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Agencia TSS – En una jornada histórica para la salud de las personas gestantes, hoy la Argentina está nuevamente a un paso de convertir en ley la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 11 de diciembre pasado, pero la discusión en el Senado está bastante más reñida. Si bien es difícil contar con datos precisos sobre la realización de abortos en el país debido a que es una práctica que se realiza en la clandestinidad, se pueden hacer algunas estimaciones que permiten dar cuenta sobre la necesidad de garantizar el acceso a un aborto seguro.

Para aportar un insumo más al debate, la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de la Salud (RAIIS) elaboró un informe con datos sobre la situación del aborto en la Argentina. “Nuestra motivación fue hacer un aporte desde nuestro lugar de investigadoras y trabajadoras del sistema de salud, para que las y los senadores pudieran decidir con información. Se lo hicimos llegar por diferentes vías y nos pusimos a disposición. Hubo senadores que nos pidieron más datos y eso fue alentador”, le dijo a TSS Patricia Rosemberg, integrante del equipo de la RAIIS que realizó el informe.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 23.000 mujeres mueren por abortos inseguros cada año. En la Argentina, toda persona con capacidad de gestar tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo cuando exista un riesgo de vida o de salud, como estipula el artículo 86 del Código Penal, que data de 1921, pero cuyo cumplimiento sigue presentando obstáculos un siglo después. En tanto, el proyecto que se discute en el Congreso establece que todas las personas gestantes tendrán derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación. Otro aspecto relevante es que las obras sociales y prepagas deberán ofrecer una cobertura integral y gratuita de la IVE.

El informe de la RAIIS aborda la problemática del aborto desde la epidemiología, con una perspectiva que evalúa los procesos de salud-enfermedad en el marco de las desigualdades sociales. “Si bien desde la investigación biomédica y el desarrollo científico hubo muchos avances, desde la perspectiva social los individuos continúan enfrentando diferencias muy marcadas en cuanto a la salud, que no pueden ser explicadas desde el modelo biomédico, sino que deben ser abordadas desde lo político, lo económico y lo cultural. No se puede hablar de política sanitaria sin pensar en políticas sociales. Los grupos más vulnerables y vulnerados presentan los peores resultados en salud”, indican en el documento.

En ese sentido, la pandemia sumó otro factor de complejidad al problema. “La pandemia afectó fuertemente el acceso a anticonceptivos, ya sea porque los servicios de salud ofertan menos, por el aislamiento o porque muchas personas tenían miedo de concurrir a un servicio de salud. Sin embargo, más allá de las dificultades, la provincia de Buenos Aires pudo armar un informe de cuántas interrupciones legales del embarazo se hicieron en los hospitales públicos y lo que se vio es que una mujer que quiere hacer un aborto lo hace igual, con o sin pandemia, con o sin clandestinidad”, afirma Rosemberg.

El informe señala que, según datos de la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS), se estima que los abortos en la Argentina rondan los450.000 casos al año. Además, los datos de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, arrojan que, en promedio, entre 2010 y 2017 se produjeron en el sistema público 45.604 egresos hospitalarios por abortos incompletos por año. Algunas de las complicaciones registradas incluyen shock séptico, hemorragias, necesidad de internación en diversos niveles y cirugías de alta complejidad.

Uno de los argumentos de quienes se oponen a la ley es el costo que podría tener para la salud pública la realización de las IVE. Sin embargo, según el informe, el costo total ponderado de tratamientos por abortos incompletos llega a los $ 2.586 millones de pesos año (valor en pesos a diciembre de 2020). Esto arroja un costo promedio, por aborto clandestino, de $ 56.700. Si se compara con el valor de una caja de misoprostol (el método más accesible y uno de los más seguros), con los costos que le implica al sistema de salud público atender las consecuencias más graves de un aborto incompleto, el aborto clandestino puede costar hasta 21 veces más que el aborto legal, seguro y gratuito.

Otro argumento en contra suele ser que la legalización de la IVE aumentaría la cantidad de abortos. “Lo que se ve en los países que legalizaron la práctica es que los abortos descendieron o se mantienen en una meseta. En ningún lugar aumentaron y, en cambio, descendió el número de muertes maternas. Tener la ley garantiza que la persona que decide realizarse una IVE pueda hacerlo de forma segura. Nadie va feliz a hacerse un aborto pero hay circunstancias que llevan a que una persona elija hacerlo y ahí tiene que estar el Estado garantizando que sea en condiciones de seguridad”, sostiene la investigadora.

El informe también aborda la problemática de los embarazos en niñas y adolescentes. En el año 2018, hubo 87.118 nacimientos en menores de 20 años y, de esos, 2.350 corresponden a niñas menores de 15 años. Esto se traduce en que unas 6/7 niñas de entre 10 y 14 años que dan a luz por día en la Argentina. Además, los datos relevados muestran que las provincias del NEA son las que tienen las tasas de fecundidad temprana de niñas y adolescentes más altas del país. En este punto, las autoras del informe remarcan que la introducción de la IVE dentro de instituciones de salud también será una oportunidad para que haya una adecuada consejería integral en salud sexual y anticoncepción.

Para Rosemberg, todavía falta para que la discusión social en torno al aborto esté saldada. “Cuando se discute autonomía sobre los cuerpos, se discute más que el acceso. Cuando se ve que en el NEA y el NOA hay tantas madres niñas producto del abuso sexual, queda en evidencia que hay que seguir dando discusiones en diversas aristas”, dice. También señala la importancia del acompañamiento durante todo el proceso y de entender la salud de la persona gestante de manera integral.