Agencia TSS Noticias de ciencia y tecnología

No es una tarea sencilla hablar de defensa en un país como Argentina luego de los traumas que viviera su sociedad en manos del poder militar durante los años de la dictadura de 1976. Desde el retorno de la democracia, la cuestión de la defensa fue principalmente abordada como un tema exclusivamente de política militar centrada en la consolidación definitiva de la subordinación de las Fuerzas Armadas (FFAA) al poder político, y desde la perspectiva de la reivindicación y defensa de los derechos humanos. Esas acciones se desarrollaron, a su vez, en el contexto de fuertes recortes presupuestarios motivados por las sucesivas crisis económicas que sufrió la Argentina entre 1982 y 2001, pero implementados también como un modo de acotar la capacidad operativa de las FFAA y, por lo tanto, la amenaza que pudieran representar para la joven democracia. Superada con la consolidación institucional esa situación, vuelve a plantearse el problema: ¿por qué es importante la defensa?

A pesar de los avances de la civilización, la capacidad de un país para defenderse de las agresiones externas continúa siendo una necesidad ineludible para garantizar la sobrevivencia de una sociedad a lo largo de la historia y la posibilidad real de que ésta pueda forjar su destino de acuerdo a los valores y las elecciones que surjan de su pueblo. Las limitaciones del sistema internacional, caracterizado por la ausencia de un orden jurídico plenamente coactivo y de una autoridad máxima global reconocida por todos, con potestad para hacer cumplir dichas normas en todo momento y contra cualquiera que las desafíe, deja librado a los propios países el ejercicio del derecho a la autodefensa frente a los avasallamientos violentos de otros actores internacionales.

No caben dudas sobre los logros conseguidos por los organismos y mecanismos multilaterales para regular los vínculos entre los países a fin de superar un “estado de naturaleza”, en donde cada cual trata de maximizar sus beneficios sin cuidar de los derechos de los demás. Sin embargo, todavía no se ha logrado erradicar el empleo de la guerra como forma de dirimir los intereses en conflicto.

Bajo estas condiciones mundiales, con una creciente competencia por los recursos vitales para el desarrollo –naturales, humanos o económicos– y ubicada la Argentina en un espacio geopolítico ampliamente dotado de ellos, no se puede negar que la defensa nacional sigue siendo hoy, como lo fue en el pasado, una obligación indelegable e irrenunciable del Estado.

Hacia una nueva agenda de la defensa

Desde el retorno de la democracia hasta mediados de la década pasada, el poder político no logró ejercer una conducción efectiva del sistema de defensa, el cual se caracterizó por la carencia de una dirigencia política y una burocracia civil que tuviera claridad ideológica y técnica en relación al armado de una agenda que le devolviera a la defensa el rol que le cabe dentro de las políticas públicas. Tampoco hubo preocupación por formar especialistas para ocuparse de las cuestiones tecnológicas del área. Así, ese espacio siguió siendo gestionado y manipulado por militares con fuertes deficiencias de formación para ello.

Con la llegada de Nilda Garré al Ministerio de Defensa en 2005, el poder político comenzó a asumir la necesidad de un salto cualitativo en la conducción de esta área de gobierno y se instaló una agenda de transformación claramente propositiva. Desde entonces fueron múltiples y variadas las dimensiones de la defensa alcanzadas por las iniciativas impulsadas. En primer lugar, se definió con precisión que la misión principal del Instrumento Militar es intervenir ante agresiones de origen externo perpetradas por otros Estados (Decreto N° 727/06). Posteriormente, la primera Directiva de Política de Defensa Nacional (DPDN) iría mucho más lejos, delineando las características básicas del posicionamiento estratégico argentino en relación a la defensa, basado en el carácter defensivo, autónomo y cooperativo de aquélla, asentada en el principio de legítima defensa ante agresiones de terceros Estados.

