Recurrir a proveedores externos para grandes proyectos de energía y transporte significa una pérdida de oportunidades para el desarrollo de capacidades tecnológicas y productivas locales. Por Santiago Harriague
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El gasto del Estado es un importante motor del desarrollo científico-tecnológico y productivo. Si esta afirmación hiere algún oído finamente ortodoxo, piénsese en el papel jugado por los gastos militares en EEUU y en la revolución técnica que han generado.
Salvando las obvias diferencias de escala, nuestro país tiene numerosos ejemplos en este sentido. El papel histórico que jugaron empresas estatales como YPF y Gas del Estado, la siderurgia, los complejos petroquímicos, el complejo mecánico-aeronáutico en Córdoba, el sector nuclear son ejemplos claros, sin olvidar a sectores productivos privados con apreciable contenido tecnológico, nacidos para responder a la inversión pública, como la producción de caños sin costura (para la red de gasoductos) y la producción de aluminio primario (para la industria aeronáutica), por citar unos pocos.
En los últimos años ha habido un fuerte crecimiento de la inversión pública, ante el fracaso de las mágicas “fuerzas del mercado” para mantener niveles mínimos de infraestructura en sectores clave como energía y transporte. Ejemplos de proyectos de inversión pública de magnitudes relevantes son las centrales hidroeléctricas en el río Santa Cruz, la renovación de los ferrocarriles suburbanos del área de Buenos Aires, la expansión del transporte ferroviario Belgrano Cargas, el metrobús de La Matanza.
Una característica común a los casos mencionados es que el grueso de los materiales, equipamientos e insumos son, han sido o podrían ser desarrollados y producidos localmente; en estos casos se generarían desarrollos tecnológico-productivos que permitirían alcanzar niveles internacionales de competitividad en plazos relativamente acotados, utilizar plenamente capacidades existentes y generar cadenas nacionales de valor. Es así que IMPSA produce en la actualidad turbinas para centrales hidroeléctricas, que en nuestro país se fabricaron locomotoras y material rodante ferrroviario y de subterráneos, y rieles para nuestra otrora extensa red ferroviaria hasta que su abandono y desguace llevó a que el correspondiente tren laminador fuera vendido como chatarra.
En los casos mencionados, sin embargo, se está recurriendo principalmente a proveedores extranjeros: la licitación de las obras de las centrales hidroeléctricas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic fue adjudicado a un consorcio donde la empresa china Gezhouba aportará el equipamiento electromecánico, con financiación por 4.700 millones de dólares del Banco de Desarrollo de China (aún pendiente de aprobación a la espera de los seguros que lo avalen); la firma china CSR instalará plantas para la fabricación y el mantenimiento de vagones de carga y de pasajeros provistos por dicha empresa, con la correspondiente financiación; el BID ha otorgado un crédito por 1.500 millones de dólares para la electrificación del ramal La Plata del ferrocarril Roca, lo que obliga a llamar a licitación internacional para dichas obras; el Banco Mundial ha otorgado un crédito de 90 millones de dólares para el metrobús de La Matanza, lo que obliga a llamar a licitación internacional abierta para el suministro de los colectivos de doble cuerpo, construcción de carriles y pasos bajo nivel, y semaforización. En un marco de estancamiento económico en las naciones industrializadas, es esperable una fuerte competencia con bajos precios para licitaciones internacionales de este tipo.
Hay razones de peso para esta opción de recurrir a proveedores extranjeros definidos o potenciales: las obras son requeridas con urgencia, los dólares son escasos, las tasas de los créditos –sean estos chinos o de organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial– son muy atractivas y constituyen una vía para la obtención de financiamiento internacional. Pero al mismo tiempo se pierden oportunidades de desarrollo tecnológico-productivo local en un cuadro de desaceleración de nuestro crecimiento industrial, especialmente en sectores de mediana complejidad tecnológica, donde el atraso de nuestra infraestructura permite esperar mayores inversiones futuras.
Nos planteamos entonces una serie de preguntas:
– Primera y fundamental, ¿por qué no se ha abierto un debate sobre este tema?
– ¿Por qué no se planificaron estas necesidades con tiempo, a fin de potenciar o recrear, según el caso, las necesarias capacidades tecnológico-productivas?
– ¿No es hora de empezar a coordinar los planes de los distintos sectores del Estado; industria, infraestructura, transporte, ciencia y tecnología?
– ¿No sería el momento de volver a antiguas y exitosas prácticas de desarrollo de proveedores locales por parte de los organismos del Estado?
– Si no hacemos algo ahora, ¿no terminaremos planteando estas mismas preguntas dentro de algunos pocos años?
22 ene 2014
Temas: Banco Mundial, BID, Energía, Proveedores, Transporte