La salud descubierta

Las provincias reciben presiones para adherir al cuestionado CUS, el sistema de Cobertura Universal de Salud que fue lanzado por decreto del Poder Ejecutivo en el año 2016. ¿Cuál es su vínculo con las recomendaciones de organismos internacionales? ¿Por qué puede limitar el acceso a los servicios públicos de salud y restringir derechos?

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS – El programa de Cobertura Universal de Salud (CUS), puesto en marcha por el Gobierno hace dos años con el Decreto 908 del Poder Ejecutivo, ya sumó a 21 provincias a este sistema, no sin antes recibir presiones. Tras la tercera reunión del Consejo Federal de Salud, en julio pasado, trascendió que las provincias que no adhieran a este sistema dejarían de recibir los programas nacionales de medicamentos, vacunación y otros vigentes. Según una denuncia del Sindicado de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Si.Pr.U.S.), una de las afectadas podría ser la provincia de Santa Fe, que de concretarse la amenaza dejaría de recibir el 8% de su presupuesto de salud.

Uno de los motivos por los cuales la CUS ha generado preocupación entre especialistas y organizaciones del sector es que implicaría una privatización encubierta del sistema de salud local. El programa, según se expresa en la web de la Casa Rosada, pretende “integrar, agilizar y simplificar la atención médica de 15 millones de argentinos que hoy no tienen cobertura”. La norma refiere a aquellas personas que no cuentan con servicios de salud prepagos ni obra social, pero que sí pueden ser atendidas a través del sistema de salud público.

“El concepto de CUS comienza entre los años 2000 y 2005, como derivación de los programas de APS (Atención Primaria de la Salud), SILOS (Sistemas Locales de Salud) y RIS (Redes Integradas de Servicios de Salud), que son el mismo tipo de política con nombres distintos y adaptados a diversas épocas. Se trata de transferir recursos del sector público al privado y de hacer intervenir cada vez más al sector financiero”, dijo Daniel Godoy, coordinador del Instituto de Estudios de Salud de ATE (IDEPSALUD), durante las XIII Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población, organizadas a principios de agosto por el Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Se cumple lo que el Banco Mundial está soñando desde el año 2002, que es empujar a las provincias a que financien un seguro público involucrando a su obra social provincial”, dijo Rovere.

“La CUS es una continuidad de lo que apareció con programas de seguros públicos, un concepto planteado por los organismos internacionales”, coincidió el investigador Francisco Leone, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Uno de esos programas es SUMAR, que brinda cobertura de salud a más de 15 millones de niños, adolescentes y adultos hasta 64 años sin obra social en todo el país. Inicialmente, estaba diseñado solo para niños y se lo conocía como Plan Nacer. Según el último reporte oficial, de diciembre de 2017, 7805 establecimientos de salud tenían convenio con este programa, para el cual se transfirieron fondos por $ 6.278.965.191 desde el año 2005, de los cuales $ 1.044.762.652 provinieron de coparticipación provincial.

Actualmente, “todos los recursos fiscales nacionales están en descenso, por eso la CUS va a venir de la mano de la expansión de un crédito del Banco Mundial para el Programa SUMAR, con un agregado que es extorsivo, porque las provincias están siendo obligadas a pactar, tal como denunció la ministra de salud de Santa Fe”, lamentó el médico sanitarista Mario Rovere. En diálogo con TSS, el especialista advirtió que las obras sociales provinciales todavía son relativamente fuertes. Por eso, “la autocrítica que se hace el Banco Mundial es que en la década de los noventa impulsaron la libre elección entre obras sociales nacionales y servicios privados de salud pero se olvidaron de las provinciales, y ahora quieren ir por eso”.

Fuente: Ministerio de Salud a partir del gasto consolidado de las provincias (2015).