La DPDN fijó, asimismo, que el planeamiento estratégico militar y el correspondiente diseño de las FFAA deben elaborarse de acuerdo al criterio de capacidades, entendido como la función  “(…) de  alcanzar  y  consolidar  la  aptitud  para ejecutar en forma autónoma la completa gama de operaciones que demandan todas las formas genéricas de agresión que se manifiestan en conflictos internacionales”. De este modo se superó el sistema de planeamiento por hipótesis de conflicto, anacrónico para enfrentar los múltiples y diversos desafíos que la defensa nacional contemporánea presenta y que, además, en los años de la Doctrina de Seguridad Nacional había sido la excusa para mantener viva la tensión con los países fronterizos, mientras se olvidaba que parte del propio territorio argentino estaba ocupado por una potencia extra-continental.

De la definición estratégica a los sistemas tecnológicos concretos

Todas estas definiciones políticas no son superfluas a la hora de plantear la vinculación entre defensa y tecnología. De hecho, ellas marcan un sendero sobre las trayectorias socio-técnicas con las que la Argentina debería comprometerse en estas cuestiones. El concepto de “trayectorias socio-técnicas” (1) alude a modos de construcción de productos, procesos productivos, organizaciones e instituciones y sus estrategias, relaciones usuario-producto y problema-solución, modos de funcionamiento de la tecnología, racionalidades y políticas. En síntesis, una forma específica de articular a las personas, las instituciones y los recursos destinados a generar conocimiento y tecnología con el propósito de alcanzar algunos resultados bien definidos que se materializan en productos concretos que deben brindar respuestas adecuadas a las necesidades de los usuarios a los que están destinados.

La pregunta inicial a hacerse cuando se comienza a tratar la cuestión de la tecnología y la defensa es: ¿qué cosas se adquirirán en el exterior y cuáles se harán en casa? A su vez, este interrogante planteará otra disyuntiva: ¿en qué segmentos deberá actuar la industria privada y cuáles otros deberá asumirlos directamente el Estado? Una correcta resolución del dilema qué se compra-qué se hace le permite al sector de la defensa realizar simultáneamente dos aportes fundamentales a la sociedad: cumplir su rol más propio como guardián de los intereses del país frente a amenazas militares foráneas y contribuir al desarrollo nacional aún en tiempos de paz.

De este modo, la defensa deja de ser un gasto para afrontar la previsión de un suceso potencial en un futuro incierto que nadie desea que acontezca, para transformarse en una herramienta más de generación de valor al interior del sistema científico, tecnológico y productivo. En un esquema de trabajo de este tipo, incluso aquello que se deba adquirir a proveedores extranjeros puede servir para complementar los productos nacionales o para obtener transferencias tecnológicas que permitan saltos cualitativos en el sistema de investigación y desarrollo nacional. Por supuesto, esto no se logra con improvisación.

La piedra basal de este enfoque es la conformación de equipos adecuados de trabajo permanentes, tanto en el interior de la estructura burocrática del Estado, como en los centros o empresas de investigación, desarrollo, innovación y producción involucrados. Esos equipos serán los encargados de concebir, implementar, gestionar y controlar los planes, programas y proyectos que se elaboren en base a hojas de ruta tecnológicas (technology roadmaps o TRM) confeccionadas con mucho conocimiento y responsabilidad, y ejecutadas con seriedad, continuidad y una constante autoevaluación de los logros alcanzados y los obstáculos sufridos.

De esta dinámica, de las personas que la ejecuten, de las instituciones que la alberguen y de los resultados que se obtengan surgirán y se consolidarán las trayectorias socio-técnicas que permitirán dar un renovado impulso a la defensa como política pública útil, tanto en la paz como frente al no deseado conflicto.

(1) Sobre el concepto de “trayectorias socio-técnicas” puede verse: Hernán Thomas, Mariana Versino y Alberto Lalouf. 2008. “La producción de tecnología nuclear en Argentina: El caso de la empresa INVAP”, Desarrollo Económico, Nº 188, Vol. 47,, pp. 543-575.