Matozo: “Debe haber producción pública de medicamentos”

Eduardo Matozo es el primer ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. Especialista en vinculación tecnológica, habló con TSS sobre las iniciativas que buscan achicar la brecha existente entre el desarrollo científico y el productivo.

Nadia Luna  
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Agencia TSS – Eduardo Matozo no es nuevo en el ámbito de la gestión. Apenas se recibió de ingeniero químico, a fines de la década de los 80, participó en la comisión que redactó el reglamento de las Cientibecas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), una iniciativa que nació para incentivar la formación de jóvenes investigadores. Tras un paso por el sector privado, en 1994 la UNL lo convocó para poner en marcha el Centro para la Transferencia de los Resultados de la Investigación (CETRI-Litoral) con la idea de crear un puente entre los sectores científico-tecnológico y productivo de la provincia de Santa Fe.

“Me gustó el desafío y empezamos de cero. Éramos solo dos personas, no teníamos un espacio físico. ¡Ni siquiera un escritorio!”, recuerda Matozo en diálogo con TSS. Actualmente, el CETRI cuenta con 500 metros cuadrados y un centenar de personas que trabajan en actividades de vinculación, desde la gestión de los derechos de propiedad intelectual hasta el desarrollo del emprendedorismo. El paso por industrias como la alimenticia, entre otras, le sirvió para su trabajo en el sector público. “Aprendí a pensar el desarrollo no solo desde la oferta de la universidad, sino también desde la demanda, con la mentalidad de alguien que está apremiado por los tiempos de la producción”, explica.

Matozo asumió como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe el 11 de diciembre de 2015, a partir de la decisión del gobernador Miguel Lifschitz de transformar la Secretaría de Ciencia en ministerio. La cartera tiene un presupuesto de 120 millones de pesos, que fueron aprobados cuando aún no se había definido la creación del ministerio. Además, es miembro del Directorio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y director del Parque Tecnológico Litoral Centro SAPEM.

Antes de ser ministro, Matozo fue secretario de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la UNL durante 10 años. También fue promotor y coordinador de múltiples redes de trabajo nacionales e internacionales, como la Red VITEC y la Red Latinoamericana de Buenas Prácticas de Vinculación Universidad Empresa.

En la Argentina hay investigación y desarrollo en infinidad de temas, pero muchos proyectos no logran llegar al sector productivo. ¿Dónde están las falencias?

Los factores son múltiples. Uno tiene que ver con que el foco del sector productivo está en el día a día, por lo que son muy pocas las estructuras empresarias que tienen un área de I+D, generalmente, grandes empresas. El gran desafío está en las pymes, que no suelen tener un área de desarrollo tecnológico ni cultura de asociativismo y hay proyectos que no pueden encarar solas. Otro problema es que hay empresas que no están convencidas de que para permanecer en el mercado tienen que innovar. Otra cuestión para tener en cuenta es que el rol de los proveedores de insumos y maquinarias en la Argentina es fundamental. Las encuestas de innovación dicen que la mayoría de las pymes obtienen asesoramiento para nuevas líneas de productos de sus proveedores. Muy atrás quedan las universidades y centros científicos, incluso el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Entonces, ahí está el trabajo que tienen que hacer las universidades y el sector científico-tecnológico: deben vincularse más con las industrias proveedoras de otras industrias.

«El agro ha tenido una tendencia de innovación muy importante en semillas e insumos, pero no en la segunda parte, que
es la industrialización», considera Matozo.

¿Cree que en los últimos años esa vinculación se ha aceitado más?

Sí, se han creado líneas de financiamiento que incentivan la unión de los sectores científico-tecnológico y productivo, como el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino) y las líneas especiales del FONARSEC (Fondo Argentino Sectorial), que han sido un salto de calidad. Estas iniciativas, que buscan desarrollar plataformas tecnológicas asociativas público-privadas, marcan que la Argentina empezó a jugar en serio en estas cuestiones y la decisión tiene continuar. El Estado tiene un rol fundamental en el desarrollo a través de distintos mecanismos y el sector científico-tecnológico tiene que investigar y producir papers, pero con el termómetro en la sociedad, que es para quien tiene que desarrollar soluciones.

¿El Estado debería encargarse de impulsar las inversiones de los privados?

Sí, el Estado tiene que dar el marco para las inversiones, garantizar el desarrollo de un mercado interno y explorar nuevos mercados. El Estado tiene que ser un aliado estratégico para las empresas.

¿Cuáles son las áreas de investigación más consolidadas en la provincia de Santa Fe?

La provincia de Santa Fe es fuerte en biotecnología, agroalimentos y TIC. También tenemos un gran desarrollo en ingenierías. La provincia tiene una situación privilegiada en el país porque cuenta con la presencia de dos universidades nacionales con trayectoria, como son la UNL y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que están entre las 10 primeras instituciones en el ranking de captación de fondos nacionales destinados a ciencia y tecnología. También tenemos cinco regionales de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y una universidad nacional nueva, la de Rafaela. Hay dos centros científicos del CONICET y presencia del INTI y el INTA. Nuestro rol desde el Estado provincial es el de articular.

La producción agropecuaria sigue siendo una actividad preponderante en la región centro de la Argentina. ¿Qué se puede hacer para generar mayor valor agregado en esta cadena?

El 87 % de las exportaciones de maíz de la Argentina son en grano. Solo el 10 % son productos elaborados y la mayor parte es premezcla, que en otro país transforman en alimento balanceado para animales. Hay que darle valor agregado a esos granos, realizar un proceso de “descomoditización”, como pasa con la producción de biocombustibles y de biomateriales. El Estado tiene que desarrollar nuevos mercados. Los productores argentinos están acostumbrados a vender las premezclas porque ya están los canales para eso. Si desde el Estado se consigue desarrollar otros mercados que lleven a productos más elaborados, se va a traccionar para que haya un agregado de valor con el que todos nos beneficiamos.

