La derogación del marco normativo para la defensa creado durante la gestión del presidente Macri, junto con la restitución del anterior, que elimina la posibilidad de intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, reabren la puerta para construir un sistema de defensa soberano y que promueva el desarrollo tecnológico en este sector.
Agencia TSS – El 26 de junio pasado se publicó en el Boletín Oficial argentino el Decreto N° 571/2020, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) derogó los Decretos PEN 683/2018 y 703/2018, aprobados durante la presidencia de Mauricio Macri. El primero de esos instrumentos legales había modificado severamente al Decreto PEN N° 727/2006, reglamentario de la Ley N° 23.554 de Defensa Nacional. El segundo, había derogado las dos Directivas de Política de Defensa Nacional (DPDN) de las presidencia de Cristina Fernández (2007-2015), Decretos PEN N°1714/2009 y 2645/2014, y la Directiva de Organización y Funcionamiento de las Fuerzas Armadas (DOFFA), contenida en el Decreto PEN N° 1691/2006.
Los decretos de Macri provocaron un cisma en la regulación de la política de defensa, uno de los pocos consensos políticos amplios de la democracia argentina luego de su recuperación tras la dictadura cívico-militar de 1976-1983. La iniciativa de la actual conducción del Ministerio de Defensa (MINDEF), a cargo de Agustín Rossi, con el aval de la Presidencia de la Nación, restituyó lo que la alianza Cambiemos había eliminado, cuyos representantes han salido inmediatamente a criticar. Analizar esos cuestionamientos puede ser una buena vía para comprender la importancia y el valor de la reciente decisión del Gobierno.
Falacias, falsedades y omisiones
Los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados de la Nación se manifestaron el 30 de junio de 2020 con un comunicado titulado: “Defensa Nacional, atrasa 40 años”. Cuatro días más tarde, el antropólogo e investigador asistente del CONICET, Julio César Spota, escribió una nota de opinión en el sitio web especializado en temas castrenses Zona Militar, exponiendo una serie de argumentos contra la derogación del marco normativo macrista para la defensa. Un análisis pormenorizado de dichos argumentos revela una serie de falacias, falsedades y omisiones que, por contraposición, dan una perspectiva de la riqueza del sistema restituido. En este sentido, el texto de Spota es paradigmático y vale la pena tomarlo como referencia. Él no es un intelectual inocente en esta discusión, fue decano de la Facultad de la Defensa (anteriormente Escuela de Defensa Nacional–EDENA), una unidad académica de la Universidad de la Defensa (UNDEF) argentina, entre junio de 2016 y enero de 2020, los años en los que se elaboró e implementó la reforma macrista del sistema de defensa nacional.
El meollo principal de la irritación con la doctrina de defensa sostenida por el kirchnerismo parte del Artículo 1 del Decreto PEN N° 727/2006, en el cual se establece que las Fuerzas Armadas “serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otros/s Estado/s”.
Esta definición de la agresión por medio de las coordenadas de su origen externo, de carácter militar y estatal, combinadas con las prescripciones de la Ley N° 24.059 de Seguridad Interior, vedaba el empleo de los militares en asuntos internos. La derecha, nostálgica de la dictadura de 1976-1983 y subordinada a la doctrina estadounidense de las “nuevas amenazas”, siempre aspiró a derrumbar esa restricción. En su nota, Spota fustiga lo que él considera una desnaturalización del “versátil espíritu” de la Ley de Defensa Nacional, la que en su Artículo 2 solo mencionaba, como condición para el empleo de las Fuerzas Armadas, que la agresión sea de origen externo. Pero Spota también niega que las normas del macrismo hayan buscado borrar la distinción entre defensa nacional y seguridad interior. Ya hemos tratado esta cuestión en otra nota, así que no abundaremos en ella.
Sistema legal del área de Defensa
Hay, no obstante, al menos otros tres puntos más en la exposición del ex decano de la FADENA que ameritan un análisis pormenorizado:
El primero de ellos es una muletilla reiterada por quienes impugnan el modelo de defensa que separa a ésta de la seguridad interior, la idea de que esta concepción atrasa porque fue pensada para un mundo de hace 40 años atrás.
