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Agencia TSS — “Despidieron a administrativos, enfermeros y médicos con más de 20 años de antigüedad y hoy el Hospital Posadas está trabajando al 40%. ¿De qué salud pública habla, si los recursos humanos que estaban adentro hoy están afuera?”, le preguntó un exempleado del Hospital Posadas al secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein. A él se sumaron trabajadoras y trabajadores de otras instituciones de salud preocupados por situaciones que deben enfrentar a diario en sus ámbitos laborales, vinculadas con la salud materno infantil, sexual y reproductiva, la salud mental, prevención y atención del trauma, la falta de profesionalización del personal, el rol de los farmacéuticos y hasta los problemas de salud laboral, en este último caso manifestado por empleados del Subte porteño, preocupados por la presencia de material cancerígeno en los vagones del subte.

Los reclamos e inquietudes surgieron en un debate sobre el presente y futuro de la salud en la Argentina, organizado por la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC) en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, el pasado lunes 2 de septiembre. Además de Rubinstein, allí expusieron el exministro de Salud de la Nación Daniel Gollán y su par bonaerense, la exfuncionaria Zulma Ortiz.

Los tres expositores coincidieron en que existe un problema estructural que afecta a la calidad de vida y el acceso a la salud, que persisten desde hace varias décadas, así como en la definición de los principales problemas sanitarios del país, entre los cuales se destacan el desfinanciamiento y desjerarquización de las estructuras, la fragmentación del sistema y la necesidad de reducir la inequidad en el acceso a la salud entre las distintas provincias del país.

También hubo consenso en la importancia de contar no solo con mayor presupuesto sino también con recursos humanos calificados, en el rol de las instituciones intermedias para la implementación de instrumentos y políticas sanitarias, y en la necesidad de que el área vuelva a tener rango ministerial. Las discrepancias se evidenciaron, en cambio, al proponer los modos de implementar las distintas propuestas.

Rubinstein, por ejemplo, destacó la estrategia de la Cobertura Universal Sanitaria (CUS) como instrumento nacional que permita asegurar los servicios apropiados, sin que en el momento de la utilización existan barreras financieras. “En la Argentina, el 100% de la población tiene cobertura nominal, tiene derecho a recibir atención en los establecimientos públicos, sea ciudadano, residente o inclusive si está de paso en el país. El tema es cómo garantizar que ese acceso se transforme en cobertura efectiva y que sea llevada a cabo con efectividad, equidad y calidad”, afirmó Rubinstein y detalló que que la estrategia de la CUS para reducir las “enormes disparidades sanitarias”, que explican, por ejemplo, por qué la diferencia en la tasa de mortalidad infantil es hasta tres veces mayor entre las provincias más pobres y las más ricas, y de cinco a ocho veces en el caso de la mortalidad materna, se basa en tres ejes: la ampliación de la cobertura territorial salud primaria, constituir una estrategia de salud digital que permita generar cobertura de información y vigilancia epidemiológica, y mejorar la calidad prestacional.

Por el contrario, Gollán cuestionó la eficacia de la CUS para lograr dicho objetivo. Al respecto, subrayó que en otros países ha llevado a una concentración “tremenda” de los sectores que manejan la salud, como los casos de Chile y Colombia, dominados por cinco y cuatro holdings, respectivamente, junto con la precarización de los trabajadores del sector y un aumento del gasto de bolsillo. “Este sistema, que se dice que se adapta a la Argentina, lo que en verdad hizo hasta ahora es transferir responsabilidades a las provincias”, afirmó el médico sanitarista que integra el comité consultor académico de la Fundación Soberanía Sanitaria.

Ortiz, en tanto, destacó la importancia de tener en cuenta la territorialidad para ajustar la atención a las particularidades de la población y la importancia de los equipos de salud y atención primaria. “La Argentina tiene más de tres millones de personas en áreas rurales o remotas. Si nos focalizamos en población urbana sin tener en cuenta a las rurales, dejamos de lado un territorio con muchas carencias”, dijo la epidemióloga y subrayó que “las prioridades no deberían estar atadas a gestiones de gobierno sino a la situación de salud de los argentinos”.

Sin presupuesto ni ministerio

La falta de presupuesto, los problemas de coordinación entre nación, provincias y municipios y la fragmentación entre los subsistemas de salud-público, mixto (obras sociales) y privado- fueron algunos de las prioridades a resolver que se mencionaron durante el debate.

