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Agencia TSS – La reforma impositiva impulsada por el Gobierno que obtuvo media sanción en Diputados –la semana que viene se trataría en Senadores– preveía la suba de impuestos a las bebidas azucaradas. La medida, que podría desalentar el consumo de estas bebidas perjudiciales para la salud, finalmente fue descartada por la presión ejercida por las empresas del sector azucarero y por las productoras y embotelladoras de esas bebidas.

El estudio “BASTA, Bebidas azucaradas, salud y tarifas en Argentina”, presentado reciemente por un equipo multidisciplinario de investigadores del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), analiza los efectos de una posible modificación impositiva sobre el consumo de bebidas endulzadas, su impacto en la salud y cuáles son los sectores involucrados en esta cadena productiva.

¿Puede una medida impositiva modificar el consumo e impulsar al comprador a tomar elecciones mas saludables en su dieta? “Depende”, dice el investigador del CEDES Daniel Maceira: “Si solamente se piensa una política impositiva como una forma de presión y no entendemos que hay una reacción estratégica de las empresas ante estos cambios, estamos cometiendo un error de política y el impacto en salud pública se pierde en el tiempo”,

Según el investigador, “si se redujera el impuesto a las bebidas artificialmente edulcoradas del 4 al 0% y se aumentara el de las bebidas azucaradas del 4% al 20% –como proponía uno de los proyectos de reforma–, las empresas podrían gener subsidios cruzados al interior de sus marcas –es decir, que podrían compensar el incremento impositivo de unos productos con la reducción de los otros–, y el efecto en salud pública podría no ser el deseado”.

En el caso de las bebidas azucaradas, según el estudio desarrollado por Maceira junto con su colega Natalia Espíndola, se estima que, ante un aumento del 10% en el precio de las gaseosas, la demanda caería en un 11,2%, mientras que, en el caso de los jugos y las aguas minerales, la elasticidad es un poco menor.

Así como las empresas podrían reaccionar de maneras diferentes frente a un aumento impositivo, los consumidores también modifican sus preferencias de compra frente al incremento de los precios. Es lo que se conoce como elasticidad de la demanda y, para calcularla, se consideran no solo factores económicos, sino también otros determinantes culturales y sociales que puedan influir en el consumo, como la calidad y el prestigio de las marcas.

Según estimaciones del CEDES –que trabaja a partir de los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)– si tan solo se lograra reducir el consumo de bebidas gaseosas en un 10%, se evitarían cada año alrededor de 13.400 casos de diabetes, 2.500 infartos de miocardio, 1.500 accidentes cerebrovasculares y 2.600 muertes. Todas estas cifras prácticamente se duplicarían si la reducción en el consumo fuera del 20%.

La Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en menores de cinco años de América Latina y el Caribe con un 9,9%, según el Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado recientemente por OPS/OMS y la FAO. “Si se quisiera avanzar en una agenda de alimentos saludables desde el Gobierno, más allá de pensar en el tema impositivo, habría que tener una mirada más global de cadena productiva”, agrega Maceira.

“Percibímos cierta actitud errática en el Gobierno, porque el Ministerio de Salud apoyaba el impuesto y el de Hacienda lo preparó y lo presentó, mientras el Poder Ejecutivo anunciaba inversiones de Coca-Cola”, dice Noelia Cabrera, también investigadora del CEDES y quien, junto con sus colegas Tamar Finzi y Natalia Gualdoni, elaboró un detallado mapa de actores (incluyendo distintas dependencias del Gobierno, empresas y la sociedad civil) de este sector.

“Hay un acuerdo de cooperación firmado entre el Ministerio de Salud, el de Agroindustria y la COPAL (Cooperadora de las Industrias de Productos Alimenticios), mediante el cual las empresas podían reducir voluntariamente los azúcares en los alimentos”, recuerda la especialista, y agrega que las autoridades actuales de Salud, en cambio, se muestran en desacuerdo con esa medida aunque el convenio sigue vigente.

“En general, la cooperación está del lado de la sociedad civil y el conflicto del lado de la industria”, agrega Cabrera, y advierte que el estudio lo hicieron con datos desde abril de 2016 hasta agosto de 2017 (que obtuvieron a través de entrevistas a más de 30 actores y también de otras fuentes porque, por ejemplo, no fueron recibidos por ninguna de las empresas embotelladoras), y que debido a la vigencia que cobró este tema algunos de los vínculos que refleja ya comenzaron a modificarse.

El mapa del sector

El sector azucarero fue uno de los sectores que mayor presión ejerció para que no se aplicara el impuesto a las bebidas azucaradas. La provincia de Tucumán concentra 15 de los 23 ingenios que existen en la Argentina. Se trata, según el estudio, de un sector cuya producción es destinada principalmente al mercado interno (el 60% de la demanda de azúcar proviene de la industria de bebidas y alimentos y, de ese total, el 80% lo consumen las bebidas azucaradas). Ocho grupos económicos concentran el 85% de la producción de azúcar del país y emplean a alrededor de 45.000 personas.

