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Agencia TSS – El golpe institucional contra Dilma Rousseff, la persecución del PT (Partido de los Trabajadores) y la prisión de Lula da Silva tienen consecuencias estratégicas de gran implicancia para el mayor país de América Latina. Durante los gobiernos del PT (2003-2016), Brasil comenzó a cohesionar su frente social interno al sacar a 40 millones de ciudadanos de la pobreza y empezó a proyectarse como una potencia con aspiraciones globales, pero dotada de una agenda más próxima a la visión y los intereses de los países periféricos, en prudente pero firme desafío a las políticas de Estados Unidos.

Un Brasil potencia mundial requería de un sistema de defensa acorde con su nuevo rol y eso implicaba un considerable desarrollo científico-tecnológico autónomo en el sector. Con importantes antecedentes en décadas pasadas, la política del PT dio un nuevo impulso a un complejo industrial tecnológico para la defensa que comenzó a cosechar importantes logros. A dos años de la restauración conservadora más brutal desde la dictadura que asoló al país entre 1964 y 1985, empiezan a percibirse claros indicios de una claudicación estratégica de las élites brasileñas que impacta de lleno en los actores que podían asegurar los recursos tecnológicos para la defensa del país.

Estrategia, defensa y tecnología

En 2008, el Gobierno de Lula emitió un documento con la Estrategia Nacional de Defensa (END), que sería revisado y actualizado cuatro años más tarde. En ese texto, elaborado por el Ministerio de Defensa de Brasil junto con sus Fuerzas Armadas, se sentaban los principios doctrinales que debían orientar la construcción de un sistema de defensa de acuerdo con la envergadura que adquiría el país. Entre las acciones que la END fijaba como prioritarias se encontraba la reorganización de la base industrial para la defensa, a fin de “dar prioridad al desarrollo de capacidades tecnológicas independientes” y “subordinar las consideraciones comerciales a los imperativos estratégicos”.

La confirmación, en 2010, de que en el litoral marítimo del sudeste brasileño se ocultaba una de las reservas petrolíferas aún no explotadas más importantes del mundo, el Presal, incrementó aún más la determinación de la dirigencia del país para constituir un sistema de defensa que pudiera contener cualquier amenaza potencial.

Brasil había venido construyendo un sector industrial para la defensa de cierta envergadura, asentado en empresas de diverso porte, que en los años ochenta había tenido un éxito exportador significativo. Sin embargo, esa experiencia había desembocado en la crisis económica de varias de las empresas que lo protagonizaron. Las causas no solo tenían que ver con los problemas económicos del país, sino también con el hecho de que el mercado internacional de la defensa requiere de enormes espaldas financieras por parte de las empresas y de una gran capacidad de lobby político de los países a las que pertenecen, para poder resistir la competencia de las grandes potencias, los largos ciclos de venta y la constante inversión en investigación y desarrollo necesaria para no quedarse rezagado.

Aquella experiencia brasileña durante los ochenta no había contado con esos elementos, lo que dificultó su consolidación. Además, el propio mercado interno, al ser Brasil un país de ingreso medio, no era lo suficientemente robusto para sostener las capacidades industriales y tecnológicas que requerían sus intereses políticos.

La solución planteada por el Gobierno de Lula frente a las antiguas dificultades fue orientar la reorganización del sector industrial-tecnológico para la defensa brasileño a través de dos líneas de trabajo. Por un lado, conformar un conjunto muy reducido de grandes empresas, fuertemente diversificadas en el sector civil, que incorporaran negocios militares en sus actividades. Y, junto con ellas, apoyar a un conjunto de pymes tecnológicas que aportaran innovación a la industria.

Las dos empresas troncales sobre las que se basó esta estrategia fueron Odebrecht y EMBRAER. La primera, la más grande constructora brasileña (hoy involucrada en casos de corrupción en diversos gobiernos de América Latina) y diversificada en múltiples sectores y países, desde los seguros hasta la industria plástica, pasando por la ingeniería civil y la naval. La segunda, una de las mayores diseñadoras y fabricantes de aviones del planeta, con una presencia en el sector de defensa desde sus primeros años de existencia. En una segunda línea venían empresas de mediano porte, como Avibras. En varios proyectos, estas empresas se encuentran asociadas entre sí.

Las capacidades cosechadas

En los últimos años, el Ministerio de Defensa de Brasil puso en marcha nueve proyectos estratégicos, tres por cada Fuerza Armada (ver «Principales proyectos…»). Con presupuestos de varios miles de millones de dólares, estas iniciativas buscaban que Brasil diera un salto cualitativo en sus capacidades tecnológicas e industriales para la defensa. Cuando los recursos para alcanzar los objetivos planteados no se encontraban en el país, se salió a buscarlos en el extranjero. Así, se decidió la compra de 36 aviones caza-bombarderos a la sueca Saab. El acuerdo fue acompañado de cláusulas de transferencia tecnológica (offset), principalmente en favor de EMBRAER, en rubros como aviónica e ingeniería del vuelo supersónico. La meta era que Brasil iniciara el proceso para dotarse de las capacidades para poder diseñar en el mediano plazo su propio avión supersónico de combate.

En el ámbito naval, se firmó un contrato con la francesa DCNS (hoy llamada Naval Group) para la compra de cinco submarinos de última generación clase Scorpene, cuatro de ellos diésel eléctricos y un quinto nuclear, todos a construirse en territorio brasileño. El proyecto, denominado PROSUB, también implicaba levantar un astillero, ICN (Itaguaí Construcoes Navais), en la bahía de Sepetiba, en el sudeste de Rio de Janeiro, para fabricar los submarinos. ICN es una empresa de Odebrecht, también la principal responsable de la construcción de los Scorpene brasileños.