Gollan recordó que los presupuestos decrecientes y subejecutados impactan en la calidad de atención y en los programas de prevención y difusión, como las vacunas y el programa Remediar + Redes, el de salud sexual y procreación responsable, e incluso en el debilitamiento del PAMI. “Hay un deterioro en el financiamiento del sector público que también se manifiesta en las provincias y municipios porque la recaudación impositiva es cada vez menor. También las obras sociales están desfinanciadas, porque los salarios de donde se recaudan los fondos para ese sector aumentan muy por debajo de los costos de los productos medios”, afirmó Gollán y detalló que este proceso de degradación de la participación del gobierno nacional en las políticas públicas de salud se refleja en distintos indicadores: “Estamos viendo un crecimiento de 400% de sífilis y 500% sífilis congénita.  También hay cinco millones de niños sin acceso a nutrición saludable”, ejemplificó.

“Cuando me tocó coordinar los esfuerzos de 135 municipios con 135 secretarios de salud frente a una retracción de los programas nacionales, fue bastante más complicado de lo esperado”, coincidió Ortiz, quien también trabajó como especialista en salud en Unicef Argentina, y puntualizó que “hay que focalizar fuertemente en la salud de la mujer, motor de desarrollo económico y social de nuestras sociedades, y garantizar la educación sexual integral, en todo lo que tiene que ver con el acceso a métodos anticonceptivos y también en el rol rector por parte del ministerio en la interrupción legal del embarazo”.

Rubinstein aclaró que los programas nacionales “no están desarmados”, sino que algunos cambiaron de nombre y otros pasaron a Desarrollo Social. “Hemos iniciado el programa de ampliación de la cobertura efectiva de salud que continúa al programa Sumar y Nacer, que es un ejemplo de la política de Estado que se ha venido desarrollando en la Argentina desde el año 2003, que nosotros seguimos y esperamos que continúe”, detalló y advirtió que continúa pendiente la necesidad de lograr la sustentabilidad del sistema de salud, frente al “aumento incesante” de los costos por la adopción de las nuevas tecnologías y drogas.

Para ello, recordó que existen dos estrategias, una es la compra conjunta o consolidada, que permite “negociar desde una posición de fortaleza”, teniendo en cuenta que el sector público, incluída la Secretaría de Salud, el PAMI y las obras sociales nacionales y provinciales, representan el 80% de la demanda. La otra es generar un marco explícito, objetivo y transparente para la incorporación de nuevas tecnologías, a través de la Creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, un proyecto que todavía está en discusión en el Senado y con otros sectores.

“Reconozco que esta gestión hizo dos compras conjuntas, que es muy importante, pero en el tema de patentes, el Gobierno ha generado una situación dramática, al haber designado a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual a quien ha defendido a las industrias internacionales en los últimos 20 años en contra los intereses nacionales, lo que dificulta el desarrollo de una política nacional de medicamentos”, sostuvo Gollan y propuso generar un fondo nacional de salud específico y trabajar más sobre estrategias de acceso a medicamentos de alto costo.

Durante el debate, Gollan también sugirió darle mayor prioridad en la discusión permanente al Consejo Federal de Salud (COFESA), integrado por los ministros sanitarios de las provincias: “Tenemos que avanzar en un sistema de redes de prestación que involucre a todos los actores que se quieran sumar”, dijo el exministro y aclaró que eso incluye también a los prestadores privados, los proveedores y la sociedad civil.

Ortiz destacó la necesidad de avanzar en un debate sobre el rol de los ministerios de salud, para conseguir un funcionamiento sistémico con los demás subsectores, tanto en aspectos de financiamiento y como prioritarios, y enfatizó sobre la relevancia de hacer diagnósticos territoriales de normas vigentes y prácticas culturales, así como del monitoreo de resultados en salud con foco en equidad.

“En medio de todo esto se dan un montón de negociaciones, no solamente con los otros subsectores sino también con los empresarios. Para mucha gente la salud es un derecho, para otros es un bien y para otros un negocio. Entonces, también tenemos que sentarnos con aquellos que lamentablemente están viendo que pierden plata porque apostaron a la salud como negocio, y tratar de encontrar lugares de consenso”, concluyó Ortiz.