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Agencia TSS – A un año de su implementación, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) recibió 19 proyectos, por más de 30.000 millones de dólares, de los cuales fueron aprobados siete, por 13.067 millones de dólares. Entre ellos, el 95% de la inversión comprometida corresponde a los sectores minero (63%) y petrolero (32%), mientras que el resto se reparte entre energías renovables (2%), biocombustibles (1%), siderurgia (1%) e infraestructura portuaria (1%). Así lo detalla el primer informe del Observatorio del RIGI, una iniciativa colaborativa conformada por organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación internacionales y espacios académicos locales, que monitorea y analiza las implicancias económicas, sociales y ambientales de esta medida, centrado en los derechos humanos, la justicia ambiental y la soberanía territorial.

“La idea del observatorio es seguir este tema a partir de diferentes variables, teniendo en cuenta no solamente las empresas que van adhiriendo o presentando proyectos al Ministerio de Economía, sino también cómo aquellos proyectos que se van aprobando impactan en los territorios en los que aplican estas inversiones”, afirma Mariano Novas, doctor en ciencias políticas del Área de Ambiente y Política del Instituto de Investigaciones Políticas de la Universidad Nacional de San Martín (IPP/UNSAM) y uno de los autores de este informe, y advierte que este régimen de incentivo a las grandes inversiones es “novedoso” a nivel internacional e implica una reforma sobre el rol del Estado nacional y la utilización o el aprovechamiento de los bienes comunes de todos los argentinos.

Específicamente, el RIGI, que tiene vigencia hasta el 2026, establece un paquete articulado de beneficios fiscales, aduaneros y legales por 30 años. Está destinado a proyectos de inversión nacionales o extranjeros superiores a 200 millones de dólares, en diferentes sectores productivos como infraestructura, minería, foresto-industria, turismo, tecnología, siderurgia, energía e hidrocarburos. Al poner un monto mínimo tan elevado, esta medida impide que participen empresas locales medianas o grandes.

Mapa de los proyectos ingresados al RIGI

Fuente: Elaboración de Fiorella Ricagno (2025), en el primer informe del Observatorio del RIGI.

 

La medida constituye uno de los pilares del plan económico del Gobierno actual. Sin embargo, es contradictoria con la Constitución Nacional y pone en riesgo la soberanía. Por ejemplo, según el artículo 193 de la Ley Bases, el RIGI establece que los insumos para estos grandes proyectos de exportación estratégica tienen que ser garantizados sin importar si eso afecta el abastecimiento interno. “Si se afecta el agua a proyectos mineros y, de repente hay un contexto de sequía, no importará el abastecimiento de agua para las comunidades porque se le dará el agua a las mineras. Esto choca con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho al ambiente sano y sustentable, apto y equilibrado para la vida”, puntualiza Cristian Fernández, coordinador del área de Asuntos Legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), y otro de los autores del primer informe del Observatorio del RIGI.

Otro caso de inconstitucionalidad surge del artículo 165 de la Ley Bases, que establece que cualquier regulación que limite o se oponga al RIGI será nula de nulidad absoluta, lo que impide que a futuro puedan crearse áreas protegidas para conservar la biodiversidad, por ejemplo. “Ni la Ley de Inversiones Mineras se atrevió a tanto, ya que daba excepciones fiscales y tributarias pero el RIGI no solamente otorga todos estos beneficios impositivos, tributarios y también cambiarios, sino que además ofrece una especie de escudo legal frente a cualquier norma que pretenda, hasta de buena fe, conservar el ambiente y los ecosistemas”, subraya Fernández.

De manera similar, al limitar la protesta social y criminalizar a las y los defensores ambientales, se contrapone al Acuerdo de Escazú, un tratado regional que en su artículo 9 se refiere a garantizar un entorno propicio para el accionar de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, al cual la Argentina ha adherido, lo que le otorga una jerarquía legal superior a la Constitución Nacional.

