La combinación entre los incendios intencionales y una sequía extrema generaron una crisis ambiental con focos que arrasaron con más de 700.000 hectáreas en diversas partes de la Argentina durante este año. Un proyecto presentado por el bloque del Frente de Todos en Diputados propone cambios en la Ley de Manejo del Fuego para prohibir modificaciones en el uso de las superficies afectadas.
Agencia TSS – A principios de este mes, las llamas que efectaban a las cercanías de Carlos Paz, en Córdoba, obligaban a la evacuación de casas en los barrios de Villa del Lago, Lago Azul y Santa Cruz del Lago. El fuego, fuera de control, comenzaba a extenderse a los domicilios frente a la impotencia de quienes debían abandonar su hogar. En esa provincia, en medio de una sequía histórica, los incendios forestales ya arrasaron desde agosto más de 200.000 hectáreas de vegetación, monte nativo, flora, fauna y hasta viviendas. Este caso fue solo uno más en una situación de emergencia que se repite a lo largo del país en una de las temporadas de mayor cantidad de incendios desde que se tenga registro. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, fue denunciado penalmente por la demora que tuvo en pedir el apoyo de otras jurisdicciones para apagar los focos.
La sequía que afecta al centro y norte del país ha agravado la situación, pero se estima que el 95% de los incendios tienen un origen intencional ya que se usa como método para desmalezar campos para los cultivos de primavera y para el rebrote de pasturas tiernas para la cría de ganado, como ha pasado en el delta del Paraná y por el que más de 70 dueños de campos han sido demandados por el Estado.
El fuego también es un recurso para limpiar campos que luego puedan usarse para iniciar emprendimientos inmobiliarios. Para evitar estas prácticas, el diputado Máximo Kirchner (FdT), junto con otros 14 diputados de casi todos los bloques, excepto el de Juntos por el Cambio, han presentado una modificación de la Ley de 26.815 de Manejo del Fuego, mediante la cual no será posible cambiar el uso del suelo de las superficies incendiadas, ya sea por incendios intencionales o no, por el lapso de 60 años en el caso de bosque nativo, y por 30 años en zonas agrícolas. Tampoco se permitirá su venta o subdivisión, la realización de emprendimientos inmobiliarios o la agricultura intensiva. Estos plazos extensos para la restauración, durante los cuales no haya actividad lucrativa sobre esos campos, apuntan a desestimar la especulación con los incendios.
Sobre el proyecto, la diputada Daniela Vilar (FdT), vicepresidenta de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, y una de las firmantes, le dijo a TSS: “Lo que proponemos es un cambio de paradigma en el manejo del fuego: si seguimos pensando que quemar es una buena práctica mientras esté controlada se retira el Estado y se deja que cada privado lo maneje a su gusto. Así, un bosque se convierte en una molestia, un humedal hay que secarlo y un pastizal es un baldío o un campo abandonado improductivo que hay que transformar. El objetivo del proyecto no es sancionatorio sino de prevención, y pretende ir al origen del problema, que es evitar que los incendios se provoquen, a partir de la desarticulación del entramado de negocios que los incentiva. El proyecto fue acompañado por varios bloques, así que seguramente vamos a poder aprobarlo”.
En diálogo con TSS, Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, sostuvo: “El uso del fuego para el rebrote de los campos en la ganadería es una actividad bastante ineficaz. No es tan extendida ya que hoy básicamente el fuego se usa principalmente para abrir nuevos terrenos. Aún así, en el momento o en la circunstancia en que se usa para la búsqueda de rebrotes en campos de ganadería extensiva habría que generar una fuerte campaña de concientización sobre los productores, para incentivar otro tipo de tecnologías y no el fuego, que pasa a ser —en el momento de esta durísima sequía y en el marco del cambio climático— una amenaza muy grande para la propia salud de los ecosistemas y la población”.
En el mismo sentido, Vilar afirmó: “Tenemos una emergencia climática por la sequía, las lluvias están siendo mucho menores del promedio habitual. A esta situación natural se le suma la acción humana: la enorme mayoría de los incendios son provocados por personas que, conociendo esta situación de sequía, incendian territorios con fines inmobiliarios y especulativos”.
Según Federovisky, “había una previsión seria de que este podía ser un año muy complicado en materia de incendios porque estamos hablando de una sequía que tuvo una duración mucho mayor que la habitual. Una de las consecuencias del cambio climático es la agudización de los extremos y esto supone que las sequías van a ser cada vez de mayor duración, sobre todo durante la temporada seca en el centro del país, que es el invierno”.
Hasta el momento no hay dueños de campos que hayan sido detenidos por las quemas, solo algunos trabajadores. La semana pasada fueron detenidos cinco jóvenes, de entre 13 y 19 años, acusados de reavivar los incendios en Córdoba. Para Federovsky, “la Justicia no ha estado, creemos nosotros, a la altura de las circunstancias en la identificación de quiénes son los dueños de los campos que se han incendiado, para lo cual hoy se cuenta con dispositivos tecnológicos como para garantizar esa identificación”.
Al 14 de octubre pasado el fuego en Córdoba ya estaba controlado pero seguían habiendo focos activos en Salta, Tucumán, Jujuy y La Rioja, según el Reporte de Incendios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
15 oct 2020
Temas: agroindustria, Ambiente, Humedales, Incendios, Sequía
