A fines de agosto la validación del decreto 810/14 despertó polémica entre los diputados. ¿Las modificaciones propuestas para la gestión de recursos humanos del CONICET mejora la situación de los becarios? ¿Pone en riesgo la “autonomía científica”?
Agencia TSS – Desde 2003, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha experimentado un notable y sostenido aumento de sus recursos humanos. Casi 20.000 personas, entre profesionales, personal de apoyo y estudiantes, llevan adelante tareas de investigación y desarrollo en los proyectos de centros e institutos repartidos por todo el país.
Este notable crecimiento, producto de la presión del sector académico y el eco encontrado en las políticas de Estado que impulsaron las actividades científica y tecnológica, si bien cumplió con los deseos y necesidades de muchos, también elevó las expectativas y las nuevas demandas que hoy se instalan en un proceso virtuoso, pero no exento de dificultades.
Entre los fundamentos del decreto 810/14, que modifica el anterior 1661 de 1996, se argumenta que la expansión del CONICET “implica la necesidad de adquirir equipamiento indispensable para la concreción de los objetivos de la política científica impulsada” y que, por este motivo, “resulta necesario obtener espacios físicos suficientes donde se desarrollen los proyectos de investigación”.
Por eso, la nueva norma elimina la prohibición de utilizar subsidios para la adquisición de equipamientos o construcción de edificios, mientras mantiene la imposibilidad de que sean usados para la contratación de personal. Por otro lado, el flamante decreto advierte sobre la necesidad de incorporar en el Consejo Directivo del CONICET la voz de los miembros de la Carrera de Apoyo y de los becarios.

Actualmente, los estudiantes que reciben un subsidio para poder terminar su doctorado representan el 50 por ciento de la población en la órbita del principal órgano de ciencia y tecnología del país. Después de décadas de nulo apoyo a la formación de recursos humanos, el CONICET hoy cuenta con aproximadamente 8.800 becarios. Esta situación resulta alentadora si se la evalúa como contrapunto de los años noventa, aunque no deja de esconder aspectos que la vuelven alarmante. Por ejemplo, la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que los becarios tienen las mismas obligaciones que el resto de los trabajadores, por lo que deberían ser reconocidos como tales, con plenos derechos.
Esta demanda, que comenzó a difundirse durante la última década, ahora parece ser reflotada en el argumento de diputados opositores que se pronunciaron en contra del decreto. También resulta significativa la abstención de las representantes en la cámara baja por el Frente para la Victoria, Adriana Puiggrós y Julia Perié, y más aún la decisión de no rubricar el decreto por parte del ministro de Economía, Axel Kichillof.
A pesar de no resolver la demanda de fondo, el decreto permite que los becarios y el personal de apoyo tengan un representante en el Consejo Directivo del organismo. Sobre esta disputa, quien más se hizo oír fue Alcira Argumedo, diputada por Proyecto Sur y ex-integrante de la Junta de Promoción y Calificación del CONICET, quien advirtió que la situación abre paso al sector privado concentrado para “comprar conciencias y dividir entre investigadores pobres y ricos”. Y si bien la norma no hace ninguna mención a la posibilidad de que inversiones privadas financien las investigaciones –aunque sería interesante que el sector productivo nacional asuma la responsabilidad de invertir en ciencia y tecnología–, el argumento va más allá, pues plantea la “eliminación de la autonomía de la ciencia y el pensamiento nacional”.

Es cierto que el sistema científico-tecnológico debe esforzarse por atender las demandas locales, transfiriendo conocimientos a la resolución de los problemas y exigencias de desarrollo de estas latitudes, aunque a veces el mismo sistema puede atentar contra estas posibilidades, cuando les exige a los investigadores que figuren en publicaciones de revistas internacionales, cuya línea editorial y propósitos no necesariamente responden a las necesidades del país.
Por todo esto, invocar la autonomía de la ciencia en pos de su defensa aparenta un argumento débil y, a la luz de la experiencia regional de la segunda mitad del siglo veinte, también ingenuo. Luego de muchos años y esfuerzos se logró que los científicos sean parte de la agenda del Estado, que se los apoye financieramente, se los repatríe y se les exijan más y mejores resultados. Por eso, ofrecer frente a esto la figura del investigador autónomo o independiente –latiguillo muy extendido también en otras esferas– resuena en una visión de la “ciencia universal” que postula que los objetivos y resultados de la investigación son en beneficio de la humanidad. Algo que en un mundo tan desigual, sujeto a marcos regulatorios restrictivos y asimétricos, ya no parece tener cabida, salvo para aquellos que, bajo esa ilusión, pretenden apropiarse de la riqueza y conocimiento que otros producen.
19 sep 2014
Temas: Becarios, CONICET, Financiamiento, Investigación