Se aprobó en la Legislatura porteña el cambio en la Ley de Basura Cero, que reintroduce la posibilidad de incinerar basura tras 40 años de prohibición. La decisión implica un retroceso en material ambiental y extiende las metas de reducción de residuos. Se denunciaron presiones del Gobierno a periodistas y activistas para que se mostrasen favorables al cambio en la norma.
Agencia TSS – Con 26 votos positivos y 22 negativos, y tras un escándalo que incluyó la denuncia de presiones a periodistas y activistas ambientales, se aprobó en la Legislatura porteña la modificación a la Ley de Basura Cero (Ley 1854), que permitirá incinerar basura en la Ciudad de Buenos Aires después de 40 años de prohibición. La modificación a la norma sancionada en 2005 no solo implica un retroceso en materia ambiental y desnuda el incumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno porteño, sino que además refleja sus contradicciones tras haber dado de baja en su propio sitio web una explicación sobre los puntos negativos de la incineración de basura, a la que ahora denomina, de manera más elegante, termovalorización.
El cambio en la legislación también extendió los plazos para llegar al objetivo de una reducción de la generación de basura en la Ciudad de Buenos Aires. La norma establecía la reducción del envío de residuos a rellenos sanitarios de un 30% en 2010, de 50% en 2012 y de 75% en 2017, tomando como base los niveles enviados a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) durante 2004 (1,5 millones de toneladas). La nueva legislación mantiene la reducción progresiva de la cantidad de residuos que se permiten depositar en los rellenos sanitarios pero establece las siguientes nuevas metas a cumplir: «De un 50% para 2021, de un 65% para 2025 y un 80% para 2030, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 2012 (2,2 millones de toneladas). Se prohíbe para el 2028 la disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables”.
La reintroducción de este sistema llega en un momento crítico, ya que el entierro en la CEAMSE Norte III (en José León Suárez) de los residuos sólidos urbanos porteños y de 28 partidos del conurbano bonaerense se encuentra con poca superficie disponible para seguir enterrando basura. En 2016 se había aprobado una extensión de 161 hectáreas en el partido de San Miguel, que alargaría su uso por otros diez años.
La nueva legislación plantea importar hornos de Europa para la quema controlada de basura y el sistema deberá cumplir con estándares de la Unión Europea. La construcción de este tipo de instalaciones tiene un costo de entre 300 y 600 millones de dólares cada una, según especialistas consultados por TSS, y se calcula que se necesitarán seis plantas que se distribuirían entre los territorios porteño y bonaerense. Dado que la provincia de Buenos Aires no tiene prohibición alguna sobre la incineración de basura, no serían necesarios permisos especiales.
Durante la discusión en la Legislatura, el diputado Gastón Blanchetiere (Vamos Juntos) justificó la medida en que en Alemania hay 121 plantas de tratamiento térmico de la basura a pesar de que separa y recicla el 65% de los residuos, y en Francia funcionan 122 de estos hornos de termovalorización. Además, dijo que informes oficiales del Reino Unido dan cuenta de de que “no hay daño verificable a la salud” por el uso de estas plantas.
Sin embargo, en Europa la instalación de nuevas plantas de incineración es sumamente restrictiva. Una Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo del 26 de enero de 2017, remarca que “deben cumplirse una serie de condiciones previas para garantizar que las nuevas inversiones en el sector de los residuos se ajustan a los planes de gestión de residuos elaborados por los Estados miembro con el fin de cumplir sus objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado. Como indica el plan de acción para la economía circular, esto significa que la inversión en instalaciones para el tratamiento de desechos residuales, como por ejemplo una capacidad de incineración adicional, solo se concedería en casos limitados y adecuadamente justificados, cuando no haya riesgo de exceso de capacidad y se respeten plenamente los objetivos de la jerarquía de residuos”.
El documento también recomienda no instalar nuevas plantas para el incinerado, sino coincinerar en hornos de cemento y cal y otros procesos industriales adecuados. Asimismo, se pone el énfasis en que el primer punto de ataque para evitar el problema de la basura es el de la prevención sobre la generación, algo que debe ser atacado desde el origen de la creación de productos. En segunda instancia se debe reciclar y el último punto es la eliminación, en el que ubica a la termovalorización al mismo nivel que el entierro en vertederos.
El abogado especialista en derecho ambiental Enrique Viale, le dijo a TSS: “La política de residuos no es comparable entre las ciudades europeas y Buenos Aires. Hay diferencias abismales en varias cuestiones, sobre todo en la cantidad que se recicla. Buenos Aires está reciclando el 10% de sus residuos y las ciudades europeas están en un 70%. De poder llegar a esa proporción de reciclado deberíamos pensar qué hacer con el resto, pero no se puede hacer al revés cuando el camino no se ha empezado a andar. La termovalorización no es la solución mágica”.
Hasta hace pocos días, la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires exponía en su sección Ciudad Verde los puntos negativos sobre la incineración de la basura: “Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud”, se sostiene en el texto que ya no está online en la web oficial del Gobierno porteño, pero que todavía es posible visualizar.
“La ley de basura cero buscaba reducir al máximo la cantidad de basura que se enterraba en los rellenos sanitarios, lo que genera una economía circular en lo que todo lo reciclable puede volver al circuito productivo”, dijo Viale.
Durante la discusión en la Legislatura se modificaron varios artículos de la propuesta original del oficialismo, con el objetivo de preservar el trabajo de los recicladores urbanos. Así, el artículo 2 establece: “La Ciudad fijará un cronograma gradual de recuperación de materiales reciclables y aprovechables provenientes del circuito de recolección diferenciada, cuyas funciones seguirán siendo prestadas por los recuperadores» estipula el nuevo art. 6° por el cual también «se prohíbe el tratamiento térmico de material reciclable o aprovechable».
Sin embargo, para Viale esto no es suficiente y duda sobre en qué medida preservará el trabajo de los recicladores: “La incineración, en lugar de circular, es lineal. Se crea un producto, se convierte en basura y se quema. Eso es una lógica absolutamente distinta que deja afuera a los recicladores urbanos, que es la otra consecuencia que tiene este cambio. Las cooperativas de cartoneros venían profesionalizando su trabajo, tenían hasta guarderías para chicos, y ahora van a competir con estas grandes incineradoras que además son muy hambrientas, necesitan mucho material para sostener la producción de energía que prometen”.
Diferentes organizaciones ambientalistas consideran a la decisión un retroceso en cuanto a política ambiental y dudan sobre su constitucionalidad, por lo que presentarán recursos judiciales para frenar la modificación legislativa. El debate previo que instaló el Gobierno porteño también es cuestionado: legisladores opositores presentaron documentación del Ministerio de Ambiente de la Ciudad en la que se admiten presiones a periodistas y activistas ambientales con el objetivo de influir en la opinión pública para la aprobación de la nueva ley.
10 may 2018
Temas: Basura, CEAMSE, Incineración, Medio ambiente, Reciclado