¿Cómo? A través de créditos destinados a dichos programas, mediante los cuales el banco puede exigir que se sumen al convenio para que lleguen fondos del crédito a las provincias. De acuerdo con esta idea, el mes pasado el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, celebró la aprobación del préstamo del Banco Mundial por 300 millones de dólares “destinados a la implementación del Proyecto de Apoyo a una Cobertura Universal Efectiva de Salud en Argentina, que permitirá brindar cobertura de salud de calidad a 15 millones de personas que utilizan el sistema de salud público”, tal como se anunció en el comunicado oficial publicado en la página web del Ministerio de Salud.

PIB: Producto Interno Bruto. Fuente: Grupo Medeos, con datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

“La sensación que uno tiene es que tanto los fondos del Banco Mundial que provienen de más endeudamiento como el remanente que quedó para esta función del decreto de la CUS son recursos totalmente desproporcionados para las provincias para embarcarse en un seguro público por el que van a recibir dinero por única vez”, dijo Rovere. El exviceministro de Salud de la Nación en el año 2015 hizo referencia a lo determinado por el decreto 908/16, según el cual, para la financiación de la CUS, se destinarían “por única vez” 8000 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución. “Se cumple lo que el Banco Mundial está soñando desde el año 2002, que es empujar a las provincias a que financien un seguro público involucrando a su obra social provincial”, agregó.

Restricción de prestaciones

“La segunda normativa a través de la cual se trata de implementar la CUS es el proyecto de ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Salud, que busca implementar un paquete básico de prestaciones, que es lo que hoy se llama Programa Médico Obligatorio y se está implementando desde 2001”, explicó Godoy y aclaró que, de concretarse este proyecto, se restringiría la atención en el sistema de salud público a dichas prestaciones, y “todo lo que no está en esa canasta quedará afuera y podrá ser cuestionado y llevado a la Justicia”.

Fuente: Grupo Medeos, con datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Esto es algo que ya ocurre en otros países que han reorientado sus sistemas de salud de acuerdo con estos lineamientos internacionales. “El caso más extremo es Colombia, donde un hospital estatal se maneja como si fuera una empresa, con acciones de marketing y búsqueda de rentabilidad”, ejemplificó Rovere. Y advirtió que “para que la gente logre una cobertura de prestaciones de mediana complejidad en Colombia, prácticamente hay que apelar a cautelares, hay que hacerlo vía un abogado”.

Restricción de derechos

Al avance de las presiones por el CUS se le suma el problema del desfinanciamiento que está sufriendo el sector, que deriva en la discontinuidad de programas como el plan Remediar, el vaciamiento que tratan de resistir en los hospitales públicos, como el reciente intento de recortar más del 40% del presupuesto anual del hospital El Cruce, en Florencia Varela, y el proyecto conocido como Complejo Hospitalario Sur: 5×1, que pretende unificar cinco hospitales especializados (Muñiz, Udaondo, Ferrer, Curie e IREP) en el predio del Hospital Muñiz.

Fuente: Grupo Medeos, con datos del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

“¿Qué va a pasar con los presupuestos públicos que se están cayendo? En 2017, el incremento en salud fue del 4% pero la inflación fue del 25%; este año, el incremento fue del 14% pero la inflación ya está cerca del 30%, es decir, se cayó otro 15%; Y para el año que viene se rumorea que habría otra reducción del 15%”, dijo Leone y advirtió que esta situación se replica en las provincias. El investigador sostuvo que existen cuatro cuestiones a las que el Gobierno apunta en el tema salud: la CUS, la apropiación del financiamiento de las obras sociales, el desfinanciamiento de las instituciones públicas y la supresión de diversos programas de inclusión.

“La discontinuidad, reducción o eliminación de políticas de inclusión restringen derechos, al igual que la reducción de presupuestos de programas y servicios de salud. El deterioro de sectores sociales y el incremento de carencias también es una muestra de esta restricción y la desregulación de mercado crea más fallas de accesibilidad y equidad. En este marco, la CUS también es una forma de restringir derechos”, concluyó Leone.

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