En segundo lugar, aparece la afirmación de que, para la Argentina, al haberse terminado con las hipótesis de conflicto con los países vecinos a través de los acuerdos y las políticas de integración con Chile y Brasil, los dos principales competidores estratégicos en otros tiempos, y al ser un país con una influencia internacional limitada, es “sumamente inesperable”, en palabras de Spota, que se enfrente un conflicto con una potencia extraregional, por lo que una concepción de la defensa centrada en la preparación para la conjura de amenazas externas de carácter estatal se torna algo con mero valor residual.
Seguidamente, Spota toma lo anterior y realiza un llamativo salto en el razonamiento. Si la Argentina casi no tiene chances de entrar en un conflicto bélico con una nación no limítrofe, entonces, mantener una doctrina de defensa basada en las agresiones estatales, en realidad, es continuar sosteniendo como hipótesis de conflicto a los países vecinos. Una actitud que sería de una hipocresía total, especialmente por parte del kirchnerismo, el cual, mientras “en su Directiva Política de Defensa Nacional (DPDN) de 2014 celebró la concordia interestatal como uno de los mayores logros sudamericanos” (Spota), por otro lado, concibe a los países de su espacio regional más próximo como “eventuales enemigos”. Curioso razonamiento, porque algo que omite Spota es que una de las mayores aberraciones de la DPDN (Decreto PEN N° 703/2018) de Macri fue considerar a Venezuela un foco de inestabilidad regional, señalándola como una potencial amenaza para todos los países de la zona, incluida la Argentina, y por lo tanto pasible de ser objeto de acciones militares. Un disparate terriblemente ofensivo hacia una nación hermana solo justificable por el fundamentalismo ideológico y la obsecuente subordinación a los dictados de Washington.
Lo que sí atrasa
En una nota del 3 de julio, en Página/12, el actual rector de la UNDEF, Jorge Battaglino, recordó que Estados Unidos prohíbe la intervención de sus fuerzas armadas en asuntos internos con una norma de 1878, la Posse Comitatus Act. Este instrumento legal, con una antigüedad de un siglo y medio, se demostró plenamente actual cuando impidió que Trump empleara a los militares de su país para reprimir las protestas provocadas por el reciente crimen de George Floyd.
La evidencia, proveniente nada menos que de Estados Unidos, demuele la tesis de Spota de que el retorno al Decreto PEN N° 727/2006 es anacrónico al impedir el empleo de fuerzas militares en situaciones de seguridad interior signadas por nuevas amenazas, como el terrorismo o el narcotráfico.
La intención de la alianza Cambiemos de desmantelar los límites legales para el empleo de los militares en cuestiones internas no puede escindirse del contexto general de las prácticas de su gestión. Durante su presidencia, Macri suprimió la reforma del sistema de inteligencia que había puesto en marcha Cristina Fernández al final de su segundo mandato. El resultado, expuesto judicial y mediáticamente en estos días, fue la reorientación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para el espionaje y la persecución política. Simultáneamente, las Fuerzas de Seguridad, bajo el mando de Patricia Bullrich, lejos de dedicarse a su cometido, se vieron crecientemente involucradas en actos ilegales de represión interna, y el discurso gubernamental al más alto nivel comenzó a reivindicar el empleo de fuerza letal por parte de la policía, incluso en los casos en los que la ley no lo habilita. Mientras todo esto ocurría, Macri intentó una maniobra legal para liberar a gran parte de los condenados por haber cometidos delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Amenazas más allá del horizonte
Si hay algo que enseña la historia desde la caída del muro de Berlín es que cualquier país que desee tener una política medianamente soberana y no posea un poder militar mínimamente eficaz está condenado, más temprano que tarde, al fracaso. Las amenazas no suelen venir de sus vecinos, sino de las grandes potencias militares mundiales, y específicamente de una de ellas.
