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Agencia TSS – La pandemia no se vive en todos lados igual. En las grandes ciudades hay zonas más vulnerables que otras y en las zonas rurales todo se vuelve más distante y de difícil acceso, desde insumos de uso cotidiano y alimentos hasta los servicios de salud. Las condiciones pueden ser todavía peores en las comunidades originarias y pequeños parajes del interior del país, cuyas demandas han sido históricamente invisibilizadas.  “Detrás de esta pandemia subyace otra que siempre es invisibilizada, la pandemia del hambre”, se lamenta Alejandra Gómez, abogada de la Red de Salud Ramón Carrillo en Chaco, una provincia en la que más del 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza y el 69% de los hogares no posee ingresos para cubrir los productos de la Canasta Básica de Alimentos.

En este contexto, los comedores escolares cumplen un rol clave. Sin embargo, a pesar de que el Gobierno provincial anunció que destinará más de $ 1.400 millones para garantizar el abastecimiento a los comedores escolares de la provincia, a través de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, referentes de distintas localidades han denunciado irregularidades en la recepción de alimentos: algunos establecimientos no los reciben hace un mes, otros han comenzado a acceder a las partidas correspondientes a diciembre de 2020 y todavía hay establecimientos que, aunque ya ha pasado casi medio año, todavía no los han recibido ni una sola vez.

“La situación ya era difícil antes de la pandemia y durante el año pasado se agravó, más en zonas rurales en las que, independientemente de las ayudas que puedan llegar a través de la AUH y algunos que tal vez accedieron al IFE, para poder adquirir mercadería tienen que recorrer entre 20 y 30 kilómetros, el doble ida y vuelta, y no hay colectivos como en una zona urbana. Además, los productos son más costosos en esos parajes, a medida que se alejan de la zona de concentración del mercado”, afirma Gómez, y agrega que según le comentan referentes de los distintos lugares, en la Leonesa y Las Palmas, por ejemplo, los mismos vecinos organizaron merenderos a los que van alrededor de 400 niños por día y no hay comedores. En Saenz Peña –la ciudad más importante de la provincia después de su capital, Resistencia– a veces los niños caminan más de 20 cuadras con una botella para cargar mate cocido con leche.

“Con las condiciones de pobreza de estas comunidades, el comedor muchas veces es la única comida del día. Por eso, los comedores escolares vuelven a tener la preponderancia que tuvieron en el peor momento de la crisis del 2001. Si no funcionan, la gente se va a morir de hambre en breve”, dice la antropóloga Carolina Hecht, que se especializa en educación intercultural bilingüe y trabaja con estas comunidades hace alrededor de 20 años. Este un punto clave para pensar sobre la escuela abierta o cerrada, más allá de las cuestiones de salubridad y de los recaudos que hay que tener para no propagar el virus.

“Antes que se suspendieran las clases la directora suspendió el comedor, solo les daba el mate cocido. Luego. cuando se suspendió todo, armamos viandas que los padres podían venir a buscar aunque algunos nos decían que no podían, porque no había presencialidad”, recuerda Sabino Méndez, docente de la Escuela Nro. 1017 Tonolec Onolec (caburé solo, en lengua Qom), en Miraflores, y recuerda que, para suplir la escases de alimentos, los mismos vecinos organizaban merenderos. En los primeros meses de este año, cuando por un momento se pudo volver a la presencialidad, muchas veces fueron los mismos docentes (con sueldos mensuales que oscilan entre los 14.000 y los 40.000 pesos) quienes recolectaban fondos entre ellos para poder darles algo de desayunar a los más de 200 niños que asisten a ese colegio. “A veces, amigos que tienen negocios por acá colaboran para que los alumnos tengan aunque sea un vaso de leche a la mañana”, agrega.

La situación se vuelve más insostenible en algunos lugares adonde hay dificultades para acceder al agua potable y en general es provista por el Estado, se almacena en aljibes o proviene de la acumulación de agua de lluvia. Esto ocurre tanto en hogares como en colegios de distintas partes de la provincia. Según datos de la Plataforma del Agua, en el año 2017 el índice de acceso al agua de red por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en la provincia fue del 12,65%, mientras que el índice de acceso a saneamiento por NBI fue del 14,32%. Para el caso del departamento de Libertador General San Martín, donde se encuentra la localidad de Pampa del Indio, por NBI estos índices ascendieron a 16,6% en el caso de acceso al agua y a 20,14% para saneamiento. Estas son proporciones muy elevadas si se tiene en cuenta que, a nivel país, este índice es de 3% en el caso del agua de red, y del 5,65% de hogares que no tienen ni desagüe cloacal ni baños.

“Si bien, entre los años 2001 y 2010 en Chacho se ha registrado un incremento de la población que accede a la red de agua potable, en las últimas décadas se intensificó una crisis sanitaria en la que la falta de acceso a fuentes seguras de agua es una de las principales causas, ya sea por razones antrópicas o naturales, como el arsénico, que es problemático en la región”, afirma la antropóloga Malena Castilla, que trabaja con las comunidades rurales de esa provincia desde hace alrededor de una década, en cuestiones vinculadas a ordenamiento territorial, gestión de cuencas hídricas y participación indígena en proyectos de desarrollo, y advierte que los datos de agua potable “no incluyen a la población rural dispersa, adonde hay gente que toma agua de charcos”.

