Un proyecto de ley que busca mejorar el acceso a la vacunación espera obtener dictamen la semana próxima en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados y podría tratarse antes de la discusión del Presupuesto 2019. TSS estuvo presente en el Congreso durante la presentación de la iniciativa, que cuenta con el consenso de legisladores de todo el arco político y de diversas asociaciones médicas.
Agencia TSS – Un proyecto de ley para que la vacunación sea gratuita y obligatoria en todas las etapas de la vida espera obtener dictamen la semana próxima en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación y podría tratarse en el recinto antes de la discusión de la próxima Ley de Presupuesto. La iniciativa fue impulsada por el diputado tucumano Pablo Yedlin, del interbloque Argentina Federal, con el objetivo de actualizar y mejorar la Ley 22.909, de 1983.
El proyecto declara a la vacunación como un bien social y busca mejorar el acceso de toda la población, garantizar su disponibilidad con partidas del presupuesto nacional y facilitar la gestión y logística del programa nacional de inmunizaciones. También, otorga al Estado la potestad de verificar su cumplimiento y, en caso de ser necesario, de realizarla en forma compulsiva (mediante acción judicial). Además, exime a las vacunas del pago de impuestos. La Argentina invierte 400 millones de dólares por año en vacunas y los impuestos representan un entre un 35 y un 40% del costo, por lo que redundaría en un ahorro significativo para el Ministerio de Salud.
“La normativa apunta a garantizar y mejorar la cobertura. Creemos que va a salir porque es una ley que supera lo coyuntural, está firmada por diputados de todo el arco político y busca asegurar una distribución equitativa tanto para quienes viven en Buenos Aires como en La Quiaca”, dijo Yedlin, vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, durante la presentación del proyecto de ley realizada en el Congreso, a la que asistió TSS.
En las próximas tres semanas se buscará obtener dictamen en las comisiones de Salud, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. La idea es que sea tratada en el recinto antes de que comience la discusión por el Presupuesto 2019. El diputado es optimista con respecto al panorama en la Cámara Alta. “El senador por Jujuy Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud, está dispuesto a darle tratamiento inmediato”, señaló.
La iniciativa recibió el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y logró un consenso transversal: tiene el respaldo de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de UNICEF y de la Fundación Huésped, entre otros. Anteriormente, se habían presentado dos proyectos de características similares que perdieron estado parlamentario.
La iniciativa designa al Ministerio de Salud de la Nación como autoridad de aplicación, de manera que la disponibilidad de vacunas no dependa de la situación presupuestaria de cada provincia. A su vez, establece la intangibilidad de las partidas. “Queremos asegurar la prevención primaria de salud a través de las vacunas como política de estado. Por eso, la responsabilidad tiene que ser del Estado nacional. No le estamos cargando al Ministerio de Salud costos que hoy no tiene, sino que dejamos esos costos fijos para que después no venga alguien con la idea de ajustar”, aclaró Yedlin.
El proyecto también establece la implementación de un Carnet Unificado de Vacunación (CUV), que se basa en un sistema informático que ya existe, llamado NomiVac. Cada jurisdicción del país tiene la responsabilidad de llevar un registro de las personas que vacuna, cuántas coloca y a qué lote pertenecen, entre otros datos, que pasan a formar parte de un registro nacional. Actualmente, este sistema está en funcionamiento pero el avance es desparejo y depende de cada provincia. El objetivo es establecerlo por ley y apuntar a que en el mediano plazo cualquier persona pueda acceder al sistema con su DNI y saber qué vacunas se ha colocado.
Coberturas de vacunas en recién nacidos, por jurisdicción, 2017
“Esta ley genera herramientas muy concretas para disminuir la fragmentación del sistema. Además, cuando se amplía la cobertura de vacunación se reducen los costos destinados a tratamientos médicos. Por eso, aunque el presupuesto para vacunas aumente, la balanza es a favor del ahorro. Incluso, si una vacuna no fuese costo-efectiva, estamos hablando de evitar enfermedades o muertes”, remarcó Carla Vizzotti, médica infectóloga y presidenta de la SAVE, quien colaboró con el diputado en la elaboración del proyecto y también participó de la reunión con periodistas.
En este sentido, Vizzotti destacó el punto de la ley referido a la exención impositiva, no solo por permitir un ahorro de costos sino por acelerar y mejorar la logística. “El trabajo para generar el pago de los impuestos y la liberación en Aduana de las vacunas es intenso. Hay un riesgo alto de que haya problemas mientras se almacenan los lotes en lugares no especializados. El año pasado hubo un cuello de botella: ocho millones de dosis estuvieron paralizadas por un tiempo largo y eso generó una limitación para distribuir vacunas, con el riesgo de que se vencieran o no llegaran a tiempo”, explicó.
Para que se produzca el “efecto rebaño” –entendido como la protección de una población ante una infección gracias a un alto porcentaje de individuos inmunizados–, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que haya una cobertura del 95%. En América Latina, los grupos anti-vacunas no tienen tanta relevancia como Europa, pero un obstáculo de relevancia es la falta de acceso a estos insumos básicos. “Las coberturas de vacunas en la Argentina son buenas pero no están mejorando lo suficiente”, apuntó Yedlin.
Otro problema es que, ante la percepción de que una enfermedad ya está erradicada, las personas dejan de ver la importancia de vacunarse y las coberturas comienzan a descender. En el año 2005, en la Argentina hubo un brote de hepatitis A y, ante el riesgo inminente, las personas se vacunaron masivamente. Sin embargo, en el año 2016, la cobertura descendió a menos del 90% y este año hubo un brote de hepatitis A en adultos. “Hay que generar un marco normativo que haga que el porcentaje alto de cobertura se sostenga”, dijo Vizzotti.
Por eso, la ley también busca ser una herramienta de control y los agentes o funcionarios de salud deberán informar si hay incumplimiento de la normativa. Yedlin señaló que “si bien la vacunación ya es obligatoria, no se sanciona el incumplimiento. Con esta ley se busca poner el interés sanitario por sobre el individual”. De esta manera, el Estado tendrá la facultad de implementar acciones que irán desde la notificación a la vacunación compulsiva. En el mismo sentido, se requerirá el certificado de vacunación para diversos trámites, como pasaporte, licencia de conducir y exámenes pre-laborales.
El proyecto también crea un Registro Nacional de Vacunadores Eventuales: esto permite que personas capacitadas por el Ministerio de Salud de la Nación para tal fin puedan servir de refuerzo frente a situaciones que así lo requieran, como una epidemia. Otros puntos importantes son que justifica la inasistencia laboral para quienes tengan que vacunarse o llevar a sus hijos a vacunar, establece el 26 de agosto como Día Nacional del Vacunador/a, y prevé el desarrollo de campañas de difusión y concientización. “La esencia de este proyecto de ley no es obligar a una acción, sino garantizar un derecho”, sostuvo Yedlin.
30 ago 2018
Temas: Congreso, Infectología, Legislación, Política sanitaria, Salud, Vacunación, Vacunas
