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Agencia TSS – A casi dos años de la sanción de la Ley 27350, sobre el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, asociaciones de usuarios y organizaciones cannábicas realizaron la primera Semana del Cannabis en la Argentina, con charlas informativas, talleres y actividades en universidades públicas, el Senado, la Legislatura porteña y diversos hospitales, con el fin de promover la comprensión de esta temática desde distintos enfoques. La iniciativa culminó el jueves pasado con una movilización desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, en la cual los participantes reclamaron por la despenalización del cultivo, la liberación de consumidores y cultivadores presos, y por la aplicación de la ley de uso medicinal.

“El autocultivo es la herramienta de empoderamiento número uno”, dijo Pablo Pérez, director de Mamá Cultiva Argentina, en uno de los encuentros que tuvo lugar en el Senado de la Nación, y destacó que, a pesar de la nueva ley, “el contexto no cambió demasiado: seguimos siendo ilegales en lo que hacemos y nuestra práctica, el autocultivo, está penada por la ley”. Frente a esto, destacó la emergencia de miles de familias que los consultan para poder atender sus dolencias y que necesitan atención urgente, pero que no encuentran respuesta en el sistema de salud actual, que tiene otros tiempos de implementación.

Pérez se refirió al ensayo clínico que se comenzó a desarrollar en el Hospital Garrahan, que incluye a 100 niños con epilepsia refractaria que serán tratados con un fármaco elaborado por el laboratorio canadiense APHRIA, que lo donará durante todo el estudio y para todos los pacientes en los que se demuestre que funciona. Si bien celebró que se avance con esta iniciativa, y por los pacientes que pueden beneficiarse con este tratamiento, Pérez dijo que la cantidad de pacientes es muy limitada frente a las 2.000 consultas que reciben por mes en la organización que dirige, y cuestionó que, además, “se trata de un proyecto de investigación de algo que ya está investigado” en otras partes del mundo.

Según Pérez, las familias se acercan al autocultivo “por necesidad y desesperación”. La planta puede ser cosechada en solo cinco o seis meses: “Son 15 minutos por día que proponemos, para poner las manos en la tierra y hacernos cargo de nuestra salud y la de nuestra familia”, dijo el cultivador y recordó que, mientras se sigue criminalizando el autocultivo, se celebran anuncios como el de la provincia de Jujuy, donde se destinarán 14.000 hectáreas para cultivar cannabis a través de la asociación de una empresa canadiense con el Gobierno provincial. “Nada nos resuelve que la gente necesita el aceite de cannabis hoy”, reiteró Pérez.

“Necesitamos que la ley sea justa de verdad y que haya apoyo a las cientos de personas que necesitan ayuda”, coincidió Adriana Funaro, activista, cultivadora y usuaria terapéutica de cannabis, y sostuvo que hay muchas personas, con distintos saberes, que quieren trabajar para encontrar soluciones de manera comunitaria.

“Se puede, porque es una planta y, si se tejen redes con cultivadores, médicos y usuarios, se llega. Pero hay que cambiar la ley”, dijo Funaro y recordó que, ya en el año 2002, reclamaban por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que se refiere al uso privado: “Es nuestro derecho pero era mucho mas difícil por los prejuicios que había. Mucha gente me planteaba que la planta que se fuma no es la misma que la que se usa como medicina. Pero sí, la misma planta que puede dar una sonrisa recreativa es la que saca un dolor o hasta una convulsión”, explicó.

Hecha la ley, hecha la ciencia

Los beneficios y usos medicinales del cannabis se han hecho públicos y conocidos en el país, principalmente, de la mano de quienes empezaron a probarlo desafiando la legalidad y que, tras reiterados reclamos y movilizaciones, promovieron la aprobación de la Ley 27350, en marzo de 2017, que fue reglamentada recién a principios de este año y que define un plan de investigación científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

“Las madres en el Congreso con sus remeras y sus experiencias, sus videos de los niños en los que mostraban cómo estaban antes y después de tomar cannabis medicinal, todos los registros que podrían tildarse de posverdad, que hacen peligrar a la racionalidad científica y democrática, en este debate parlamentario tuvieron una efectividad mucho más grande para que saliera la ley que la discursividad basada en evidencia científica”, sostuvo la investigadora Lucia Romero, del Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes (IESCT-UNQ), que desde hace unos años analiza la participación e interrelación de distintos saberes durante el proceso de aprobación de dicha ley. Según Romero, los expertos estuvieron presentes, pero más “como una certificación y un apoyo necesario”.