Empleo y transparencia de datos

Desde su aprobación mediante la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), en julio de 2024, el RIGI fue adoptado en 15 provincias a través de leyes locales. En detalle: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tucumán. En muchas de ellas se encuentran los recursos naturales que pueden ser objeto de estos megaproyectos mineros.

Catamarca, Salta y San Juan, por ejemplo, son provincias donde la minería de cobre y litio lidera las iniciativas presentadas. De manera similar, las inversiones orientadas a la construcción de infraestructura para exportación del sector hidrocarburífero involucra a las provincias de Neuquén y Río Negro.

Inversiones comprometidas por provincia

 

Fuente: Primer informe del Observatorio del RIGI.

 

Uno de los argumentos más empleados en los territorios para la instalación de estos proyectos extractivos es la promesa de la generación de empleos, a pesar de que diversas experiencias ya en curso desde hace décadas demuestran lo contrario. El caso de los proyectos vinculados al RIGI no es diferente. Según el primer informe del observatorio, se estima que las iniciativas aprobadas generarán más de 6000 puestos directos y 20.000 indirectos, cifra que se vuelve irrelevante si se compara con los despidos que hubo en el sector público desde el inicio de la gestión actual del Gobierno, que ya superan los 180.000 empleos perdidos.

“Nos costó muchísimo construir las bases de datos porque están encriptados: Estos proyectos extractivos que van a durar tanto tiempo entran al Ministerio de Economía y lo cierto es que no podemos acceder a la información de forma clara. Lo que fuimos haciendo sobre el empleo por proyectos es en base a las propias declaraciones juradas de las empresas, de donde pudimos ir reconstruyendo y detectar un muy bajo nivel de empleabilidad”, afirma Novas. Y agrega que, en términos numéricos y estadísticos, estos proyectos involucran mucho capital o prometen grandes exportaciones pero no generan grandes encadenamientos productivos ni tampoco tanto empleo. “La literatura académica denomina a esto como chantaje de la localización”, explica el investigador, y ejemplifica con el caso del Golfo San Matías, adonde se derogó una ley de protección ambiental para instalar un puerto petrolero, donde no solo se verán afectadas las ballenas y la biodiversidad marítima, sino también la pesca artesanal y el turismo local.

Hidrocarburos, exportaciones y riesgo ambiental

A pesar de la retórica abiertamente anti-estatista del gobierno actual, su programa económico depende de YPF, que es vista como la llave para atraer inversiones y generar los dólares que el país necesita. La empresa, mayoritariamente estatal, representa más del 2% del PBI y es responsable de más de la mitad de la producción nacional de hidrocarburos.

Acorde a ese potencial, tres de los primeros proyectos aprobados mediante el RIGI se vinculan a YPF. Dos de ellos asociados a la exportación desde Vaca Muerta (el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la planta flotante de GNL Southern Energy, en el Golfo San Matías, en Río Negro) que, al mismo tiempo, generan un alto riesgo socioambiental, ya que amenazan una ecorregión con una biodiversidad única, adonde habitan ballenas francas y delfines.

Sectores en los que se han presentado los 19 proyectos hasta agosto de 2025

 

Fuente: Primer informe del Observatorio del RIGI.

 

Según el informe del observatorio, los procedimientos de evaluación ambiental para estos proyectos han sido “fragmentados y limitados” y no cumplieron con el Acuerdo de Escazú, ya que excluyeron a comunidades locales y pueblos originarios de las audiencias públicas. Además, advierte que los estudios omiten impactos acumulativos y riesgos clave, como modelos de derrames o el aumento del tráfico marítimo.

“No existen tantos antecedentes jurídicos de una medida similar a esta. Darle 30 años de beneficios impositivos, fiscales y regulatorios a las empresas es una eternidad, estamos hablando de siete mundiales, de siete períodos presidenciales. Frente a eso, decir que se pueden garantizar los insumos como el agua es preocupante”, dice Fernández y compara al RIGI con la película “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”: “Así como la clínica de la película le va borrando los recuerdos al personaje, el RIGI va borrando los derechos, y eso es algo inadmisible en una república democrática”, concluye.