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Agencia TSS – “Hoy, comer un guiso es un lujo”, dijo Deolinda Carrizo, que integra el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, durante la presentación de “Rascar la olla, Informe sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en los primeros meses del gobierno de Milei”, elaborado por investigadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a la Fundación Rosa Luxemburgo. El relevamiento, que fue presentado este jueves, busca dar cuenta de la problemática alimentaria de manera integral, con el objetivo de examinar el desmantelamiento de políticas, organismos y leyes que afectaron de forma directa o indirecta a la producción de alimentos.

“Las políticas alimentarias del Gobierno nacional comprometen el derecho a la alimentación, la seguridad y la soberanía alimentaria; el vaciamiento de las políticas agroalimentarias afectó especialmente a los sectores más vulnerables”, sostuvo el investigador Federico Orchani, del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS y uno de los autores de este trabajo, y destacó que la Argentina lidera el ranking de inflación nominal en alimentos, según el Banco Mundial.

Tal como detalla este informe, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el costo para preparar un guiso aumentó un 151% y tomar una taza de mate cocido con leche y pan implica un incremento del 147% en el gasto. Solo la leche en polvo aumentó un 166%, en ese mismo período en el que, en general, los precios al consumidor aumentaron un 111%. Mientras tanto, las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1300% y el complejo exportador de granos un 4900%. Sin embargo, la participación del productor en el precio final disminyó de un 12% en marzo de 2023 a entre un 5% y un 8% en junio de 2024.

“Con el salario mínimo, vital y móvil o con una jubilación mínima, en julio de este año era posible preparar un 27% menos de porciones de guiso que en noviembre del año pasado, eso equivale a 118 platos menos de guiso; y ahora la tarjeta alimentar alcanza para un 25% menos de tasas de mate cocido con leye y pan”, detalló Orchani y advirtió que a esto habría que sumarle todas las medidas de pérdida del poder adquisitivo y el aumento de la pobreza, “que impactan especialmente sobre los sectores más vulnerables, y que además se haya cortado el envío de alimentos a los comedores, parroquias y otras instituciones sociales”.

Según datos del INDEC, en el primer semestre de 2024 la pobreza creció 11,2 puntos y al menos 5.379.588 personas no llegan siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos. Además, según un informe de UNICEF de abril de 2024, un 52% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, lo que representa un aumento de 11 puntos con respecto a 2023 y de 26 puntos, en comparación con julio de 2020, durante la pandemia; mientras que según datos actualizados de ese mismo organismo, en agosto había más de un millón de niños, niñas y adolescentes que se iban a dormir sin cenar, mientras que entre las personas adultas, un 30% tuvo que saltarse una comida.

Esta situación se vuelve más alarmante si se tiene en cuenta que, según un relevamiento de la organización Barrios de Pie, cerca de 15.000 espacios de contención alimentaria dejaron de operar. Además, se ha reducido la cantidad de días y comidas que estos lugares ofrecen, así como la calidad de los alimentos entregados por el Estado o adquiridos por las organizaciones. Al respecto, Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos y la Unión de Trabajadores de la Economìa Popular (MTE –UTEP), detalló que en 2020, cuando la ciudadanía debía permanecer aislada por la pandemia por Covid-19, en uno de los comedores que sostienen en Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, daban alrededor de 3000 raciones de comida. En ese entonces, contaban con asistencia del Estado. “Hoy, estamos dando entre 4500 y 5000 raciones, y no tenemos ningún tipo de asistencia”, detalló.

Relevamiento integral, desde la producción hasta el plato

El informe presentado por CELS muestra un detallado relevamiento de 111 políticas públicas vinculadas a los alimentos, ya sea desde la producción, el acceso o el apoyo al consumo popular. En detalle, de 49 de las 51 políticas relativas a la producción implementadas fueron en detrimento de la producción mientras que las dos restantes, que son favorables están actualmente amenazadas. Uno de los ejemplos más significativos es la intervención y el vaciamiento del Instituto Nacional para la Agricultura Familiar Campesina Indígena, adonde fueron despedidos la mayoría de los trabajadores.

