El rol del Estado implica identificar y promover sectores de la industria que garanticen crecimiento con equidad, e impulsar las políticas de ciencia y tecnología necesarias para lograr una mayor complejidad e integración de la trama productiva.
Agencia TSS – Dado que la alianza Cambiemos no explicita cuál es su propuesta para el campo científico y tecnológico, y sí explicita medidas como la apertura de las importaciones, una fuerte devaluación y la eliminación de las retenciones al campo, el corolario es transparente: desindustrialización y un modelo de país exportador de productos primarios o de baja elaboración.
La producción agropecuaria y sus derivados, explica el economista Aldo Ferrer, solo generan una cuarta parte del empleo formal. Un país para 40 millones de argentinos no es imaginable sin una industria dinámica, capaz de generar tasas crecientes de trabajo formal, mayor calificación y una mejora permanente de los salarios. En este sentido, hablar de inclusión supone avanzar en una mayor complejidad e integración de la trama productiva.
Esto solo es posible si: (i) la ciencia y la tecnología que producen las universidades y los laboratorios públicos de investigación y desarrollo se orientan masivamente a responder a las necesidades del sector productivo; y (ii) el sector empresarial, aprendiendo de los efectos del punto anterior, comienza a invertir en la incorporación de tecnología y en una mayor organización y coordinación de los procesos de producción. Ambas transformaciones ya están ocurriendo y hace falta un aumento de escala.
Pero un proyecto de país industrial no significa relegar al campo. Significa que la producción agraria debe pasar a cumplir una función económica diferente a la que dio origen, a fines del siglo XIX, a imaginarios hoy anacrónicos que sobreviven, a contramano de la historia, en algunos bastiones del anti-kirchnerismo, como la Sociedad Rural. El agro hiperconcentrado, de terratenientes que juegan a la especulación financiera con la soja, debe dejar paso a un campo industrializado y diversificado, con protagonismo de pequeños productores y de cooperativas que generen valor agregado, redistribución e inclusión.
se orientan masivamente a responder a las necesidades del sector productivo.
¿Para qué el Estado?
En un país en desarrollo que se propone consensuar un proyecto de país en democracia, el Estado es el “lugar” institucional en donde se crean las condiciones económicas y jurídicas para hacer viable un proyecto de gobierno. El nivel de las capacidades técnicas, burocráticas, presupuestarias y empresariales del Estado es una medida de las condiciones objetivas para impulsar un proyecto de país consensuado en democracia, a la vez que la solidez democrática asegura su legitimidad política. Es decir, como país en desarrollo, que debe afrontar condicionamientos externos y de poderes fácticos internos, es un punto crucial contar con un Estado con capacidades robustas para incentivar, persuadir y disciplinar a actores como, por ejemplo, los sectores empresariales y financieros concentrados o el flujo de inversiones extranjeras, que responden a sus propias lógicas predatorias cuando el Estado no regula y orienta.
Como explica el economista noruego Erik Reinert, la historia económica muestra indicios contundentes de que los Estados europeos comenzaron a comprender esta lección elemental a finales del siglo XV. No existe economía avanzada que no se haya industrializado sin un Estado robusto y promotor de políticas fuertemente proteccionistas, con control riguroso de las inversiones extranjeras y el comercio exterior, y con capacidad de negociación y disciplinamiento de los poderes fácticos.
Sin embargo, en la segunda mitad de la década de los ’70, una de las principales construcciones ideológicas utilizadas para abrirle paso a las políticas neoliberales fue que el Estado era una pesada maquinaria ineficiente que había que desmantelar para permitirle a los capitales privados –nacionales y extranjeros– desplegar su “natural” capacidad de producir crecimiento económico. En la Argentina y en la región, el resultado fue la desindustrialización, la migración de científicos y tecnólogos y una economía que solo era capaz de sostener un país para menos de la mitad de sus ciudadanos.
formal. Un país para 40 millones de argentinos no es imaginable sin una industria dinámica.
El mayor logro político
La lección aprendida y aplicada en la Argentina desde 2003 es la necesidad de un Estado inteligente, con legitimidad política y capacidades crecientes de diagnóstico, y con autonomía de los poderes económicos fácticos, aquellos que nadie vota pero que buscan hacer prevalecer sus intereses por cualquier medio, intereses que siempre van en otra dirección a los consensuados en democracia. Es el Estado el principal actor político que debe identificar y promover aquellos sectores de la industria que garanticen crecimiento económico con equidad e impulsar las políticas públicas que identifiquen qué tipo de ciencia y tecnología son necesarias para garantizar la sustentabilidad y el dinamismo de este proceso en el largo plazo.
Con respecto a este último punto, se han hecho avances difíciles de imaginar en 2003 en áreas como telecomunicaciones, nuevos materiales, hidrocarburos, energía y medicina nuclear, tecnología espacial, biotecnología, transporte, y tecnologías aeronáutica y naval. También se avanzó en el impulso a carreras de ingeniería en muchas universidades públicas, en la formación de científicos sociales con la mirada puesta en la realidad socio-económica nacional y regional, y en la reorientación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) hacia valores productivistas. En este contexto, uno de los problemas cruciales que espera en el horizonte cercano es la necesidad de generar conocimiento masivo sobre el universo de las 700.000 pymes que hoy producen en la Argentina y la implementación de políticas decididas de apoyo a la incorporación de tecnología en este sector clave.
La ciencia, la tecnología, la industria y la inclusión social hoy se integran a nuestra cultura como parte de una misma unidad conceptual. La transformación del sentido social y económico de la producción de conocimiento tal vez deba considerarse como el mayor logro político de los últimos 12 años. La devaluación, la apertura de las importaciones y la eliminación de las retenciones al campo que promete el candidato de la alianza Cambiemos rápidamente destruirían aquello que costó más de una década edificar.