A partir de la reglamentación de la ley se formó una red transdiciplinaria, de la cual surgieron al menos tres líneas de investigación: una dedicada a hacer ensayos clínicos, otra que estudiará los aspectos agronómicos de la planta y una tercera dedicada a estudios analíticos de cuantificación del aceite. “Faltaría una cuarta línea para relevar lo que muchas veces hacen las organizaciones cannábicas: qué usan los usuarios y por qué, cuántos son, cómo consiguen los aceites, qué tipo de aceites consumen, por qué dolencia o enfermedad se acercan. Hacer un observatorio de las organizaciones civiles especializadas en cannabis medicinal y conocer esa realidad, que es la de los usuarios, así como relevar todos los proyectos de extensión que se formularon en las universidades en torno a este tema”, explicó Romero.

La investigadora de la UNQ se preguntó cuáles fueron las motivaciones para empezar a investigar en este tema y cómo surgieron esas agendas en el lapso de tres años, cuando antes no existían proyectos sobre cannabis. “Mi hipótesis es que surgieron por un significado claro de utilidad social de la investigación, atado a una problemática que durante el año 2016 movilizó mucho a gran parte del público argentino, con las madres, los niños con epilepsia, las personas que sufren dolor y una medicina tradicional que no logra cubrir sus expectativas”, afirmó. Y advirtió que, en general, estos proyectos cuentan con la participación de ONGs y organizaciones civiles de pacientes, y que muchos de ellos se desarrollan desde los sectores de extensión de las universidades públicas, que no han sido incluidas en una ley que prevé que la investigaciones se hagan en el INTA y el CONICET.

“Durante el proceso de reglamentación de la ley se creó una red mixta de investigadores científicos, miembros de asociaciones cannábicas, de pacientes y usuarios, que era transdisciplinar sino que había gente por fuera de esa división disciplinar, y que estaban ahí sentados discutiendo sobre cómo reglamentar esta ley”, recordó Romero, pero eso “duró muy poco tiempo y desde el CONICET y el entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología armaron una red Argentina de Cannabis Medicinal, de la que quedaron afuera las organizaciones de usuarios”.

«Hay conocimientos artesanales de los usuarios que le sirven al investigador, que son novedosos e innovadores y son los que aportan novedad e informan a los científicos”, afirmó Romero. “Están en el mundo de los cultivadores y no son fáciles de captar, entre otras cosas porque quedaron fuera de la red y de la reglamentación. Por eso sería interesante saber si son tomados en cuenta o no y cómo se contrastan con el conocimiento de médicos, técnicos y biólogos”, agregó.

En la práctica esos conocimientos también contrastan con los de otros ámbitos del conocimiento, como los jurídicos, algo que la abogada Victoria Baca Paunero dejó en claro al relatar su inserción en el mundo del cannabis luego de conocer a Funaro, a quien defiende desde que en febrero de 2017 fue detenida tras la denuncia de un vecino, acusada de vender marihuana, y que fue sobreseída hace apenas 10 días por la justicia de Lomas de Zamora, en un fallo unánime en el cual los jueces reconocieron el valor del autocultivo y del cultivo solidario, y resaltaron que ambas prácticas no violan el artículo 5 de la Ley de drogas 23.737 (que se le había imputado a Funaro), que castiga a quien siembre, cultive y produzca con fines comerciales.

“Para entender de qué se trata el cannabis no hay libros de Derecho y ese es el principal obstáculo que tienen los operadores judiciales”, dijo Baca Paunero, que trabaja en el el departamento judicial con mayor litigiosidad de la Argentina y el tercero con mayor litigiosidad de América Latina, luego de México y Río de Janeiro, adonde, según detalla, una defensoría oficial tiene un promedio de entre 80 y 100 personas detenidas de manera simultánea. “Además, hay que romper con esa cuestión de que algo está bien o mal según tu propia ideología. Acá hay una cuestión jurídica clara, un tema que tiene que ver con el derecho y con un análisis del derecho a la salud, no con una cuestión ideológica. Hay argumentos que no tienen que ver con el gusto personal de uno, el abogado tiene que tener un argumento jurídico diferente, y para mí Argentina tiene un argumento clarísimo por el cual esto no puede ser delito”, dijo la especialista y destacó la “participación fundamental” de las asociaciones de cultivadores, que la apoyaron en todo el proceso.