CONICET: como bola sin manija

La incorporación de los aspirantes que no ingresaron al CONICET en 2016 como docentes en universidades nacionales presenta interrogantes sobre cómo será implementada y es cuestionada por los afectados por el recorte. También abre nuevos debates en la política pública sobre el rumbo del organismo y el desarrollo territorial.

Por Vanina Lombardi  
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Agencia TSS — En mayo pasado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT) presentó una propuesta basada en un acuerdo con el Ministerio de Educación y Deportes para “la creación de 410 cargos docentes destinados a los candidatos a la carrera de investigador que no ingresaron al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en 2016”. La iniciativa, que para los afectados viola el acuerdo firmado en diciembre con el MINCYT, también presenta interrogantes sobre su implementación.

Tras la última reunión del Comité Ejecutivo y del Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) el 5 de junio pasado, representantes del CIN se reunieron con sus pares de los ministerios de Ciencia y Educación. “Se va a implementar un programa de adhesión voluntaria de las universidades, como suelen ser en general todos los programas que maneja la SPU la Secretaría de Políticas Universitarias, en el que habrá disponible una cantidad de cargos para incorporar a algunos de estos más de cuatrocientos becarios que quedaron con una prórroga de un año”, le dijo a TSS Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy y presidente del CIN, al ser consultado sobre dicho encuentro.

Su colega Juan Carlos del Bello, vicepresidente de la Comisión de Ciencia, Técnica y Arte del CIN y rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), también formó parte de esa reunión y destacó que “el CIN fue meramente informado y no va a intervenir: será un programa del Ministerio de Educación en función de las facultades que tiene el Poder Ejecutivo de hacer política pública”.

«Habrá disponible una cantidad de cargos para incorporar a algunos de estos más de cuatrocientos becarios que quedaron con una prórroga de un año», dijo el titular del CIN y rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi.

Del Bello también dijo que las autoridades del CIN están preparando un documento sobre ese encuentro para darlo a conocer ante el resto de las autoridades universitarias, aunque reconoció que no cuentan con un documento oficial que detalle las características que tendrá el programa de inserción de los investigadores que quedaron fuera de la convocatoria.

Por el momento, lo trascendido no dista demasiado de lo que ya se conocía: que se abrirían cargos de jefe de trabajos prácticos (JTP) con dedicación exclusiva e interinos, a los cuales cada investigador podrá luego concursar o no. También se sabe que será un programa de la SPU financiado por el Ministerio de Educación con fondos del presupuesto 2018, “que no va a ser consensuado con el CIN y al cual las universidades autónomas, libremente, decidirán si se pliegan o no”, según afirmó Del Bello.

Quienes ingresen “van a seguir haciendo investigación y docencia, como hacen quienes tienen dedicación exclusiva en las universidades. Muchos de ellos ya tienen cargos en el sistema de educación superior porque su beca incluía un cargo con dedicación simple. En esos casos no sé, probablemente se les aumentará la dedicación”, supuso Tecchi y agregó que las universidades que acepten ingresar al programa recibirán fondos para cubrir los sueldos docentes. Además, a los becarios que ingresen en esas condiciones se les daría un subsidio para investigación y equipamiento, además de facilidades para radicarse en el interior del país.

“Es un problema formidablemente complejo”, dijo Del Bello, rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

“¿En qué universidades estarán? No necesariamente en las que se postularon, dependerá de la naturaleza del programa”, advirtió el rector de la UNRN en relación con una de las preocupaciones centrales que plantearon los representantes de la Red Federal de Afectados del CONICET durante el último encuentro del CIN, del que pudieron participar y en el que transmitieron sus inquietudes. “¿Cómo van a repartir esos cargos entre las universidades? Si hay más de cien investigadores de la Universidad de Buenos Aires que quedaron afuera y solo se otorgan setenta cargos, ¿qué pasará con el resto? Si tienen que trasladarse a una universidad en el interior del país, ¿cómo se implementará eso? Muchos de nosotros ya tenemos familias, por lo que entonces habría que trasladar al grupo familiar entero”, cuestionó la doctora en Sociología Florencia Arancibia, una de las afectadas por el ajuste en el CONICET que estuvo presente en la reunión del CIN.

Según los investigadores afectados, este traspaso a las universidades implicaría recibir un salario sensiblemente inferior al que percibe un investigador del CONICET para desarrollar tareas abocadas principalmente a la docencia y no a la investigación, y con un tipo de contratación precaria, dado que ingresarían en carácter de docentes interinos. Todos estos aspectos no cumplen con el punto 3 del acta firmada el 23 de diciembre del año pasado, gracias a la cual se levantó la toma de cinco días en el MINCYT.

“Es un problema formidablemente complejo”, dijo Del Bello y confesó que, para los rectores de las universidades nacionales, el cuestionamiento de los representantes de los afectados resultó “bastante incómodo” porque plantearon que el cargo de profesor implica un menor ingreso que el de investigador de CONICET, “lo que menosprecia al docente universitario”, que, cuando tiene un cargo de tiempo completo, “además de investigar tiene que dar clases y preocuparse por los alumnos”. También aclaró que, desde el punto de vista de los rectores, la pregunta es por qué incorporar cargos docentes para estos investigadores cuando en sus instituciones ya tienen profesores que hace años reclaman un aumento por dedicación para hacer investigación y las universidades no tienen recursos para dárselos.

El rector de la UNRN consideró que esta disputa va más allá de este problema puntual. “Alguien puede interpretar que es un problema de financiamiento, pero, si así fuera y si va a haber fondos, ¿por qué no ingresan a la carrera de investigador?”, se preguntó. Y reclamó por una política más federal: “El CONICET concentra la atención en muy pocas universidades y se olvida de que hay 56 y que se trata de un país federal: actualmente, de 7141 investigadores en universidades nacionales, el 50% está en tres de ellas: Buenos Aires, Córdoba y La Plata. De los 410 investigadores que no pudieron ingresar, el 45% corresponde a esas mismas tres. Además, el CONICET no tiene políticas explícitas focalizadas en el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas en los lugares de menor desarrollo relativo”.

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