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Agencia TSS – El 17 de noviembre pasado, Nicolás D’Ippolito estaba sentado con los ojos vendados en el Salón de las Provincias del Senado de la Nación. La situación, por lo menos curiosa para este doctor en Computación, docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del CONICET, se completaba con un grupo de legisladores que simulaban un acto de de votación (votantes, escribano, fiscal) en el marco de un plenario de comisiones del Senado.

“Cuando uno implementa un software para la impresión del voto, lo que está pasando es lo siguiente: hay una máquina que tiene memoria, que tiene poder de cómputo, que conoce el orden y el contenido de los votos. Por lo tanto, hablando mal y pronto, estamos implementando el voto cantado”, dijo un D’Ippolito ya sin vendas en los ojos y tras haber revelado por quién había votado cada legislador, basándose en una serie de micropuntos apenas perceptibles en ciertas letras de las boletas con los cuales se había codificado el orden del voto.

El truco —bastante simple— expuesto junto con su colega Hernán Melgratti y que se puede ver aquí, tal vez tuvo algo de mágico para los sorprendidos legisladores y probablemente motivó la calificación de “ilusionista” por parte del diputado del PRO Pablo Tonelli en una entrevista radial.

Las presentaciones de una serie de expertos acerca de las vulnerabilidades del voto electrónico habían tenido su antecedente en la Cámara de Diputados, donde finalmente resultó aprobado el proyecto de ley de Reforma Electoral del oficialismo pese a las advertencias. Posteriormente, un comunicado elaborado por un conjunto de universidades se manifestó en contra del uso de sistemas electrónicos de votación.

En el Senado, el debate se extendió en las comisiones más de lo previsto por un Gobierno apurado por aprobar el proyecto y así poder implementarlo en las elecciones de 2017, pese al escaso tiempo por delante. “Hace meses que no es factible implementar otro sistema para las próximas elecciones”, le dijo a TSS Alejandro Tullio, exdirector nacional electoral. Vale preguntarse: ¿para qué se seguía discutiendo en el Congreso?

Una semana después de la presentación de D’Ippolito, una reunión de gobernadores justicialistas con el Bloque de Senadores del PJ-FPV barrió con la esperanza del oficialismo de poder aprobar el proyecto durante este año. Entre las razones esgrimidas por los legisladores, el comunicado de prensa ponderaba en primer lugar “las objeciones que los expertos informáticos presentaron en las reuniones de Comisión”.

Desde el lado del Gobierno, la frustración se tornó en acusaciones y calificaron a sus pares justicialistas de no querer abandonar la “vieja política”. La duda quedó rebotando en el aire: ¿Los argumentos de los técnicos fueron una excusa o, a diferencia de lo que había ocurrido en Diputados, lograron persuadir a los legisladores de los peligros que encierra el voto electrónico?

De usos y excusas

“La primera sensación que tuve y que tengo es que muchos legisladores tenían dudas y que se convencieron de que el voto electrónico es un sistema inheremente inseguro. Varios de ellos se acercaron a hablarme y me plantearon eso”, dice D’Ippolito, también autor de un celebrado artículo en El Gato y la Caja. “Si nos usaron o no de excusa es algo que entra en el plano político, no lo sé. Pero sí estoy convencido de que es importante que los legisladores recurran a los científicos, más allá de que los problemas del voto electrónico los puede conocer un estudiante de secundaria. Tal vez nosotros, desde nuestra experiencia, tenemos legitimidad para salir a decirlo”, agrega.

Con él coincide la abogada y especialista en sistemas electorales Delia Ferreira: “Creo que fue contundente lo que dijimos todos los invitados a las audiencias públicas y lo que mostraron los informáticos. La cara de las senadores fue cambiando a lo largo de los días y era palpable que los argumentos estaban haciendo efecto, se notaba en la atención con que miraban y en las preguntas y repreguntas”.