«La provincia de Santa Fe es fuerte en biotecnología, agroalimentos y TIC», dice Matozo.

¿Por qué no pasó hasta ahora? ¿Por la inversión que le demandaría a los productores esta industrialización de la producción?

Lo que ocurre es que el agro ha tenido una tendencia de innovación muy importante en semillas e insumos, pero no en la segunda parte, que es la industrialización. Hay excepciones, pero faltó inversión en innovación en el segundo eslabón de la cadena. Ahí tienen que jugar las empresas, ya no tanto el productor. Creo que para eso necesitan un incentivo desde el Estado para decidirse a apostar por el valor agregado.

¿Qué rol cumple el Ministerio de Ciencia provincial en estos aspectos?

Santa Fe es la única provincia que tiene una agencia similar a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Maneja cerca de un 3 % del presupuesto que tiene la agencia nacional, pero con fondos votados por la Legislatura, es decir, fondos propios de la provincia. A través de esto, estamos incentivando a agregar conocimiento a la producción y equipar mejor nuestros laboratorios para poder explorar otros mercados, por ejemplo, incentivando el desarrollo de tesinas que tengan que ver con las líneas de desarrollo y producción de la provincia.

En la última reunión del Consejo Federal de Salud, realizada en marzo, los ministerios de Ciencia y Salud de la provincia presentaron un proyecto de producción pública de medicamentos biotecnológicos. ¿Pudo avanzar la iniciativa?

Se lo presentamos a la nueva Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), que todavía no comenzó sus funciones porque aún no se ejecutaron los fondos que le fueron asignados el año pasado. El proyecto es muy importante porque combina conocimiento y desarrollo realizado en la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL y en el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), uno de los laboratorios públicos de referencia en el país. Lo que presentamos es el proyecto de una planta piloto multipropósito para el desarrollo de distintos principios activos a través de la biotecnología.

¿Por qué es estratégico impulsar esta área?

La Argentina debe tener una política de producción pública de medicamentos por el costo que implican dentro de la torta de los gastos en salud pública. Esto no implica que haya que producir todo, pero sí cuestiones que hagan a la salud de la población general. Asimismo, hay enfermedades “huérfanas” que a los laboratorios internacionales no les interesan porque son endógenas de la región o porque la población objeto no es atractiva en términos económicos. Para esas enfermedades, el Estado tiene un rol fundamental. Tanto el LIF de Santa Fe como el LEM (Laboratorio de Especialidades Medicinales) de Rosario tienen dos consorcios financiados por el FONARSEC. El del LIF, por ejemplo, es para producir principios activos de medicamentos contra la tuberculosis.

Antes de ser ministro, Eduardo Matozo fue secretario de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo de la UNL
durante 10 años.

¿Qué ventajas representa el hecho de que la Secretaría de Ciencia ahora sea un ministerio?

Hay varias. La primera tiene que ver con la decisión política de considerar que la ciencia, la tecnología y la innovación son de gran importancia. Es el reconocimiento de que el conocimiento es una cuestión clave en el desarrollo de la competitividad. Además, tenemos una estructura mayor, que estamos armando, y aspiramos a tener presupuestos más amplios. Una cuestión importante es que ahora buscamos asociarnos con el Gobierno nacional y con otros gobiernos provinciales para destinar financiamientos conjuntos para resolver problemas que son propios de nuestra región. Con Córdoba estamos a punto de lanzar una convocatoria inédita, a través de un programa piloto de 4 millones de pesos para grupos de investigación conformados por integrantes de ambas provincias y orientados a resolver demandas comunes. También buscamos articular dentro de la misma provincia, con otros ministerios y áreas. Acaba de cerrar una convocatoria para emprendedores que lanzamos con la Secretaría de Energía relacionada con eficiencia energética y uso de energías renovables; y otra realizada con el Ministerio de Producción para emprendedores biotecnológicos.

¿Cuál es el potencial de la provincia en energías renovables?

Todas tienen potencial, pero especialmente solar, eólica, biomasa e hídrica, ya que la provincia tiene 840 kilómetros de costa sobre el río Paraná. Tenemos un parque solar provincial cerca de la ciudad de Rosario y se sancionó una ley provincial a partir de la cual la provincia está dispuesta a comprarles a particulares la energía sustentable que generen.

¿Qué otros proyectos tienen pensados para el futuro próximo?

Estamos lanzando un programa de fortalecimiento de las plataformas de innovación, como incubadoras, aceleradoras, parques y polos tecnológicos. Apostamos a que el PBI de la Argentina generado por las empresas basadas en el conocimiento pase a ser, de acá a 20 años, de un decimal a dos cifras. También estamos trabajando en el área de inteligencia tecnológica para que las empresas puedan vislumbrar cuáles son los mercados y las tendencias futuras; en el lanzamiento de un programa para la incorporación de capital humano en las pymes; y queremos impulsar el estudio de las ingenierías en la provincia. En cuanto a tecnologías sociales, hemos generado, con la creación del Ministerio, un área de innovación social, que no estaba muy desarrollada en laprovincia. Nuestra apuesta a la producción de medicamentos es apenas una parte de esto, a lo que se suma el desarrollo de alimentos saludables y de viviendas sustentables para sectores que no tienen fácil acceso a estos bienes, que es un área en la que están trabajando las universidades.