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Agencia TSS – Mientras en la Argentina los científicos reclaman desde hace varios años por mayor presupuesto, con el agravante de que hace tres meses el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue degradado por el Gobierno a secretaría, en Chile los investigadores celebraron la formalización del primer Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MCTCI) del país, aunque el festejo estuvo empañado por una reducción del presupuesto para el área.

La creación de un ministerio que coordine las políticas públicas del sector es una demanda histórica de la comunidad científica chilena y la iniciativa (Ley 21.105) había ingresado al Congreso en enero de 2017, bajo la presidencia de Michelle Bachelet. Sin embargo, recién fue aprobada en mayo de este año y promulgada en agosto.

Este lunes 17 de diciembre, luego de que los investigadores realizaran diversas movilizaciones, el presidente Sebastián Piñera designó por fin al nuevo ministro de Ciencia: el biólogo especializado en neurociencias Andrés Couve. La mala noticia es que el presupuesto aprobado para 2019 sufrió un recorte de 47 millones de dólares (32.340 millones de pesos chilenos), lo que representa un 4,6% menos en un presupuesto que ya venía en caída, ya que en 2018 había sufrido un recorte del 2,2%.

TSS habló con tres investigadores del país vecino sobre la situación actual de la ciencia chilena. “Ante el rechazo transversal por el recorte, el Gobierno anunció un aumento de 8.500 millones. Por supuesto, esto es insuficiente si pensamos que hay un ministerio a la espera de ser implementado. El presupuesto actual es casi lo mismo con lo que contaba CONICYT (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica) para funcionar y esta institución ya no daba abasto con ese monto”, explicó la socióloga Carolina Gainza, directora de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y miembro de la Red de Investigadoras (RedI), una asociación que promueve la equidad de género en ciencia. Junto con Perú y México, Chile tiene la menor proporción de mujeres en su sistema científico-tecnológico, con un 33%, según datos de la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT).

Gainza fue una de las investigadoras que el pasado 12 de noviembre llevó al Palacio de la Moneda, sede del Gobierno chileno, una carta firmada por casi 3000 investigadores que incluía a 42 asociaciones, 6 ganadores del Premio Nacional de Ciencia, 4 senadores y 12 diputados. La misiva solicitaba a Piñera que no se recortara el presupuesto y que designase a un ministro de CTCI. “Esta reducción vacila entre la perversión y la ironía”, advertían. También, pedían que los fondos se destinen a proyectos de investigación que apunten a “un proyecto de país que busca transformar el modelo productivo, moviéndonos de uno principalmente extractivista a otro donde el centro sean los conocimientos generados localmente”.

La falta de inversión que arrastra el sistema científico chileno desde hace varios años se refleja en la situación del CONICYT, columna vertebral de la I+D chilena desde 1967, que en cinco años tuvo cuatro presidentes. El último en renunciar fue el astrónomo Mario Hamuy, impulsor de la ley que creó el Ministerio. En una carta dirigida a su equipo, afirmó: “Mi paso por CONICYT no estuvo libre de dificultades, pero tuvo un balance positivo”. A su vez, señaló que “no basta con afirmar que el país debe duplicar la inversión”, sino que primero hay que definir “el ‘para qué’,  es decir, cuál es el impacto social de la inversión en investigación”.

La bioquímica Vania Figueroa, profesora de la Universidad de O’Higgins, integrante de RedI y de la Fundación Hay Mujeres, indicó a TSS que uno de los principales conflictos del CONICYT es que, por un lado, “la política pública de los últimos 25 años ha financiado la producción indiscriminada de capital humano avanzado, principalmente con grado de doctor”; mientras que, por otro lado, “no logró vincular efectivamente el ecosistema de ciencia e innovación con el sector productivo del país”, de manera que la demanda de profesionales altamente calificados pueda absorber la gran oferta existente y los científicos no tengan que irse al extranjero.

Durante la campaña presidencial de Piñera, el matemático chileno Eric Goles le consultó en el programa televisivo “Candidato, llegó tu hora” sobre el problema de la falta de inserción de científicos en el entramado industrial y le señaló que, de los 600 jóvenes que obtienen su doctorado cada año, la demanda nacional solo puede absorber a 30. Al respecto, Piñera afirmó: “Vamos a fomentar la ciencia aplicada con mayor relación con el mundo de la universidad y con el mundo de la empresa. Ese es nuestro plan porque sin ciencia, sin tecnología, es como andar con los ojos vendados en esta sociedad del conocimiento y la información”. ¿Cumplirá su promesa?

Genealogía de un reclamo colectivo

El 26 de octubre de 2007, la comunidad científica chilena realizó su primera movilización masiva en la plaza Bernarda Morín, en Santiago de Chile, durante el primer gobierno de Bachelet. Los investigadores enarbolaban carteles que pedían que “No maten a la ciencia” y afirmaban que “sembrar ciencia es cultivar progreso”. Figueroa dijo que los motivos de aquella manifestación eran “la falta de presupuesto, transparencia, claridad en políticas públicas, escasa participación de la comunidad de investigadores en el diseño de las mismas y un cuestionamiento al liderazgo de la entonces presidenta del CONICYT, Vivian Heyl, que precipitó su renuncia”.

La investigadora explicó que el presupuesto para ciencia en Chile se ha mantenido con escasa variación en la última década. En 2007, el estado destinó el 0,31% del Producto Interno Bruto (PIB) a I+D. Luego, esta inversión aumentó modesta y sostenidamente alcanzando un 0,38% del PIB en 2014 y se estancó en torno al 0,36% hasta la actualidad, según datos de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, convirtiendo a Chile en el país que menos invierte en I+D entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el octavo en América Latina, según datos de la RICYT.

