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Agencia TSS – Un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) detectaron niveles elevados de glifosato en el agua de dos perforaciones que abastecen a cuatro escuelas y un jardín de infantes de Sierra de los Padres, en el partido de General Pueyrredón. “Nos sorprendió este resultado porque las perforaciones de establecimientos educativos están bien construidas y se hacen con profesionales matriculados de acuerdo con características constructivas reglamentarias, que hacen que el agua subterránea que se extrae de ahí sea más segura”, afirmó Leonardo Lupi, director del Grupo Aguas, de extensión universitaria.

Según Lupi, estas muestras presentan cantidades superiores a las establecidas por la normativa europea, que establece que, para generar agua potable de las fuentes de agua subterránea, estas no pueden tener más que 0,1 microgramos de glifosato por litro (aunque la regulación nacional tolera hasta 280 microg/l, unas 2800 veces por encima de la norma europea, tal como lo indica la Ley 24.051).

En el mismo muestreo, los investigadores también encontraron altos niveles de nitratos, que si bien pueden aparecer por contaminación natural debido a heces de animales, por ejemplo, en zonas agrícolas como la estudiada se asocian al uso de fertilizantes, que por escurrimiento o lixiviación llegan a las aguas superficiales o subterráneas. “El nitrógeno que está contenido en la materia viva genera nitratos o nitritos en el proceso de oxidación, pero en las zonas donde hay producción agraria extensiva e intensiva se supone que la primera fuente de nitrato es la actividad agrícola, ya que estas sustancias también pueden provenir de fertilizantes como el nitrato de amonio, porque las plantas necesitan nitrógeno como nutriente y muchas veces se aplica de manera externa”, agregó Lupi, que es doctor en Química por la UNMDP.

En total, el grupo analizó muestras de siete perforaciones que abastecen a once establecimientos educativos, que tomaron y analizaron durante el año 2019, hasta que la llegada de la pandemia obligó a interrumpir las tareas de campo y laboratorio. Mientras tanto, durante el año pasado, este grupo de extensión interdisciplinario compuesto actualmente por 15 integrantes (entre investigadores, estudiantes y docentes, principalmente de Biología, Química y Bioquímica, pero también de Arquitectura, Geografía, Abogacía, Medicina, Trabajo social y Comunicación) trabajó de manera virtual en la redacción del primer informe técnico.

Las primeras conversaciones con la comunidad habían comenzado en el año 2016 y, posteriormente, elaboraron y presentaron el proyecto. En el caso de los colegios, para poder acceder a tomar las muestras tuvieron que solicitar autorizaciones al Consejo Escolar. “Eso fue lo más complejo, ya que tardamos alrededor de un año entre que presentamos la primera nota y recibimos la primera autorización”, recordó el docente y extensionista, que integra el grupo desde sus orígenes, cuando todavía era estudiante. Durante este proceso también se hicieron charlas y encuentros con la comunidad, para generar conciencia y trabajar sobre las demandas particulares. Por ejemplo, realizaron encuentros con especialistas en Microbiología y Geología, y también con abogados, con relación al derecho al agua.

“Entendemos a la extensión universitaria como un servicio para abordar problemáticas sociales en las que la universidad tiene algún tipo de capacidad de respuesta en función del conocimiento que genera o puede producir, pero pensado como un intercambio colaborativo con quienes las están sufriendo”, dijo Lupi, y destacó que la búsqueda de plaguicidas surgió por una demanda de la comunidad, ya que hasta entonces no medían ese tipo de contaminantes en sus trabajos.

En un estudio previo, por ejemplo, el Grupo Aguas había analizado indicadores de contaminación microbiológica (es decir, por bacterias) y por nitratos en perforaciones de agua de barrios períféricos y rurales, que no poseen agua de red ni servicios cloacales. En esa oportunidad, detectaron que más del 70% de las muestras no eran aptas para consumo.

“Nuestro vínculo no termina con el informe técnico. Desde nuestro lugar de investigadores, docentes y extensionistas también nos interesa que el vecino entienda por qué el plaguicida está en ese lugar, cómo puede haber llegado ahí y cuáles son las posibles soluciones desde un lugar técnico, así como las cuestiones políticas detrás de la normativa y las preocupaciones ambientales de fondo”, agregó el especialista.