“Para los que estuvimos siguiendo el debate, lo que llamó la atención fue la falta de respuesta a una serie de advertencias que venían de gente muy formada”, dice la politóloga María Esperanza Casullo desde Estados Unidos, donde reside temporariamente como profesora visitante de la Universidad de Richmond. Y agrega: “Eran objeciones técnicamente fundadas y no había respuesta en esos mismos términos. La respuesta no puede ser que ‘el sistema no va a fallar’”.

Su colega Andy Tow cree que la presión por tener que aprobar un proyecto tan criticado terminó teniendo efecto, aunque considera que también fue un argumento que cayó como anillo al dedo. “La exposición de las vulnerabilidades del sistema de voto electrónico dejó a los senadores en un lugar incómodo, en el que iban a tener que pagar un costo político por avalar algo así. Por otro lado, les venía bien como argumento porque de otra manera era muy vulgar rechazar la reforma. El Ejecutivo mandó un proyecto muy difícil de votar y encima no encontraron expertos a favor. ¿Quién avala que esto va a funcionar bien?, preguntaba (la jueza) Servini de Cubría en una de las audiencias y nadie le contestaba algo sólido al respecto. Era un proyecto flojo de papeles y a los legisladores del justicialismo no les costó demasiado rechazarlo”.

#NoAlVotoElectronico

La irrupción de un colectivo de nerds en un debate legislativo es de por sí un suceso novedoso en la Argentina. Y si tienen éxito y logran quebrarle la muñeca a una propuesta oficialista de reforma electoral —aunque en minoría parlamentaria—, lo es todavía más. Si la insistencia es una atributo imprescindible de cualquier forma de activismo, este cuerpo heterogéneo de especialistas que militaron en contra del voto electrónico hizo de él una bandera.

Si bien aquellos que provienen de la informática se destacaron sobre el resto —muchas veces apoyados en demostraciones como las de Alfredo Ortega o Javier Smaldone, que dejaron boquiabiertos a los pocos legisladores que se quedaban a escucharlos—, en el grupo conviven matemáticos, abogados, diseñadores y especialistas en propiedad intelectual, entre otras disciplinas. Algunos de ellos lo hacen a título personal y costeando viajes desde diversas ciudades para llegar a las audiencias en el Congreso, otros como parte de organizaciones como Vía Libre, que desde hace más de una década vienen advirtiendo sobre los peligros del voto electrónico.

“Trabajé muchos años en el Congreso y claramente no hay antecedentes de algo como esto que pasó, al menos en temas constitucionales”, dice Ferreira.

Pero, ¿por qué tomarse semejante trabajo? Para D’Ippolito, “como investigador y docente sentía que tenía la responsabilidad de informar a los legisladores para que entendieran los problemas del voto electrónico y la imposibilidad de garantizar que no haya riesgos”.

Tow, que se desempeña en el Congreso y fue uno de los promotores de un proyecto alternativo (sin chip en la boleta) en el Senado, coincide en que “como fenómeno político es algo totalmente nuevo. Siempre que hay un debate hay que llamar a expertos, pero el impacto que generaron en la discusión fue muy grande, lograron aprovechar su momento”.

Todos coinciden en el efecto amplificador que tuvieron las redes sociales, tanto a través de hashtags como #NoAlVotoElectronico, como a partir de su uso para debatir posiciones y difundir videos de las audiencias. “Las redes sociales han sido clave”, dice Ferreira. Y agrega: “Este es un caso de utilización de las redes de forma efectiva, sobre todo si se tiene en cuenta que quienes estamos en contra del voto electrónico estábamos en una situación de mucha inferioridad en los medios masivos de comunicación. Las redes, de alguna manera, suplantaron con mucha fuerza ese efecto de invisibilización por parte de muchos medios. Además, muchos nos conocimos a través de las redes, hubo una división virtual del trabajo y recién nos vimos las caras en el Congreso”.

