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Agencia TSS – La población y el empleo de Tierra del Fuego han crecido en buena medida gracias al Régimen de Promoción Industrial (Ley 19.640) que rige desde 1972 y que se vio potenciado durante el kirchnerismo, en especial por los beneficios al sector electrónico. Tras más de una década de expansión, en la que el nivel de empleo del sector se incrementó en un mil por ciento, el futuro de la industria fueguina se ha vuelto incierto.

La industria electrónica de Tierra del Fuego creció desde poco más de 1.000 empleados en el año 2003 a más de 12.000 en el tercer trimestre de 2015, según datos del Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos (IPIEC). Sin embargo, a principios de este año se registraron alrededor de 500 despidos y se estima que peligran otros tantos puestos de trabajo, de concretarse la quita del arancel a las importaciones de computadoras que, según trascendió esta semana, el Gobierno espera implementar a partir de 2017.

“Todavía seguimos manejándonos con trascendidos porque no hay una medida administrativa concreta y faltan precisiones. Se habla con bastante firmeza de enero de 2017 como fecha para quitar los aranceles, pero esto ya se había mencionado en otras oportunidades. La última versión es que –el arancel– se reduciría de 35 % a 0 %, cuando antes se había mencionado que primero bajaría al 16 %”, dice Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Terminales de Electrónica (AFARTE) de Tierra del Fuego.

Hellemeyer admite que el Gobierno los ha citado durante este año para comunicarles su visión del mercado de los productos informáticos, que, según les dijeron, “tiene que ser dinamizado con la incorporación del productos importados como competencia del producto nacional” y agrega que uno de los argumentos que les presentaron es la intención de facilitarle el acceso a bienes informáticos a las pymes.

“Consideran que bajar el arancel implica mejorar el precio para el consumidor final, lo que no necesariamente es así porque hay otros factores que también participan de la formación de precios”, advierte Hellemeyer y asegura que, de acuerdo con un estudio realizado sobre la cadena de valor de los productos electrónicos, “si tomamos el precio de venta al público, por ejemplo, de un televisor, la parte productiva representa un 50 % del valor”.

Se estima que, por la medida, 500 puestos de trabajo quedarían en riesgo solo en Tierra del Fuego, debido a que también hay producción informática en el continente, principalmente en la provincia de Buenos Aires, donde quedarían expuestos alrededor de 5.000 puestos laborales.

En Tierra del Fuego, esa cantidad representa un 5 % de la mano de obra del sector, algo que parece “no tan alto pero que nos preocupa mucho, porque si la tendencia del mercado estuviera en alza para el resto de las grandes líneas de producción, como celulares, televisores, equipos de aire acondicionado y microondas, las empresas podrían pensar en reabsorber de algún modo al personal, pero eso no es tan fácil en una coyuntura como la actual. Nuestra sensación es que, si esta medida se materializa el año que viene, habrá un impacto que muy probablemente se traducirá en despidos”, subraya Hellemeyer con respecto a una tendencia que ya parece haber comenzado, en un sector de la industria que, durante el segundo trimestre de este año, ha reducido su nivel de empleo en más de un 15 % con respecto al mismo trimestre del año anterior (mientras que el total del empleo en la industria ha disminuido más de un 12 % con respecto al mismo período de 2015), según datos del IPIEC.

La situación en Tierra del Fuego es “preocupante y alarmante, no solo por esta decisión, que es una más de las tantas que forman parte de un modelo económico que ha implementado el Gobierno de Mauricio Macri, basado en el libre mercado, en la apertura de importaciones y en la flexibilización del salario real de los trabajadores, de forma tal que el mercado se pueda disciplinar”, dice Martín Pérez, diputado nacional del Frente Para la Victoria (FPV) por Tierra del Fuego, y subraya que en la provincia “además de estos 500 puestos en riesgo también hay un conjunto de trabajadores de esta industria que no saben si a principios del año que viene podrán renovar sus contratos laborales por la caída de las ventas”.

Hellemeyer destaca tres factores que han afectado al sector durante este año: los rumores sobre la voluntad del Gobierno de bajar aranceles a las importaciones de electrónicos, que ha desalentado la inversión de los productores (y que es lo que hace que hoy haya poca variedad de modelos disponibles en el mercado minorista); los vaivenes en el mercado durante 2015, que han generado un exceso de stock de productos tanto en los locales de venta al público como en las empresas fabricantes; y el impacto de los cambios en los planes de inclusión digital, como el Plan Conectar Igualdad, que afectaron la demanda de computadoras por parte del Estado.

Hellemeyer afirma que se sienten “contenidos” por el Gobierno provincial, aunque destaca que eso también se explica porque el sector electrónico “emplea de manera directa e indirecta a unas 16.000 personas, es el primer empleador privado de la provincia, que tiene 150.00 habitantes, y explica entre un 32 y un 36 % del producto bruto provincial, con lo cual es algo estratégico y muy alineado con los interese de Tierra del Fuego”.

Según Pérez, “le estamos solicitando al Poder Ejecutivo nacional que prorrogue los beneficios de la promoción industrial, que vencen en 2023, y que los equipare a los de Manaos (Brasil), que es un régimen con beneficios impositivos establecidos hasta 2070”.

“La situación es compleja –agrega Pérez–. En general, las decisiones en materia económica han tendido a que el aparato productivo de la provincia se achique notoriamente en estos meses”. Y concluye: “No estamos en contra de la diversificación de la matriz productiva, pero entendemos que es imperioso que el Estado proteja la producción local”.