¿Vuelven las compras militares de los 90?

El decreto de emergencia en seguridad habilita el uso de aviones para interceptar y derribar aeronaves ilegales. Además de ser un protocolo cuestionable que implicaría la muerte de tripulantes civiles, se podrían hacer grandes compras de aeronaves sin controles.

* Decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Exdirectora general de Planificación Industrial y exsubsecretaria de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Defensa (2007-2012).  
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Por Mirta Iriondo*, para Agencia TSS El jueves 21 enero pasado, el diario Página/12 publicó una entrevista al especialista en seguridad Marcelo Sain, quien aportaba claridad sobre los problemas que enfrenta hoy la seguridad en el país y los recursos para su abordaje. Se podría sintetizar que el tema abarca aspectos específicos y, a su vez, interrelacionados: el político, el legal, el operativo y el técnico, aspectos articulados alrededor de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior.

El Decreto 1407/2004 creó el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aereoespacial (SINVICA), e hizo a la Fuerza Aérea Argentina (FAA) responsable de la defensa, vigilancia y control integral del aeroespacio. A partir de esta norma, se definen las tareas por implementar, las funciones de la FAA, su preparación y la dotación de los medios necesarios.

Entre 2005 y 2010 se tomó la decisión de la fabricación, en primer lugar, de radares secundarios. Y, posteriormente, de radares militares banda L y la modernización de los de banda S, a través de contratos con la empresa INVAP. Ya en 2012 sosteníamos como áreas tecnológicas estratégicas y prioritarias para la defensa a los sistemas de detección, vigilancia, reconocimiento y control de los espacios soberanos y sus recursos, los sistemas autónomos robotizados, los sistemas no tripulados de neutralización de amenazas y el desarrollo de capacidades en el ciberespacio. Todos ellos le darían una ventaja en la estrategia defensiva a la nación argentina, además de contribuir al desarrollo de aplicaciones tecnológicas con un progresivo componente de fabricación nacional en áreas críticas.

Durante ese lapso, se priorizó la integración de centros de comando y control, necesarios para centralizar la información y la toma de decisiones, y el diseño y fabricación nacional de sistemas autónomos para vigilancia e identificación, los famosos drones que integran la iniciativa del Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA). Las tecnologías desarrolladas responden a un diseño de las Fuerzas Armadas plasmado en la Ley de Defensa y su reglamentación. La adquisición de sistemas de armas tripuladas, como los aviones caza, no fue considerada prioritaria.

El Pucará puede volar con seguridad a bajas velocidades sobre zonas alejadas de los aeropuertos.

Antes de profundizar en estas decisiones, cabe reseñar para el lector poco avezado en temas técnico-militares que, básicamente, existen hoy en día dos tipos de aviones caza:

-Tácticos: Tienen propósitos múltiples (caza-bombardero-ataque) y se usan cerca del campo de combate. Son de “costo medio”, de entre 50 y 100 millones de dólares por unidad nueva, a lo que hay que agregar el costo por hora de vuelo (combustible, repuestos, mantenimiento e infraestructura).

-De superioridad aérea: Son aquellos con mejor capacidad de maniobra y armamento antiaéreo. Estos aviones cuestan entre 100 y 200 millones de dólares por unidad nueva y están diseñados según las necesidades del país de origen.

Existe otra categoría, denominada Aviones Livianos de Apoyo Cercano (LCA, por sus siglas en inglés). El costo de estas unidades oscila entre 15 y 50 millones de dólares y, por sus características, son las apropiadas para interceptar aeronaves de narcotraficantes.

La FAA incorporó en la década de los 90 aviones de caza tácticos, los A-4. Esta serie  fue una de las más exitosas de Estados Unidos, con una destacada participación en combate en las guerras de Vietnam, Yom Kipur, Malvinas y en la primera guerra del Golfo. El contrato firmado con Lockheed Martin fue un fracaso: no se compraron todos los motores y, al no poseer los códigos fuente de la computadora de misión, su mantenimiento  fue una tarea ciclópea, además de que no todos estaban equipados con radares. Costaron 285 millones de dólares y la cesión de la Fábrica Militar de Aviones (hoy FADEA) a Lockheed Martin.

Los otros aviones que posee la FAA son los aviones de fabricación nacional de la categoría LCA: Pucará y  Pampa. Aquí voy a disentir con Sain, ya que el Pucará es un noble avión que sigue siendo actual y con similares características al Embraer Super Tucano, que actualmente fabrica Brasil.

El decreto que declara la emergencia en seguridad presupone el uso de aviones para controlar, interceptar y, eventualmente, derribar aeronaves ilegales. Más allá de las consideraciones de un protocolo complejo y muy discutible que, en el caso de habilitarse el derribo, implicaría necesariamente la muerte segura de tripulantes civiles, desde el punto de vista técnico-operacional cabe preguntarse qué tipo de aviones vamos a controlar e interceptar para poder diseñar la operación con los medios adecuados. Claramente, los aviones de superioridad aérea no son el medio adecuado y los A-4, como bien afirma Sain, están casi todos fuera de servicio.

El principal efecto de la declaración de la emergencia en seguridad es habilitar compras cuantiosas mediante trámites administrativos abreviados, asegura Iriondo.

¿A qué velocidad y altura viajan los vuelos civiles ilegales? ¿Compraríamos nuevamente aviones viejos, los modernizaríamos y gastaríamos alrededor de 50 millones de dólares por unidad?  ¿Con qué armamento?

En general, las aeronaves decomisadas vinculadas al narcotráfico son avionetas que vuelan a baja velocidad y altura, y que aterrizan en pistas clandestinas. El Pucará, al ser un bimotor, puede volar con seguridad a bajas velocidades sobre zonas alejadas de los aeropuertos. Su bajo costo operativo y capacidad de operar en pistas no preparadas lo hacen un avión útil para control de pequeños aviones clandestinos en la frontera. El Pampa y el Pucará son una dupla perfecta para cumplir esta misión.

Hasta diciembre de 2015 se avanzó en un 60% con la modernización del Pucará (electrónica y motor nuevo, blindaje y modernización de la ametralladora). Este avión modernizado es óptimo para el control de vuelos ilegales.

Por el momento, el principal efecto de la declaración de la emergencia en seguridad es habilitar compras cuantiosas mediante trámites administrativos abreviados. ¿No será que estamos preparando el escenario para negocios fraudulentos de compra de aviones que nos terminan costando fortunas y que no cumplen con las misiones para las que se dice que se compran? ¿Reeditaremos también en este tema los años 90?