Las redes sociales también fueron campo de agresiones cruzadas. “Cuando empezaron a arreciar los ataques contra los informáticos aparecieron las universidades para respaldarlos”, recuerda Ferreira. Tanto Tullio como Tow se quejan de las agresiones de algunos especialistas. “Te empiezan a gritar y a decir que vos no sabés nada, y en ocasiones se llegó a poner muy violenta la discusión”, dice Tow. Y agrega: “Eso también me pareció un gran riesgo de los sistemas electrónicos, porque lo que hacen es empoderar a los expertos y convertirlos en la única autoridad para opinar”.

Desde la otra vereda, D’Ippolito dice: “Siempre intenté evitar ese costado chicanero y violento que tienen las redes y, de hecho, yo he sido bastante agredido después del artículo que escribí y cuando tomé una posición fuerte sobre el tema. Hasta el diputado Tonelli tildó a los especialistas de ilusionistas y sé que se estaba refiriendo a mí. Entonces, uno se pregunta: ¿por qué te ataca un diputado?”.

Terreno árido

Como una suerte de trampa técnica, el debate sobre el uso de voto electrónico llevó al Gobierno a un terreno árido para funcionarios y asesores poco acostumbrados a discutir sobre la vulnerabilidad de un chip de radiofrecuencia o sobre cómo auditar líneas de código.

Más allá de hechos concretos como la casi nula aplicación del voto electrónico en los países más desarrollados, una serie de aspectos desequilibraron todavía más la balanza en la discusión: la experiencia acumulada en este debate durante años por muchos de estos “activistas”, la incapacidad del Gobierno de enrolar a técnicos que defendieran sus argumentos, la multiplicidad ideológica de este colectivo y la debilidad de argumentos utilizados por el oficialismo para defender la reforma, como “transparencia”, “agilidad” y “modernidad”.

“Después de la aprobación en Diputados, en nuestras conversaciones internas muchos decían que estábamos perdidos en el Senado, que éramos pan comido. Yo les decía que teníamos chances, pero no creía que tantas”, recuerda Ferreira. “Uno de los principales activos del grupo es su carácter federal, apartidario y multidisciplinario, mientras que la respuesta del Gobierno fue salir a decirnos kirchneristas, algo totalmente ridículo para muchos de nosotros”, agrega.

“Fue muy impactante escuchar a un conjunto de expertos y profesionales del sector tecnológico, en muchos casos respaldados por instituciones y con currículums que los avalaban, plantear unánimemente sus objeciones a los procesos de voto mediados por dispositivos  tecnológicos. Frente a eso, funcionarios del Gobierno nacional, como Raúl Martínez, no dieron una respuesta clara sobre cómo se iban a resolver esos problemas”, dice Tullio, quien admite que durante el debate legislativo cambió su posición inicial con respecto al uso de voto electrónico.

“Si bien no coincido con algunas de las interpretaciones sobre vulnerabilidades, porque creo que algunas no se dan en la vida real, este sistema está cuestionado con un grado de seriedad tal que considero que hay argumentos sólidos que atender”, agrega el exdirector nacional electoral, y dice estar “en principio a favor de la incorporación de tecnología en el voto, por ejemplo, eliminando el chip de la boleta, pero sin una estrategia a todo o nada, como la planteada por el Gobierno”.

En este aspecto surge una divisoria de aguas: “Ninguna auditoría de software puede garantizar la ausencia de vulnerabilidades, no es materia opinable”, dice D’Ippolito, y cita el caso de las últimas elecciones en la Ciudad de Buenos Aires: “El Tribunal Superior de Justicia ignoró abiertamente muchas de las recomendaciones de la auditoría que se hizo (que estuvo a cargo de un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, de la que D’Ippolito es docente), más allá de que fue un proceso increíblemente corto y así todo encontró muchos problemas en el software (de la empresa MSA).

