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Agencia TSS – Desde hace algunas semanas, los trabajadores de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) se encuentran en estado de alerta y movilización permanente frente a la posibilidad de que se ejecuten alrededor de 250 despidos. En este contexto, armaron una cuenta de instagram (@somosacumar) para visibilizar la situación que están atravesando, donde denuncian que “el presidente del organismo, Lucas Figueras, está llevando adelante un intento de reducción del personal, a través de un proceso fraudulento que amenaza con despedir al 25% de lxs trabajadores”.

“Hace un mes, empezaron a realizar intimaciones donde, aprovechando que nuestro trabajo es en un 95% territorial, se nos imputan incumplimientos y faltas porque no íbamos a fichar o porque no se presentaban nuestras planillas de campo. La mayoría de los trabajadores intimados son trabajadores de territorio de distintas áreas, como salud, ordenamiento territorial, fiscalización, patrulla ambiental y servicios a auxiliares, entre otras”, cuenta a TSS Gisel, trabajadora del organismo que solicitó preservar su identidad.

ACUMAR es un organismo estatal descentralizado creado en 2006 a partir de la demanda de familias de Villa Inflamable afectadas por la contaminación del Riachuelo. Se trata de una entidad interjurisdiccional, que articula políticas entre los gobiernos de la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para cumplir con la demanda de la población, ACUMAR diseñó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental que busca atender la situación habitacional y sanitaria de la comunidad, y controlar a las empresas e industrias que contaminan el río.

Por lo tanto, los trabajadores remarcan que el conflicto actual no solo pone en riesgo los puestos de trabajo en cuestión, sino también el saneamiento del Riachuelo y los servicios que brindan a la población afectada por su contaminación. “Están buscando supuestos incumplimientos fantasmas para justificar los despidos. La gran mayoría estamos desde hace diez o doce años en el organismo y nuestro trabajo siempre fue territorial”, indica Gisel. Además, explica que, al estar paralizada la obra pública, hay actividades en las que ellos trabajaban, como las relocalizaciones de vecinos, en las que no pueden avanzar porque también están suspendidas.

El personal de ACUMAR está compuesto por alrededor de mil trabajadores, de los cuales un 25% recibió intimaciones por faltas e incumplimientos. Según el reglamento del organismo, los trabajadores tienen un plazo de diez días para responder a las intimaciones, que se realizaron por vía administrativa a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). “La mayor parte tienen que ver con el trabajo de campo y nosotros tenemos documentación para justificar esas supuestas faltas”, señala la trabajadora.

Además, cuenta que si bien el diálogo con el presidente del organismo está abierto, no han obtenido respuestas concretas sobre el futuro de los trabajadores intimados. “Nos dicen que van a respetar el proceso que indica el reglamento de sanciones del organismo y hasta el momento ha sido así pero no tenemos más respuestas que esa. Después están los rumores que empiezan a circular en este tipo de situaciones y es angustiante. Tenemos compañeros con problemas de salud por estas cuestiones y algunos están analizando tomarse licencia porque el desgaste de la salud mental es muy grande”, afirma Gisel.

Al conflicto por los posibles despidos, se suma la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por el bajo porcentaje de aumento que se consiguió en las paritarias de los trabajadores del Estado Nacional (el último fue de un 8%). También empieza a escasear el presupuesto, que se refleja en la dificultad para encarar las tareas cotidianas, como la reducción en el uso de vehículos para ir al territorio y la paralización de la obra pública para continuar con las relocalizaciones.

“Los trabajadores territoriales se ocupan de la salud de vecinos y vecinas de la cuenca, de hacer relevamientos, de acompañar los procesos de mudanza, de la fiscalización de las fábricas. Si faltan trabajadores, se produce un abandono de los vecinos en esas cuestiones. Y aún en el caso de que las relocalizaciones se den, no podríamos participar porque muchos de nuestros trabajadores están intimados”, explica Gisel.

El estado de alerta y movilización permanente está siendo llevado a cabo por la junta interna de ATE ACUMAR, junto con trabajadores y trabajadoras que se han ido sumando a las asambleas, donde se han propuesto medidas como ruidazos y jornadas con cese de actividades. El reclamo general es que se anule el procedimiento sancionatorio a los trabajadores y que haya mayor presupuesto para cumplir con los objetivos del organismo. “Ahora nuestros compañeros están contestando las intimaciones y Recursos Humanos tiene 30 días para responder. Mientras tanto, seguiremos en pie de lucha”, finalizó la trabajadora.