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Agencia TSS – “La situación en la región metropolitana bonaerense es grave, la gente le está haciendo frente y hay mucha actividad comunitaria junto con un aumento de la asistencia estatal”, dice Gonzalo Vázquez, secretario de Investigación del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento (ICO-UNGS) y uno de los coordinadores de los informes sobre las condiciones de vida entre quienes están atravesando el aislamiento social obligatorio en barrios populares de la región metropolitana bonaerense (que incluye a los 24 partidos del Gran Buenos Aires y otras ciudades vecinas, como La Plata, Luján y Zárate, entre otras).

“El foco de nuestro estudio es el segundo cordón del conurbano, donde la mayoría son sectores populares que no son villas. Estamos hablando de barrios de sectores trabajadores, que en muchos casos, no llegan a ser asalariados formales pero tienen ingresos y la mayoría no alcanzan la línea de pobreza”, aclara este especialista en Economía Social.

Según Vázquez, se trata de barrios con “muchas carencias”, que venían siendo golpeados económicamente durante los últimos años: “Sabemos que la situación no nació ahora, pero claramente tiene muchas posibilidades de agravarse, y por eso, la preocupación en este contexto de pandemia es cómo podrán atravesar esta situación”.

En busca de respuestas, el grupo fue convocado al inicio del aislamiento social preventivo obligatorio para participar en la elaboración de un informe de impacto social elaborado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID19 (MINCYT-CONICET-Agencia). “En ese momento, articulamos con casi 80 referentes barriales en pocos días y nos dimos cuenta de cuán significativos eran los vínculos previos de la universidad y el instituto con el territorio”, recuerda Vázquez. A partir de eso elaboraron un primer informe que actualizaron con este último, con los relatos provistos por referentes que fueron consultados a un mes de comenzada la cuarentena, entre el 22 y 26 de abril.

Entre las principales preocupaciones que detectaron, se encuentran la discontinuidad de ingresos laborales de los hogares (jerarquizado espontáneamente en el 40% de las entrevistas), debido a la interrupción del trabajo de cuentapropias y changuistas, así como a la suspensión de pago a asalariados no registrados y, en menor medida, a la quita de salarios en el sector formal.

El informe detalla que, de acuerdo con la última medición de empleo disponible, el 23,1% de la población ocupada del conurbano bonaerense era cuentapropista (el 18,7% de ellos sin calificación técnico-profesional), el 26,6% de los ocupados eran asalariados no registrados y el 12,1% de la fuerza de trabajo activa estaba desocupada. Por otro lado, el 13,4% de las mujeres ocupadas del conurbano tienen como ocupación principal el empleo en casas particulares. Entre ellas, el 45,5% son jefas de hogar.

Directamente vinculado a la discontinuidad de los ingresos, la gran preocupación manifestada por los referentes es el acceso a alimentos, en particular de productos frescos, lácteos, frutas y verduras. “En muchas familias, el acceso a la alimentación no era una preocupación, no les sobraba nada pero comían. En cambio, ahora tuvieron que salir a pedir ayuda”, afirma Vázquez, quien agrega que se evidencian diversos canales de asistencia alimentaria que ayudan a cubrir esa demanda. Por ejemplo, advierte que se multiplicó entre tres y seis veces la cantidad de familias que asisten a comedores, que en muchos casos también tuvieron que ampliar sus horarios y la frecuencia en que distribuyen alimentos. También se han abierto otras instituciones, como clubes que comenzaron a ofrecer asistencia alimentaria, en otros casos con apoyo de los municipios, y las escuelas públicas provinciales instrumentaron entregas de bolsones de alimentos o viandas.

El territorio del estudio

Salud de la mujer y la familia

“La atención en la salita de los barrios es muy importante y, de alguna manera, se vio comprometida ya que redujeron mucho la atención de todo lo que no tuviera que ver con coronavirus”, advierte Vázquez. Sobre este tema, además de consultar a referentes locales también entrevistaron a personas que se desempeñan en ámbitos de salud. El informe indica que preocupa la suspensión de los servicios de rutina para niños y niñas, así como el cumplimiento de los calendarios de vacunación, el seguimiento de embarazos, y el control y acceso a medicación para enfermedades crónicas.

También apareció la preocupación por adicciones y salud mental, particularmente de jóvenes y adolescentes. En algunos casos, debido al aumento de consumos problemáticos, y en otros provocada por los efectos derivados de cuadros de abstinencia por no poder acceder a sustancias. En otro orden, también surgió la preocupación por el cuidado y entretenimiento de niños y niñas durante la cuarentena, así como los problemas que genera el acompañamiento de los adultos en las tareas vinculadas con la educación, así como las desigualdades de acceso a la virtualización de la enseñanza.

El relevamiento también da cuenta del agravamiento de la violencia de género que se vive al interior de los hogares, no solo sobre las mujeres sino también sobre niños, niñas y adolescentes. “Confirmamos que esto aparece como un problema que se agrava. En algunos casos, no se sabe si es mayor el riesgo del encierro con un violento que el de contagiarse de la enfermedad”, lamenta Vázquez y detalla que un 40% de los referentes consultados afirmó haberse enterado de algún caso de violencia de género durante el primer mes de aislamiento.

“Hay una idea de que esto es algo parecido al año 2001 en cuanto a las carencias y necesidades pero con una red de asistencia que antes no existía. Algunos nos decían que eso hace que esta vez, por lo menos, la gente no se esté muriendo de hambre, como pasó hace 20 años”, destaca Vázquez y concluye: “Desde las ciencias sociales, tenemos mucho que aportar. Saber qué está sucediendo en una coyuntura particular es necesario para comprender esa realidad y actuar en consecuencia”.