Vacunas: El recorte menos pensado

La vacunación es la segunda medida de salud pública que más logró disminuir la mortalidad en el mundo, solo superada por el acceso al agua potable. Sin embargo, la contundente evidencia no pareció ser una razón de peso para que el Gobierno saliente implementara un importante ajuste en la provisión de vacunas y un recorte de hasta un 35% en las coberturas en el Presupuesto 2020 enviado al Congreso.

Por Nadia Luna  
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Agencia TSS – En el presupuesto 2018, la cobertura estipulada para las vacunas contra la Hepatitis A y la Hepatitis B tenía que alcanzar a 713.964 personas en cada caso, lo cual coincide con la cantidad estimada de nacimientos por año. Sin embargo, en julio de este año, un informe de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitado por la Cámara de Diputados de la Nación, reconoció el recorte: en 2018, solo se adquirieron 401.000 vacunas para Hepatitis A y 300.000 para Hepatitis B, lo que da cuenta de un recorte del 44% y 58%, respectivamente.

Ese faltante no se compensó este año y para el que viene el panorama propuesto por el macrismo también arroja un balance negativo. Tal como lo contó la periodista Estefanía Pozzo en el programa Esto Recién Empieza, emitido el miércoles 20 de noviembre por C5N, el proyecto de presupuesto 2020 enviado por el Ejecutivo en septiembre (que se trataría en sesiones extraordinarias del Congreso Nacional) contempla un ajuste que va del 28 al 35% con respecto a las metas establecidas para 2019. Esto incluye a las dos vacunas citadas y también a la BCG, pentavalente, sabín, triple viral, antigripal y triple bacteriana acelular.

“Cuando hablamos de los faltantes de vacunas en los últimos años hay que pensar que, junto con los medicamentos para VIH, fueron las dos cosas que priorizó el exMinisterio de Salud de la Nación, la actual Secretaría. Si eso es lo que más cuidó, podemos imaginar cómo han sido desmantelados otros programas, como los operativos territoriales que se ocupaban de llegar a los barrios que no tienen un sistema de salud formal. Aún así, no llegan a cubrir las vacunas que demandan las provincias”, le dijo a TSS Nicolás Kreplak, médico sanitarista, presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y ex viceministro de Salud de la Nación.

Entre 2003 y 2015, se incorporaron doce vacunas al Calendario Nacional de Vacunación (CNV), con lo que pasaron de 8 a 20.

En la Argentina las vacunas son gratuitas y obligatorias desde 1983 gracias a la Ley 22.909. Además, el 4 de enero de este año se promulgó una nueva ley (27.491), a partir de un proyecto presentado por el diputado nacional por Tucumán, Pablo Yedlin, que considera a la vacunación como “bien social” y la plantea como una política de Estado, obligando al Estado Nacional a garantizar la disponibilidad de vacunas, servicios de vacunación e insumos necesarios.

Entre 2003 y 2015, se incorporaron doce vacunas al Calendario Nacional de Vacunación (CNV), con lo que pasaron de 8 a 20. Esto implicó una importante ampliación de la cobertura, que redundó en mejores indicadores sanitarios. Como señala un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, de julio de 2019, en el año 2005 se incorporó la vacuna contra la Hepatitis A y en 2008 se dejaron de hacer trasplantes de hígado por dicha enfermedad. En tanto, tras la incorporación de la vacuna de neumococo al calendario, en 2012, suman más de 89.600 las internaciones evitadas. Sin embargo, el impacto de la vacunación es más notorio cuando está ausente, como sucede con la recirculación de enfermedades que estaban controladas.

“En general, si se tiene a más del 90% de la población cubierta, la probabilidad de que haya transmisión de enfermedades es baja. Si la cobertura es menor, empieza a haber suficiente cantidad de personas susceptibles como para permitir la circulación interna de enfermedades. Lo que estamos viendo hoy es que, en algunos casos, como la Hepatitis A, si bien todavía no hay circulación interna, el porcentaje de cobertura es tan bajo que podría aparecer”, explicó Kreplak. En el caso del sarampión, la posibilidad ya es un hecho. Este año, la Argentina tuvo el peor brote desde 2000 y ya suma 53 casos en lo que va del año.

Las denuncias por los faltantes de vacunas han sido reiteradas y provinieron de diversos sectores. En marzo de este año, los ministros provinciales expresaron su preocupación al Secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein, durante la primera reunión del Consejo Federal de Salud. En tanto, la Sociedad Argentina de Pediatría le envió una carta al secretario manifestando su preocupación por la entrega irregular de vacunas e insumos para la vacunación.

Otro caso de recorte en vacunas que alarmó a las autoridades sanitarias fue el de la vacuna contra el meningococo. En abril de 2018, los responsables de inmunización de 23 de las 24 jurisdicciones del país firmaron una carta denunciando el panorama crítico que se vive desde el 2017 con esa vacuna (la única que no adhirió fue la representante de Buenos Aires), destinada a bebés de tres y cinco meses, y a adolescentes de 11 años. En 2018, la situación no cambió: todas las provincias recibieron menos del 70% de las dosis requeridas.

“Siempre se habla mucho de los riesgos que implican los grupos antivacunas pero eso es una problemática más bien urbana. El problema de cobertura principal que tenemos en la Argentina es por la falta de acceso a la salud en los sectores más vulnerables de la población. Eso tiene más que ver con el hecho de que no tengamos más operativos territoriales, que eran los que se encargaban de llevar las vacunas a esos sectores”, apuntó Kreplak.

Otro caso paradigmático es el de la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), una enfermedad viral endémica producida por el virus Junín y transmitida por algunas especies de roedores silvestres. La vacuna que previene la FHA (Candid #1) solo se produce en la Argentina, en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio Maiztegui” (INEVH), ubicado en la ciudad de Pergamino. Desde 2017, los trabajadores del INEVH vienen denunciando que no cuentan con la capacidad para continuar con esa producción, debido a la necesidad de reparar y comprar equipos. En octubre de 2018, la producción se paralizó. Actualmente, solo quedan 140.000 dosis en stock para entregar a las provincias.

De cara al cambio de Gobierno, Kreplak sostuvo: “Lo primero que hay que hacer es volcar el Estado al territorio, a través de los centros de salud, el trabajo comunitario y diversas formas de acercarse. Esto es volver a tener profesionales que escuchen, revisen y tomen decisiones para la salud, que se ocupen de encontrar a las personas que necesitan vacunas pero también atender problemas como la mala alimentación, enfermedades crónicas no transmisibles y otros problemas que aumentaron con la profundización de la desigualdad”.

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