Desde el año 2002, Estados Unidos abandonó en su Estrategia Nacional de Seguridad la doctrina de la legítima defensa para el empleo de la fuerza militar contra otro país, sustituyéndola por la de “guerra preventiva”. Por medio de la nueva doctrina, ese país se arroga unilateralmente el derecho de atacar a cualquier otro que pueda poner en peligros sus intereses y aunque esa disputa no represente una amenaza bélica para Washington. Por supuesto, el ajuste legal no le había impedido aplicar esas prácticas en ocasiones previas, como las invasiones a Granada (1983) y Panamá (1989), el bombardeo a Trípoli (Libia) en 1986, o la primer guerra de Irak (1991), sin olvidar a Vietnam (1955-1975), entre otros casos.
Estados Unidos es el único país de la Tierra con la capacidad económica y militar de atacar en cualquier lugar del planeta. Además, posee la vocación de hacerlo. Su propia pérdida de hegemonía con respecto a poderes ascendentes como China, pero también Rusia, llevan a que recurra cada vez más a los recursos militares a fin de intentar preservar su influencia.
Venezuela, Irán y Corea del Norte, más allá de lo que se pueda pensar sobre esos regímenes, no cayeron aún porque poseen un poder militar lo suficientemente poderoso, no para ganarle una guerra a una potencia mundial de primer orden, pero sí para infligirle un daño en caso de ser atacados, lo suficientemente importante como para que el agresor prefiera otras vías menos cruentas de imponerse o incluso de negociar. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), es un buen ejemplo de ello. El que su sucesor, Donald Trump, no haya aplicado una “solución final” al régimen de los ayatollahs, a pesar de desconocer aquél tratado y de las mutuas provocaciones, es otro.
No debemos olvidar que, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el Departamento de Estado norteamericano se discutió por un instante la posibilidad de atacar la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay. No había ninguna evidencia de que allí hubiera actividad de Al-Qaeda, pero el justificativo fue que así se mostraría al mundo que Estados Unidos podía atacar en el lugar menos pensado, en el momento más inesperado.
Debe tenerse presente que el único conflicto armado que la Argentina enfrentó en los últimos 120 años fue con una potencia extrarregional de primer orden y por un territorio nacional que aún permanece ocupado por ella. En esa oportunidad, las Fuerzas Armadas, formateadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional como represoras de su propio pueblo, se revelaron totalmente ineficaces para enfrentar a un verdadero enemigo del país. El Informe Rattenbach, ordenado por el mismo gobierno militar que se embarcó en el trágico desatino de la Guerra de las Malvinas, fue bastante explícito el respecto.
Confianza en las cercanías
Spota, en una voltereta argumentativa llamativa, menciona que la doctrina de defensa kirchnerista era vista por los países vecinos de la Argentina como una amenaza. Pocas cosas más alejadas de la verdad.
El fortalecimiento de una capacidad de defensa concentrada en los posibles conflictos interestatales también estaba pensada en función de la cooperación e integración subcontinental a fin de comenzar a erigir un sistema de defensa regional cuyo embrión institucional fue el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), nacido en 2008. Los gobiernos de derecha que pulularon en los países de la zona a partir de 2015, entre ellos el de Macri, eliminaron en los hechos esta iniciativa.
Uno de los espacios de cooperación más intensos en materia de defensa fue el que se dio entre la Argentina y Brasil. El Grupo de Trabajo Conjunto (GTC) entre esos dos países, nacido en abril de 2008 y que se mantuvo muy activo hasta el año 2015, cobijó y dio origen a decenas de proyectos de cooperación en materia científica y tecnológica, entre ellos, el desarrollo del Vehículo Liviano de Empleo General Aerotransportable (VLEGA), Gaucho, una propuesta conjunta de los Ejércitos argentino y brasileño.
En el año 2010, el Ejército de Brasil (EB) invitó a su par argentino a sumarse al proyecto del vehículo blindado para transporte de personal (VBTP) Guaraní, un 6×6 a ruedas desarrollado por la filial brasileña de la italiana IVECO Defense. La idea era que la Argentina incorporara a los Guaraní a su arsenal, como los iba a hacer el EB. De esa forma, se comenzaba con una iniciativa concreta de interoperabilidad en un segmento importante como son los vehículos blindados. La propuesta tenía un atractivo extra para la Argentina: el chasis del vehículo y partes de su motor eran provisto por IVECO de Argentina y la empresa ofrecía un mayor porcentaje de integración nacional si este país se sumaba a las adquisiciones.