La red de empresas comprometidas en proyectos estratégicos para la defensa pertenecientes a Odebrecht o EMBRAER es variada y va más allá de los proyectos mencionados, como es el caso de Mectron. Se trata de una empresa mediana, comprada en 2011 por Odebrecht, que ha desarrollado y fabrica avanzados misiles aire-aire de guiado infrarrojo como el MAA-1 Piranha, o el A-Darter, este último en sociedad con la empresa sudafricana Denel y participación de Avibrás y Opto Electrónica. Mectron también cuenta con un acuerdo con la franco-italiana MBDA para la fabricación de los misiles antibuque AM-39 y MM40 Exocet, célebres por su desempeño en la Guerra de las Malvinas, y está desarrollando un torpedo de ataque para los Scorpene brasileños.

Por su parte, EMBRAER lleva adelante el desarrollo del KC-390, un avión de transporte militar, y produce, en sociedad con Saab, una aeronave con un radar aerotransportado de alerta temprana, el EMB-145 AEW&C, además de fabricar el probado avión de entrenamiento avanzado y apoyo cercano, el EMB-314 Super Tucano. A través de su subsidiaria Bradar, EMBRAER también desarrolla y fabrica radares militares, y otra de sus empresas, Savis, es la principal proveedora del SISFRON, el proyecto para establecer un sistema completo de control de las fronteras brasileñas.

Golpear la base

La llegada de Michel Temer a la presidencia de Brasil, tras el golpe institucional a Dilma, inició un proceso de retroceso en las aspiraciones autonomistas brasileñas. En 2016, el Congreso le sacó a la estatal Petrobras el monopolio sobre las reservas del Presal, habilitando el ingreso de petroleras extranjeras para la explotación del área. En lo relativo al desarrollo tecnológico para la defensa comenzaron a visualizarse similares movimientos.

El 5 de agosto de 2016, el CADE (Consejo de Administración de Defensa Económica), un organismo regulatorio del Estado brasileño, aprobó la venta por parte de Odebrecht de la división de comunicaciones militares de Mectron a Elbit, la mayor empresa de defensa privada de Israel, en una operación que todavía no está cerrada.

Al año siguiente, comenzaron las negociaciones para la adquisición de EMBRAER por parte del fabricante de aeronaves, satélites y armamento norteamericano Boeing. La noticia provocó un gran revuelo en Brasil ya que implicaba extranjerizar una empresa emblemática del país y central para su base tecnológica industrial-militar. Desde la privatización de EMBRAER, en 1994, el Estado brasileño conserva una acción de oro (golden share) que le permite vetar cualquier decisión estratégica sobre la compañía.

La Fuerza Aérea de Brasil (FAB) expresó su oposición a la venta y el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, se manifestó en el mismo sentido. Las tratativas entre las dos compañías se estancaron y, lo que parecía un acuerdo de compra, comenzó a cambiar hacia una aparente asociación para crear una nueva empresa que manejaría los negocios de aviación civil de EMBRAER, pero dejando afuera a su subsidiaria EMBRAER Defensa & Seguridad. Algo bastante difícil de concebir dado que lo civil y lo militar están profundamente entrelazados en la compañía con sede en Sao José dos Campos.

La posibilidad de la adquisición de EMBRAER por Boeing, cuyo acuerdo final parecería estar cerca de celebrarse, no sólo causó alarma en Brasil. En Estocolmo también se prendieron las luces rojas. El 25 de enero de 2018, el presidente de Saab, Hakan Buskhe, se entrevistó con Jungmann en Brasilia para expresarle su preocupación de que dicha adquisición pudiera poner en riesgo secretos tecnológicos del Gripen, lo que sería una causal de revisión del contrato de provisión entre el fabricante sueco y Brasil.

Chau burguesía paulista

En los análisis sobre las clases empresarias latinoamericanas ha sido un lugar común destacar que la burguesía industrial brasileña, encabezada por su rama de San Pablo, se distinguía de sus homólogas de la región por una fuerte vocación desarrollista y nacionalista, aunque no por eso menos explotadora en términos sociales. Sin embargo, lo que está ocurriendo con Odebrecht y EMBRAER muestra que el problema de la extranjerización de las capacidades en un sector estratégico como la defensa no es solo producto del desinterés del Gobierno brasileño, sino también de una élite económica que ha preferido una posición subordinada a cambio de que las potencias centrales la ayuden a mantener el “orden en casa”. Esto se traduce en evitar la consolidación de un proceso de inclusión y desarrollo social que había puesto en marcha el PT y amenazaba sus privilegios tradicionales.

En este escenario se asiste a actitudes increíbles. El 9 de abril de 2018, en una nota del diario Folha de Sao Paulo sobre cómo la crisis económica y la Operación Lava Jato está afectando a la industria de la defensa y la seguridad en Brasil, Frederico Aguiar, presidente de ABIMDE (Asociación Brasileña de Industrias de Materiales de Defensa y Seguridad), declaraba, “tengo frigoríficos asociados aquí, al final los militares necesitan comer”, en alusión a la reconversión empresaria en la que están pensando para sortear la crisis.

Los miembros de ABIMDE solían exponer orgullosos en las ferias de tecnología militar y de seguridad de la región y el mundo, realizadas en años anteriores, los ambiciosos planes de la industria brasileña del sector. Sin embargo, ahora parecen estar resignados a ser proveedores de viandas para los soldados.