A todo esto se suma el aumento de casos de COVID-19, que se multiplicaron durante el último mes, de 224 casos nuevos el 1 de mayo a 781 el 1 de junio; el aumento de los desmontes (con el impacto ambiental que eso implica), que fueron mayores durante el primer año de pandemia que en 2019; y las fumigaciones ilegales, que se repitieron a principios de este 2021. “En el caso de la Leonesa y Las Palmas, están avanzando enfermedades como la tuberculosis”, advierte Gómez y lamenta el caso de un joven que falleció sin recibir atención, a pesar de que la ministra de Desarrollo Social provincial estaba al tanto de esta situación. Padecía tuberculosis y lupus, “una enfermedad que se repite con frecuencia y que ha sido asociada a la exposición a agrotóxicos”, señala.

Desconectados y con la panza vacía

“En los contextos de educación indígena, la escuela cumple un rol nodal: es adonde llegan donaciones y van las campañas de vacunación, el lugar de contacto con otros organismos. Con esta desarticulación, el impacto es mucho más fuerte que el que podría ser para los niños que concurren a escuelas del sector medio urbano”, afirma Hecht, y agrega que, en estos contextos, la escuela cobra otra centralidad. Por eso, al considerar el cierre de las escuelas, “si no se piensa en el paso de la modalidad presencial a la virtual con una clave más intercultural, estamos perdiendo mucho, porque no es el mismo lugar que ocupa la escuela en un sector medio urbano que en estas comunidades indígenas en contexto rurales, adonde para poder acceder a la red de Wi-Fi los chicos se tienen que acercar a las escuelas o a las plazas para poder tener señal para poder descargar sus tareas”.

En la experiencia de Méndez, por ejemplo, sostener clases virtuales fue realmente complicado durante el primer año de pandemia, ya que muchos niños no tienen teléfonos celulares con las funciones necesarias y, mucho menos, acceso a la virtualidad. “Imprimíamos los contenidos y los dejábamos en una librería, pero sabíamos que no todos los padres podían pagar las fotocopias, así que a veces nos arriesgábamos y les llevábamos las tareas en papel a sus casas, para que los chicos las guardaran en sus carpetas hasta que volviera la presencialidad. Además, un amigo nos permitió hacer un programa de radio tres veces por semana, sin cobrarnos, para que todos los niños pudieran acceder a los contenidos”, recuerda.

Al respecto, según un relevamiento etnográfico en la cual participó Hecht, que evalúa el impacto de la pandemia en las escuelas interculturales bilingües de Chaco y Misiones, el 80% de las y los docentes encuestados afirmó que los principales problemas para acceder a la virtualidad estaban vinculados a la conectividad, mientras que más del 60% consideró entre los desafíos que representa esta situación alguna cuestión referida a la misma problemática, ya sea la falta de acceso a la conectividad o el equipamiento necesario por parte de los estudiantes y/o maestros, y el miedo al uso de las TIC por parte del plantel docente, entre otros.

Para comunicarse, el medio más utilizado fue el teléfono celular (62%) pero también las visitas presenciales de las y los docentes a los hogares de los alumnos (26%). En cuanto a los contenidos, el 40% afirmó que trabajó solo los contenidos básicos y un 25% los jerarquizó y solo dio los contenidos más importantes. La gran mayoría apeló a materiales propios elaborados por los mismos maestros (53,3%) y en segunda instancia las producciones escritas, audiovisuales y de radio del Programa Seguimos Educando (25%), impulsado por el gobierno nacional, y luego quienes utilizaron materiales elaborados por el Estado provincial (18.3%).

“El año pasado enviaron algunos cuadernillos de actividades que traían toda la planificación diaria y semanal, y todas las actividades, pero hubo muchas confusiones porque esas tareas eran muy elevadas para los alumnos de la ruralidad”, afirma Méndez, que trabaja en esa escuela de Miraflores desde el año 2007. “Están pensados con otra lógica, no contemplan las lenguas indígenas ni contenidos interculturales, muchos tienen códigos QR para descargar cuentitos”, ejemplifica Hecht, y afirma que hay una configuración cultural particular que tiene la escuela en estos espacios que no se está teniendo en cuenta cuando se discuten cuestiones de la pandemia, la escuela y la virtualidad.

Otro problema fueron los útiles escolares. Según Méndez, antes de la pandemia el ministerio les enviaba útiles, que solían ser escasos, y que ellos repartían entre los alumnos “para que ningún chico se quede sin su cosita”, o trabajan juntos en el salón con los materiales, “porque a veces, si le tocaba a uno no alcanza para todos”. Esto no fue posible de realizar cuando las clases se llevaron a la virtualidad, pero tampoco lo sería, si se volviera a la presencialidad, por las medidas sanitarias necesarias para evitar la expansión del nuevo coronavirus.

“El temor más grande es la discontinuidad en un sistema escolar que ya venía frágil desde antes de la pandemia. Es como un castillo de naipes al que le abrimos una ventana, la sensación es que no hay certeza de qué va a pasar con estos chicos cuando se vuelva a la normalidad”, plantea Hecht y lamenta que, aunque ya había investigaciones que mostraban estas fragilidades, no son advertidas. “Hay una escisión típica entre la gestión política y la investigación. Por más que gastemos horas y hagamos todos los informes y relevamientos que hagamos, si no son tenidos en cuenta se sigue dejando a las poblaciones en la nada”, lamenta la investigadora. Y alerta sobre que se trata  del eslabón más débil de la cadena, porque estos niños y jóvenes, que ya tenían resultados educativos bajos, se quedan sin comida y sin escuela: “Por momentos, me genera mucha desazón la poca reversibilidad de la desigualdad educativa que van a generar estos escenarios si no se actúa”.