Después del azúcar, el jarabe de maíz de alta fructuosa (JMAF) es el segundo endulzante más utilizado por la industria. Alrededor de la mitad de la producción maicera es destinada al mercado interno y este producto se obtiene a través de un proceso conocido como moliena húmeda, con la cual también se producen almidón y aceite, por ejemplo. Entre esos derivados, el JMAF se encentra en el quinto lugar de demanda y casi en su totalidad (95%) se destina a la producción de bebidas azucaradas. Este sector emplea a alrededor de 2300 personas que trabajan para los cinco productores que hay en el país –distribuidos en Córdoba, Tucumán, Santa Fe, San Luis y Buenos Aires–, todos ellos con larga tradición en este sector excepto Arcor, que abrió su planta el año pasado.

Los cítricos y jugos naturales también son una opción para endulzar. La Argentina se ubica noveno en el mundo entre los productores de cítricos y durante el último año también se consolidó como el principal productor de limones. Se trata de un sector que emplea alrededor de 91.000 personas (que en épocas de buena cosecha puede llegar a 130.000 trabajadores temporarios), principalmente en las zonas del Noroeste (limones y pomelos, principalmente) y del Noreste (naranjas y mandarinas).

Como la mayor parte de la producción de cítricos se consume en fresco y resulta insuficiente para la industria, en junio de 2016 se estableció un convenio de cooperación entre el INTA y Coca-Cola, mediante el cual la empresa se comprometía a triplicar la compra de jugos de naranja (de 6.000 a 18.000 toneladas en diez años), y el INTA acordaba iniciar proyectos de investigación en naranjas con destino a la agroindustia, principalmente sobre variedades con alto rendimiento en azúcares.

Por su parte, los productores de mosto (jugo de uva) continúan intentando sumarse a este grupo de endulzantes, pero según explica Cabrera, el sector está dominado por los productores de azúcar y JMAF, pero Coca-Cola también los ha avalado, ya que alegan que para usar mosto en la producción se requiere un proceso más costoso que con las otras opciones.

En el centro de la cadena productiva se encuentran las embotelladoras, que se ocupan de la elaboración y el embotellado de las bebidas. En este caso, se trata de seis grupos, algunos de origen nacional –a cargo de todo el proceso productivo– y otros de procedencia internacional, que funcionan bajo un sistema de franquicias por el cual adquieren el componente concentrado y posteriormente elaboran y embotellan el producto.

Entre ellos, la participación del mercado se divide de la siguiente manera: cerca del 62% corresponde a Coca-Cola, el 20% a Pepsico y el 18% a marcas no líderes, como Pritty, Nutreco (Goliat Premium, Nihuil y otras) y Refresh Now (Manaos, La Bichy Ahora). “Es interesante notar que en el interior del país las marcas no líderes ganan participación, sobre todo en el segmento no cola, en el que llegan al 30%”, explica Cabrera y detalla que este sector emplea a alrededor de 10.000 trabajadores entre producción y distribución, representados por la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA).

Maceira coincide en que el sector está dominado por empresas internacionales que concentran la mayor parte de la proporción de la renta en la Argentina y advierte que el segmento de las gaseosas, por ejemplo, no solo está asociado a sus productos clásicos, sino también a una serie de otros productos como aguas saborizadas, con las que captura más mercado. “Dentro del total de bebidas sin alcohol que se venden en la Argentina, el 62% corresponde a gaseosas, el 13% a sodas, el 11% a aguas saborizadas, el 6% a agua mineral, otro 6% a jugos naturales, y el resto a energizantes y otras variedades. Del total de las gaseosas, la Coca-Cola regular alcanza el 30%”.

El especialista también destaca la importancia de elaborar una estrategia que implique alianzas entre sectores. Por ejemplo, con el sector azucarero, que se vería afectado por una disminución de la demanda del sector alimenticio pero podría derivar su producción al sector de biocombustibles. “Aquí aparecería un nuevo actor, que es la cámara de los que producen motores, que dicen que para aumentar la cuota de etanol tienen que producir otro tipo de motor,  mientras que los expertos en agronegocios dicen que si esa tendencia continúa toda la industria azucarera se va a reconvertir a biocombustibles de aquí a 30 años”, agrega Cabrera.

“Cualquier política que intente promover hábitos saludables debe ser una estrategia compuesta por varios componentes, en la que el sistema impositivo es muy importante pero no es el único”, subraya Maceira y agrega que otras acciones podrían ser, por ejemplo, las regulaciones en el etiquetado de estos productos o zonas de venta permitidas, así como campañas de información al usuario que muestren los riesgos de consumir este tipo de bebidas. Y rescata la importancia de que este tema se haya instalado en la opinión pública. “Cuando empezamos con el proyecto, hace dos años, casi no existía esta discusión en la Argentina».