En cuanto a las soluciones técnicas, por ejemplo, Lupi mencionó tres  posibilidades principales, cada una con distintos niveles de participación comunitaria o de políticas públicas: una es el uso de filtros de manera individual, la otra es llevar agua potable de otras zonas no contaminadas a través de tendidos de agua de red y, una tercera alternativa, más a largo plazo, implicaría modificar el modelo productivo agroindustrial, basado en agroquímicos y tecnologías transgénicas.

Según el Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur, elaborado por Acción por la Biodiversidad en mayo de 2020, existen al menos 61 eventos transgénicos aprobados en la Argentina, y estos cultivos (principalmente de soja, maíz y algodón) ocupan más de 24 millones de hectáreas del territorio nacional. Sobre ellos, durante 2017 se esparcieron 240 millones de kg/l de glifosato (casi siete veces más que los 35 millones de kg/l que se aplicaron en 1997), a los que habría que sumarles otros herbicidas utilizados, como el paraquat, clorpirifos, mancozeb e imidacloprid (que son los más importados), y la cuestionada atrazina, cuyo crecimiento en la Argentina fue acelerado, tal como detalla esta publicación a partir de datos oficiales de SENASA. En el año 2013, se importaron 51.350 litros de atrazina (principio activo), mientras que en 2015 fueron 2.060.500 litros y en 2017 se multiplicó a 5.359.000 litros.

Todos esos químicos que son desparramados por tierra también pueden llegar a las aguas y poner en riesgo la salud de las personas y el ambiente. Sin embargo, “la problemática de las fumigaciones suele preocuparle a un grupo pequeño, mientras que la mayoría de la gente nos dice cosas como ´es lo que hacen siempre’ o ´es como produce el país y eso no se puede cambiar´, aunque cuando ven los resultados se sorprenden y es como si necesitaran ver el informe técnico para considerar que el agua subterránea se está contaminando y que no es potable”, detalló Lupi, según las reacciones de la comunidad durante los trabajos del grupo.

Además, agregó que, si bien durante los más de diez años en los que han estado trabajando con las comunidades de la zona se han multiplicado las asambleas de vecinos preocupados por el ambiente, las prácticas productivas todavía “pasan desapercibidas porque usualmente se promueven prácticas contaminantes que se naturalizan y generan la creencia de que no hay otra forma de producir, aunque sí la hay”.

También hay evidencia científica que refleja el impacto contaminante del agronegocio en distintas partes del país y los riesgos que esto implica. Un informe publicado a mediados del año pasado, elaborado por estudiantes y docentes de distintas facultades de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), detectó la presencia de plaguicidas en escuelas rurales del partido de Tandil, en la provincia de Buenos Aires.

Otro caso se conoció a principios de este año, cuando investigadores del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL) publicaron un artículo científico en el que dan cuenta de los efectos de algunas de estas sustancias químicas en anfibios.

En el año 2019, investigadores de ese mismo laboratorio de Entre Ríos habían dado cuenta de los daños que provoca en anfibios la interacción entre pesticidas y arsénico en el agua, e incluso antes, en 2016, investigadores del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (FCE-UNLP), habían encontrado niveles de glifosato elevados en los sedimentos del río Paraná, que en total recorre más de 4000 kilómetros a lo largo de varias provincias del país: Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

En General Pueyrredón, en el año 2016, la Justicia Federal prohibió el consumo de agua de la escuela Nro. 51 del Paraje San Francisco (que aún hoy recibe bidones de agua que el Consejo Escolar le compra a Obras Sanitarias S.E. de Mar del Plata) porque comprobaron que contenía altos niveles de fenoles y nitratos, ambos vinculados al uso de agroquímicos.

A pesar de estas evidencias, todavía no existe una legislación nacional que regule de manera unificada el uso de agroquímicos en la Argentina. En General Pueyrredón, por ejemplo, hay una ordenanza municipal que prohíbe que haya fumigaciones a menos de mil metros de “núcleos poblacionales”, aunque en la práctica esto no siempre se cumple. “Eso es lo que denuncian los vecinos”, advirtió Lupi. Y finalizó: “Tenemos que tener conciencia de que el agua es un bien común indispensable para la vida. Las comunidades deberían tener la posibilidad de decidir sobre las legislaciones ambientales, y para eso tienen que tener conocimiento sobre los procesos de contaminación y los riesgos ambientales del espacio en el que viven”.