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Agencia TSS – “Hablar de derechos humanos en el ámbito científico es muy importante porque son tiempos difíciles y la memoria no debe perderse. Debe comunicarse y hacer visible esta lucha porque todavía falta mucho por hacer”, le dijo Estela De Carlotto a TSS, en el marco de la jornada “La articulación entre Ciencia y Justicia para pensar los derechos humanos”, organizada por el CONICET y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

“De todos modos, mi historia es ser Abuela de Plaza de Mayo, no soy científica”, aclaró humildemente Carlotto. Cuando se le recordó el aporte a la ciencia que significó el índice de abuelidad, agregó: “Sin darnos cuenta pudimos abrir caminos inesperados como la creación del Banco y el desarrollo de la genética para la identificación de nuestros nietos”.

La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo habla con una serenidad y fortaleza que atraviesa a quien la escucha, mientras accede con una sonrisa incansable a los pedidos de fotos de los presentes. “Lo que pasó en la Argentina, con el robo de bebés, el asesinato y desaparición de los padres y la apropiación del niño como si fuera botín de guerra, es inédito. Ellos no se arrepienten y volverían a hacerlo, por eso hay que juzgar hasta el último con la pena que les corresponde. No pedimos venganza sino justicia”, le dijo Carlotto a TSS. Minutos antes, había participado de la jornada realizada en el Centro Cultural de la Ciencia (C3) el pasado martes 19 de junio y que contó con referentes del sector científico y de los derechos humanos.

Durante su exposición, Carlotto recordó los comienzos de la búsqueda de Abuelas y la peregrinación por centros de investigación de incontables países para tratar de contestar una pregunta: «¿Cómo vamos a probar la filiación entre abuelas y nietos si los padres están desaparecidos?». La respuesta la iban a construir ellas mismas a partir de la alianza con científicos que hicieron suya esa búsqueda, como la genetista estadounidense Marie Claire King y el argentino Víctor Penchaszadeh, entre otros.

“Estamos orgullosas de que el BNDG sea famoso en el mundo por su calidad y sus científicos, que trabajan de forma muy seria junto a la CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad). Encontramos 127 nietos pero faltan más de 300”, dijo Carlotto. Posteriormente, hablaron el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Cantón, y la directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero. La genetista explicó cómo el índice de abuelidad inicial, que se realizaba mediante análisis de histocompatibilidad, fue mutando en cálculos matemáticos y estadísticos más complejos que impulsaron el desarrollo de la genética forense a un nivel de sofisticación que hoy arroja un porcentaje de probabilidad de 99,9%. Además, detalló el trabajo que actualmente realiza el BNDG y la importancia de intercambiar información con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), encargado de la búsqueda e identificación de los desaparecidos.

De las 127 restituciones de nietos logradas hasta el momento, 77 fueron realizadas gracias al BNDG. El resto tuvo que ver con niños apropiados de los cuales se tenían datos puntuales para encontrarlos o casos en que se hallaron cuerpos de mujeres que estaban embarazadas al momento del secuestro, pero cuyos embarazos no llegaron a término. “Algo muy importante sobre la articulación de organismos que trabajamos en los ámbitos de la ciencia y la justicia es tener en cuenta que estamos tratando con víctimas. Hay que tener mucho cuidado para no revictimizarlos a nivel judicial”, señaló Herrera Piñero.

Manuel Gonçalves Granada, nieto recuperado e integrante de la CONADI, habló sobre la tarea de este organismo en la búsqueda de nietos. “El trabajo que hacemos lleva una carga emotiva muy grande porque tenemos la necesidad de resolver la búsqueda lo antes posible y porque sabemos que el resultado negativo o positivo va a tener un impacto en la persona que está detrás de su identidad. Nuestro objetivo es poder contarles la verdad y que con esa verdad hagan lo que quieran”, afirmó Gonçalves Granada. La psicóloga Alicia Stolkiner, de CONADI, habló sobre el acompañamiento que se le da a las víctimas y familiares y destacó el abordaje psicológico, psicoterapéutico y clínico de víctimas de terrorismo de estado en la Argentina.

La ex jueza federal María Roqueta, presidenta del tribunal que condenó al exdictador Jorge Videla y a otros represores, sostuvo: “Soy una gran crítica del Poder Judicial y de cómo se llevaron a cabo los juicios de lesa humanidad. Falta formación y conocimiento científico en los agentes judiciales. Yo los reunía para hacerles entender que mucha de esa gente que venía a testimoniar había golpeado puertas de juzgados por décadas sin que nadie las atendiera. El trato que tienen que tener con estas personas, sobre todo con las mujeres de pañuelos blancos, es el de mayor respeto”, sostuvo.

Guillermo Pregliasco, investigador del CONICET y jefe del Grupo de Física Forense del Centro Atómico Bariloche, se refirió al aporte de esta rama de la ciencia para el desarrollo de técnicas de investigación en la resolución de casos judiciales, como el trabajo realizado para la causa “Masacre de Trelew”, perpetrada en 1972. En tanto, la socióloga Julieta Rostica, también investigadora del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires, habló sobre el peritaje que realizó en Guatemala para un caso de lesa humanidad, que culminó en mayo de este año con una condena a cuatro oficiales de alto rango: “Fue histórico, porque los militares están insertos en estructuras criminales que persisten en la actualidad y cuando fui a declarar me tuvieron que asignar una custodia permanente”, relató.

Rostica recordó que el conflicto armado en Guatemala, que duró más de 30 años, arrojó un saldo de 200.000 muertos y desaparecidos. Sin embargo, el 95% de las masacres se concentró entre los años 1978 y 1984, y el 93% de los perpetradores pertenecían a fuerzas de seguridad estatales, que iniciaron un proceso de desaparición forzada de personas de manera similar al caso argentino. Eso la hizo pensar que hubo una colaboración entre ambas dictaduras y así comenzó una investigación comparada que derivó en pruebas documentales que aportaron a la sentencia. Al finalizar la exposición, la investigadora se refirió a las consecuencias de la situación de recorte en el sistema científico local: “Está costando que los jóvenes ingresen a carrera de investigador para poder continuar con su trabajo, por eso necesitamos que el CONICET siga apostando a estas investigaciones”.

Por la tarde, hubo una mesa sobre perspectiva de género en la que disertaron las investigadoras del CONICET Dora Barrancos, Débora D’Antonio y Laura Pautassi. Barrancos se refirió a la violación sistemática de mujeres en el marco de las torturas de terrorismo de Estado e indicó que este aspecto no fue central durante el Juicio a las Juntas. “Cuando algunas testimoniantes referían las violaciones que les habían infringido los jueces se volcaban hacia otras dimensiones del caso”, contó.

También abordó la reserva que existe en los delitos contra la integridad sexual en general, donde las víctimas son las únicas que pueden denunciar y eso a veces es difícil de enfrentar por la persona afectada “porque todavía hay una reserva valorativa patriarcal que sigue hablando de un‘honor’ mancillado. Creo que hay que revisar el orden reservado y oscuro que tienen esas formas de delito. Pienso en casos que suceden dentro de instituciones como colegios, universidades o laboratorios científicos. Es casi insostenible que si asistimos a una escena violatoria no podamos concurrir a denunciar”, finalizó.