“El organismo tenía alcance nacional y realizaba un aporte técnico fundamental en cada provincia, proveyendo un aporte técnico clave para los pequeños productores”, lamenta Orchani y advierte que hay otras medidas que hoy se encuentran amenazadas. “La sanción del RIGI, que promueve una serie de exenciones y de beneficios para las grandes inversiones, somete a los territorios y a las tierras, muchas de las cuales se utilizan para la producción de alimentos”, ejemplificó el investigador, y agregó que esto va en sintonía con el intento de derogar la legislación para evitar la extranjerización de tierras mediante el DNU 70/2023, que hoy se encuentra judicializado.

En cuanto a las políticas vinculadas al acceso a los alimentos, el relevamiento detectó 27 medidas implementadas en perjuicio de la población, como el cierre del Observatorio de Precios, cuya función era monitorear y relevar los precios; la eliminación de la Ley de Góndolas, que democratizaba y garantizaba el acceso de productos de cooperativas y pequeños productores a los supermercados; la supresión de la Ley de Abastecimiento, y la discontinuidad del Plan Federal de Ferias y del programa Mercados de Cercanía, entre otros.

De manera similar, en cuanto a las polìticas destinadas al consumo comunitario, 30 de las 34 polìticas relevadas por el informe de CELS fueron en perjuicio del apoyo al consumo popular, una de ellas está en riesgo de ser discontinuada y solo tres han sido reforzadas en términos presupuestarios. Todo esto muestra un congelamiento de las políticas de transferencias indirectas de alimentos a organizaciones de la sociedad civil.

“Se han congelado las políticas de transferencias indirectas a organizaciones sociales y de la sociedad civil, como los programas Alimentar Comunidad, Abordaje Comunitario y Asistencia a Comedores y Merenderos Comunitarios, que se han interrumpido de hecho, dejando sin apoyo a estos espacios de contención alimentaria”, ejemplificó Orchani y detalló que solo fueron reforzadas las políticas de transferencia directa, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el Programa de los 1000 días, “que en un contexto de fuerte pérdida de poder adquisitivo y de alta inflación resultan claramente insuficientes”, destacó.

Según el informe, la interrupción de esos programas afecta a más de 40.000 espacios registrados en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM). Además, se ha eliminado el programa ProHuerta, que desde hace más de 30 años promovía el desarrollo de huertas y granjas familiares, comunitarias y escolares para la autoproducción de alimentos frescos, y se discontinuaron el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre y el Programa Alimentario PAMI.

También se han congelado otros programas como Nex y Potenciar Trabajo, a lo que se suman otras medidas como la desregulación el precio de la garrafa de gas, que es la fuente de energía que se utiliza en comedores y barrios populares. Según el informe, esto resultó en un aumento del 31,8% en agosto de 2024, con respecto a enero del mismo año. En paralelo, se redujo la cantidad de beneficiarios del Programa Hogar, que subsidia el 80% del valor de la garrafa para sectores populares.

Ante este panorama que se muestra desolador, Orchani aclara que el informe considera políticas del Gobierno nacional, pero que en distintas provincias y municipios existen políticas que garantizan el derecho a la alimentación que se sostienen, “y eso es muy importante”. Además, destacó que las organizaciones de trabajadores y de productores, tanto rurales como urbanos, llevan adelante experiencias que apuntan a garantizar la soberanía alimentaria e impulsar una alimentación de calidad mediante distintos mecanismos de consumo alternativo, como redes de comercio justo y mercados de cercanía.

De todos modos, para que esto se convierta en una alternativa viable para la mayor parte de la población, se necesitan políticas activas que se dirijan al fomento y al desarrollo de los sectores que producen los alimentos frescos que hoy se consumen en la Argentina, que, por el contrario, “en este contexto y con estas políticas del Gobierno nacional hoy están fuertemente amenazados”, concluye Orchani.