efluentes cloacales sin tratamiento de depuración. A esto se suman los desechos que pueden generar las 12.000 industrias que la rodean, y aquellos que se acumulan en los más de 25 depósitos de residuos clandestinos que acompañan al del CEAMSE en Campo de Mayo, donde se reciben más de 340.000 toneladas de basura por mes.

“Este río tenía un comité que tuvo diversos avatares institucionales. La novedad es que recién en 2017 se comenzaron a ejecutar algunas de las obras comprometidas en el marco de un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2014, que contemplaba la utilización de un crédito para financiar actividades en la cuenca”, recordó Adaro.

Responsabilidades comunes pero diferentes

El aporte de este estudio puede expandirse a otras cuencas, ya que, según el autor, más allá de las particularidades que tienen las cuencas Reconquista y Matanza Riachuelo, hay realidades que son comunes al resto de las cuencas superficiales de la Argentina. Una de ellas se vincula con que muchas veces se superpone el territorio natural del agua con las divisiones jurisdiccionales y políticas. “La segunda cuestión tiene que ver con que el problema del agua no es solo el agua”, dijo Adaro, que actualmente es asesor en el Congreso de la Nación y docente en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Adaro destacó que el concepto de cuenca, en tanto territorio que sustenta una red hidrográfica superficial, no solo contempla el cuerpo de agua y su sanidad, sino la de todo el ambiente a su alrededor, como las comunidades.

“Esa lógica no impera en la realidad cotidiana, no solo porque la agenda del agua pasa más o menos desapercibida, sino porque la propia gestión de este recurso tiende a ser fragmentada, como si una cosa fuera la sanidad del cuerpo de agua, otra cosa la política de uso de suelos y territorios de la cuenca, y otra la política de salud o sanidad sobre la población que vive en ella”, explicó Adaro. Y destacó: “En términos ambientales, se reproduce un paradigma similar al del cuidado de la salud: atacamos los síntomas y no las causas”.

Adaro destacó la idea de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que se refieren a que, si bien estas problemáticas son comunes a los ciudadanos, no necesariamente todos tienen el mismo nivel de responsabilidad ni la misma posibilidad de resolverlas.

“No es lo mismo la responsabilidad del Estado que la de los ciudadanos de a pie. No obstante, si queremos aspirar a una gestión integrada que contemple que el agua no es solo agua, sino también el territorio que la produce y las comunidades que lo habitan, es fundamental poder darles parte a todos esos actores, desde los municipios, que son el convidado de piedra en todas estas cuestiones, hasta las organizaciones de la sociedad civil y los propios vecinos, porque en definitiva son ellos los que viven, producen, los que sufren o disfrutan la realidad de la cuenca”, concluyó Adaro.