Al final, la iniciativa no prosperó porque la cúpula del Ejército Argentino prefería adquirir vehículos similares en China. De todas maneras, el ejemplo ilustra el grado de confianza mutua alcanzado por la Argentina y Brasil en materia de defensa. Muy alejado del panorama de desconfianza entre países vecinos que Spota presenta.
En la misma línea de entrelazamiento de los vínculos argentino-brasileños, en 2010 FAdeA inició el proceso por el cual se transformó en socia a riesgo y proveedora de conjuntos y subconjuntos del programa KC-390 de EMBRAER, el avión de transporte militar táctico de Brasil que actualmente ya se encuentra en producción en serie.
Impacto sobre la tecnología
Los decretos de Cambiemos sobre defensa también destruían la posibilidad del desarrollo tecnológico propio en el sector. Este dañino legado se materializaba por dos vías. La eliminación de las DPDN del gobierno de Cristina implicaba mandar al olvido el planeamiento por capacidades y la supresión de la DOFFA dejaba a un lado consideraciones sobre la priorización de la polivalencia, la versatilidad, la flexibilidad operativa, la normalización y homogenización de los sistemas, y el desarrollo y producción de equipos de origen nacional. Cuestiones importantísimas para establecer políticas de adquisición de equipamiento militar que fueran adecuadas, sostenibles y a la medida de las posibilidades del país, sirviendo, adicionalmente, para generar o fortalecer nichos tecnológicos de desarrollo nacional.
A su vez, la DPDN del Decreto PEN N° 2645/2014, emitida durante el primer período en el Ministerio de Defensa de Agustín Rossi, había actualizado a su homóloga de cinco años antes incorporando, entre otras cosas, al ciberespacio como un nuevo escenario operacional de la defensa, lo que añade insustancialidad a la acusación de anacrónica que livianamente se endilga a las normas kirchneristas sobre la defensa.
A contramano de lo que se instaló desde las corporaciones mediáticas de la derecha, el período comprendido entre 2003 y 2015 fue el de mayor y más inteligente inversión en defensa desde el retorno de la democracia. Sólo aludiendo a algunos hitos, durante esos años y gracias al impulso del Gobierno nacional y la decisiva participación de empresas estatales como INVAP, la Argentina desarrolló, produjo e instaló radares primarios bidimensionales y tridimensionales de largo alcance de uso militar; se recuperó el astillero TANDANOR y FAdeA, se reactivó y avanzó en el plan de modernización del IA-63 Pampa, se inició un trabajo análogo con el IA-58 Pucará y se comenzó con la participación, ya mencionada, en el KC-390. Además, se efectuó la reparación de “media vida” del submarino ARA “San Juan”, malograda después en un fatal accidente durante la gestión de Oscar Aguad en Defensa, cuyas responsabilidades esperemos que algún día la Justicia dilucide. El rompehielos ARA “Al. Irizar” inició su proceso de reparación y mejora, se comenzó con la modernización del Tanque Argentino Mediano (TAM) junto a la empresa israelí Elbit, y vio la luz el más ambicioso programa de desarrollo de aviones no tripulados de América Latina, el Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA).
Lo expuesto no implica que no haya habido por aquellos años algunos déficits en la inversión y la gestión de los asuntos de la defensa, pero el esfuerzo fue significativo y mayormente bien orientado, buscando, sobre todo, la creación de capacidades productivas y tecnológicas propias. Por el contrario, a pesar del discurso pseudo reivindicatorio de Macri hacia las Fuerzas Armadas, su gestión fue una gran desfinanciadora de las mismas como bien lo demostró el politólogo y especialista en defensa Sergio Eissa. Sin olvidar a los 44 muertos del ARA “San Juan” y el denostable trato que les propinó Aguad y Macri a sus familiares.
La derogación del marco normativo para la defensa de Cambiemos y la restitución de la vigencia de la línea política sobre el sector nacido en tiempos de Raúl Alfonsín (presidencia 1983-1989) y continuada hasta 2015, incluso durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1998), junto con la visión estratégica del período 2003-2015, le dan a la Argentina la posibilidad de recuperar el camino hacia una defensa soberana. La antítesis de eso es lo que sigue ofreciendo la derecha neoliberal.