“No hay manera de probar que no hubo fraude y a la vez cumplir con los requisitos del voto (secreto, inviolable y auditable). Si alguien me dice ‘yo estoy dispuesto a relajar el secreto del voto’, bueno, en ese caso las cosas cambian”, sostiene, y agrega: “Es difícil que una persona que haya estudiado ingeniería, computación o sistemas pueda apoyar el voto electrónico por los motivos que lo defiende el Gobierno”.

¿Ganaron? ¿Qué ganaron?

La caída del proyecto de Reforma Electoral y el uso de voto electrónico parece solo temporal. De hecho, el Gobierno nacional, en su apuro por aprobar el proyecto amagó con volver a sacar el tema en el reciente llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso, aunque posteriormente desistió ante la falta de apoyo.

Así las cosas, la estrategia parece ser otra: impulsar la implementación del voto electrónico en las provincias para lograr una masa crítica que allane el camino a su uso a nivel nacional. Para Casullo, “existía cierto consenso sobre que la boleta partidaria está agotada pero hubo una gran oportunidad perdida de tener una discusión profunda, en términos técnicos, de manera gradual y consensuada. Parece haber una dificultad de conocer las reglas del juego cuando se trata de un oficialismo que no tiene mayoría parlamentaria. Una reforma de este tipo afecta la lógica de la competencia política en la Argentina y es claro que habrá actores en contra. El principal problema es que se intentó poner una solución sin haber logrado consenso acerca del problema”.

Al interior del debate, el elefante en la habitación fue la boleta única en papel, que ni siquiera figuraba como alternativa en el proyecto del oficialismo —que propone seguir usando la boleta partidaria en caso de no llegar con los plazos de implementación— y es la opción utilizada en Córdoba y Santa Fe, además de ser el sistema más usado en el mundo.

“La boleta única resuelve gran parte del problema porque garantiza la integridad de la oferta, pero no se discutió básicamente porque no la propuso el Gobierno”, dice Tullio. Y agrega: “No tendrá las vulnerabilidades de lectura remota pero sí tiene otras y también la complicación de todas las categorías que se votan, que podrían convertir a la boleta en una gran sábana”.

Para Tow, la boleta única no se discute porque los partidos no la ven atractiva. “Además del tamaño de la boleta para unas elecciones nacionales, el problema para los partidos es que rompe el arrastre y la articulación por niveles de gobierno. En cambio, el voto en una pantalla no cambia tanto las cosas porque están los colores en la pantalla y la opción de votar por boleta completa”.

Mientras tanto, avanzan varias iniciativas de voto electrónico a nivel municipal y provincial, como en el departamento mendocino de Santa Rosa —donde varias máquinas tuvieron problemas— y la reciente aprobación legislativa en la provincia de Neuquén, en medio de un escándalo. “En Córdoba hay una discusión fuerte y el gobernador Schiaretti lo está propiciando”, dice Ferreira con respecto al proyecto de ley que la semana que viene se votaría en la Legislatura provincial, donde el oficialismo tiene mayoría. “La presión para implementar el voto electrónico va a seguir existiendo en todo el país, entre otras cosas, porque detrás hay un negocio fenomenal”, asegura Ferreira.

A Casullo le da “cierta curiosidad saber por qué hay tanto apuro en que las provincias adopten esta reforma. Y agrega: «Me preocupa la indefinición sobre qué sistema se va a usar el año que viene, porque no hay comunicación alguna sobre el planeamiento electoral para 2017. Acá hay un conjunto de inconsistencias, incluido un acuerdo con Corea que no sabemos en qué quedó”.

Para Tow, “si bien no lo van a decir abiertamente, mi impresión es que el Gobierno tiene las máquinas encargadas o el proveedor las está haciendo y las tienen que colocar”.

D’Ippolito considera que tendrá que seguir tratando de convencer a quienes no creen en los peligros que encierra el voto electrónico. “Me importa haber permeado con el mensaje y en muchas personas creo que eso pasó, pero también veo la reacción de una gran parte de los legisladores, que siguen sin creernos. ¿Cómo podés querer un sistema que todos te explicamos cómo lo podemos violar?”, se pregunta.