Durante el primer mandato de Piñera se llevó a cabo otra gran movilización denominada “Morín 2012”, motivada por los dichos del entonces ministro de Economía Pablo Longueira, que pretendía trasladar al CONICYT bajo la órbita de su cartera. “En 2015, la comunidad de investigadores e investigadoras volvió a la carga con una mediática carta publicada en diarios de circulación nacional y firmada por más de 400 profesionales, en la que se criticaba duramente la política pública en materia de I+D, afirmando que: ‘nuestros gobiernos han elegido la ignorancia’”, recuerda Figueroa. La última acción masiva fue la carta entregada el 12 de noviembre por Carolina Gainza y Adriana Bastías (presidenta de RedI), con casi 3000 firmas, que recibió una escueta respuesta de Presidencia en la que solo indicaban “que se ha tomado conocimiento de sus planteamientos”.

Finalmente, la designación del nuevo ministro llegó esta semana: Andrés Couve es doctor en Biología Celular, director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica y profesor de la Universidad de Chile. En tanto, la subsecretaria del ministerio será Carolina Torrealba, también doctora en Biología Celular y directora de la Iniciativa Científica Milenio. En diálogo con TSS, el sociólogo Juan José Berger, director de la Asociación Nacional de Investigadores de Postgrado (ANIP), opinó sobre la demora en nombrar ministro: “La jugada de la administración de Piñera fue muy inteligente puesto que no declaró ministro o ministra por varios meses para que no hubiera una entidad con el mandato explícito de trabajar y defender un presupuesto para la implementación del nuevo MCTCI”.

Berger destacó la importancia de contar con un ministerio que coordine las políticas en el área de ciencia y tecnología, ya que hasta ahora se encontraban dispersas en diversos ámbitos. “Por un lado, está el Ministerio de Educación, que gestiona algunas cosas, como las becas y algunos fondos de investigación (el CONICYT pertenece a este Ministerio). Por otra parte, también lo hace el Ministerio de Economía, responsable de Iniciativa Milenio (un programa de fomento a la investigación que comprende la creación de centros de investigación y la oferta de contratos a plazo variable para los científicos). Y finalmente está CORFO, que es una agencia nacional independiente”, precisa.

En los últimos años, de manera similar a lo que sucedió en la Argentina para hacer frente al ajuste, se ha fortalecido la organización colectiva de la comunidad científica chilena. Berger enumeró algunos colectivos: “La ANIP, que cumple 10 años, ha posicionado derechos laborales en contextos de investigación. Por su parte, las Redes Chilenas de Investigadores (ReCh), junto al Frente por el Conocimiento, nos han dado algunas instancias de trabajo conjunto, como fue el caso de la Marcha por la Ciencia. También hay algunos conglomerados electorales, como el Frente Amplio, que ha levantado un Frente de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.

El científico reconoce que todavía “los investigadores militan poco” pero destaca dos experiencias relacionadas con áreas históricamente relegadas en la ciencia latinoamericana. Por un lado, las Ciencias Sociales y Humanidades, ámbito en el cual se creó, por ejemplo, la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades. “Pocas personas entienden lo que son capaces de hacer los cientistas sociales, lo que se traduce en tener menos fondos y menos interés de parte de la política pública”, sostiene Berger. Por otro lado, resalta el avance en el tratamiento de cuestiones de género en ciencia: “Este ha sido un año caracterizado por la lucha feminista en el país y la RedI ha sido un ejemplo en ese sentido”.

Ciencia feminista: alerta que camina

El Estado chileno reconoció formalmente la existencia de brechas de género en el año 2002, con la incorporación del Sistema de Equidad de Género en los organismos del Estado. Sin embargo, en el sistema científico estas políticas comenzaron a implementarse recién a partir del 2006, cuando CONICYT empezó a generar estadísticas anuales desagregadas por sexo en todos sus programas. Actualmente, solo el 27% de los proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT) es liderado por mujeres.

“CONICYT ha implementado diversas estrategias para reducir estas brechas, incluyendo acciones afirmativas en sus concursos, para incrementar el número de mujeres beneficiarias de estos programas. Esto ha tenido un significativo impacto, pero no ha logrado permear en forma efectiva las instituciones donde se realiza la investigación, lo que continúa dejando a Chile en los últimos lugares en participación femenina en ciencia y tecnología a nivel regional y mundial”, señaló Figueroa.

Por su parte, Gainza completó: “la brecha respecto a la presencia de mujeres en ciencias tiene que ver con un problema que se acarrea desde la educación temprana de los niños y niñas, y que se reproduce a lo largo de la vida estudiantil. A esto se suma luego la desigualdad en los sueldos y la poca presencia de mujeres en puestos de poder, sin nombrar el tema de la maternidad o de violencias más cotidianas, que recién en los últimos años han empezado a ser visibilizadas por las mismas mujeres”.

En este sentido, la Red de Investigadoras ha impulsado un proyecto de ley que previene y sanciona el acoso sexual en contextos educativos. La iniciativa cuenta con apoyo político transversal y está siendo discutido por la Comisión de Educación del Senado. Otras propuestas de la RedI incluyen la implementación de currículums ciegos en procesos de evaluación; la obligación de las instituciones receptoras de fondos públicos a contar con salas cunas y salas de lactancia; y la sugerencia de que haya una medición diferenciada de méritos académicos para las investigadoras que han tenido hijos.

Por supuesto, el reclamo de género y el de mayor presupuesto para la ciencia se atraviesan mutuamente, ya que en épocas de ajuste, “si gran parte del capital humano avanzado corre el riesgo de quedar afuera del sistema, este riesgo es mayor para las mujeres, porque no compiten en igualdad de condiciones que sus pares masculinos por un trozo de la torta que cada vez es más pequeña”, sintetizó Figueroa.