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Agencia TSS – Según datos del Ministerio de Ambiente de la Nación, en los últimos años fueron afectadas casi un millón y medio de hectáreas en todo el país, en zonas con distintos tipos de ecosistemas: bosques, sabanas, humedales, pastizales, palmares, turberas, áreas cultivadas, pasturas implantadas y más. En cada uno de ellos, el fuego impacta de maneras diferentes, afectando no solo a la biodiversidad biológica sino también cultural.

Un grupo de ecólogos y ecólogas del Paraná está relevando distintas zonas afectadas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, con la intención de generar un modelo predictivo que permita prever el impacto de las quemas sobre el suelo y los ecosistemas de humedales. Aunque, advierten, para lograrlo todavía necesitan recolectar “muchos más” datos.

“Es importante seguir sumando este tipo de información para analizar qué puede pasar a largo plazo, porque no solo importa el impacto que tiene el fuego sobre los ejemplares a los que les tocó esta situación, sino también toda la función que cumplen en estos ecosistemas, que son importantísimos porque ayudan a mitigar el cambio climático”, afirma la bióloga Ana Paula Cuzziol, que es parte del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (FBCB-UNL).

Entre otras funciones ecosistémicas que cumplen –y que ayudan a mitigar el cambio climático, por ejemplo– los humedales regulan la retención de agua para las inundaciones y las sequías, filtran nutrientes del suelo y retienen elementos que de otra forma se liberan y contribuyen al efecto invernadero. “Es irónico que estos ecosistemas estén ardiendo en plena ola de calor y se pierden cada vez más, cuando en verdad se necesitan cada vez más para amortiguar el cambio climático”, lamenta Cuzziol, que además es becaria doctoral del CONICET.

Desde que comenzaron a recorrer las zonas incendiadas, a principios del año 2020 –con el inicio de la pandemia por Covid-19–, ya han relevado 18 sectores de islas y humedales. El último fue en Isla Puente, un área protegida de 72 hectáreas frente de la ciudad de Paraná, que a fines de enero pasado fue afectada por los fuegos en un 70% de su superficie.

“Estamos comparando los daños que habíamos registrado en épocas de invierno y primavera con los que se dan en verano, que ecológicamente son más importantes porque estamos en otro ciclo biológico de las especies, en el que gran parte de la fauna silvestre está en reproducción y hay más actividad de animales que en invierno”, agrega Rafael Lajmanovich, que también se desempeña en el Laboratorio de Ecotoxicología de la FBCB-UNL, en Santa Fe. Por eso, afirma que se desconoce si las especies de plantas leñosas que no están completamente afectadas podrán seguir fructificando, o si las especies animales que sobreviven a la quema podrán reproducirse o no.

Durante agosto y septiembre, según el primer análisis de los datos recolectados por este grupo, que fue presentado a fines del año pasado en el Segundo Encuentro Nacional de Restauración Ecológica de Argentina, fueron afectadas la mayoría de las unidades ambientales que componen los humedales. Específicamente, los denominados albardones fueron los más dañados (en un 83 %), seguidos por las media-lomas (47 %), las depresiones o lagunas internas (17%) y las barrancas (5 %). La profundidad del suelo quemado –de la cual dependerá además el tiempo necesario para su recuperación, que en este caso en el 70% de los humedales no registró revegetación a mediano plazo (de 3 a 4 meses) – varió  de 2 a 12 centimetros, mientras que la altura de las llamas en especies leñosas alcanzó entre 2,70 y 4,20 metros. En cuanto a las especies afectadas, de forma directa o indirecta, se registraron 83, entre plantas, anfibios, aves, reptiles y mamíferos.

“Los efectos podrían ser más graves porque no solo se queman ejemplares que ya tienen varios años sino también los bancos de semilla y las nuevas generaciones de animales que todavía no están reproductivos o que potencialmente tenían la capacidad de reproducirse”, dice Cuzziol.

A esto se suma la continuidad de los incendios. “Es el desastre sobre el desastre, lugares que ya estuvieron incendiados en invierno y que se vuelven a incendiar”, se preocupa Lajmanovich, que también es investigador del CONICET, y advierte que los ciclos de la naturaleza podrían no estar ajustados para reponerse a dos años de incendios continuos, que se suman a la bajante histórica del Paraná, lo que hace que lugares que habitualmente tienen agua no la tengan e incrementa la cantidad de material vegetal pasible de convertirse en llamas.

“En el último relevamiento había muchos animales juveniles muertos, lo que puede impactar en la reproducción de estas poblaciones. Si disminuyen las poblaciones de anfibios, aumentan las de insectos, hay aves que no van a tener qué comer y todo el ecosistema se desbalancea”, advierte Lajmanovich y subraya que es necesario pensar en el concepto de una sola salud, puesto que los desequilibrios en la naturaleza desencadenan desequilibrios en la salud humana.

Situaciones como estas se replican luego de cada incendio. La pregunta que sigue es si es posible la restauración de los territorios, de qué manera y en cuánto tiempo. Según los datos que estos investigadores presentaron en el Segundo Encuentro Nacional de Restauración Ecológica de la Argentina, solo un escaso número de especies se regeneraron naturalmente a mediano plazo, mientras que la recuperación de especies leñosas se produjo a largo plazo. Por eso, sugirieron regular la introducción de ganado vacuno en las áreas afectadas y suprimir los incendios intencionales.

“El fuego genera una simplificación de los paisajes y de las unidades de paisaje. Cuando empieza la regeneración, luego del incendio, tiende a haber comunidades mono específicas, diferentes a la diversidad previa”, afirma Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que monitorea zonas afectadas por el fuego pero en Corrientes, como parte de sus estudios doctorales en Geografía, en la misma universidad.

Si bien todavía no pueden adelantar datos precisos, Spataro coincide en que, por la magnitud y la velocidad de los incendios en el último tiempo, hay riesgo de que las especies y el paisaje no vuelvan a recuperarse. “Depende de la expectativa que tengan los productores sobre esos campos una vez que se apaga el fuego: si vuelven a un esquema de uso intensivo, incluso en áreas que no estaban bajo producción, vamos a tener pérdida de biodiversidad”, afirma Spataro, y advierte que los incendios terminan generando desmontes encubiertos y apropiación de áreas que eran humedades, bosques o palmares, para incorporarlas a la producción. De hecho, el Ministerio de Ambiente reconoce en sus informes que el 95% de los incendios forestales son producidos por intervenciones humanas, principalmente por el uso del fuego para la preparación de áreas de pastoreo.

“Como lo primero que rebrotan son pastos, aumenta la presión ganadera para utilizarlos como pasturas para el ganado, en vez de dejar que se restaure el ambiente natural”, aclara Spataro que, al igual que sus colegas de Santa Fe, también sugiere establecer zonas de clausura en las cuales no puedan realizarse incendios intencionales por plazos que podrían oscilar entre dos y más de 20 años.

“Una de las grandes demandas de las redes y grupos socioambientales locales es que se implementen la Ley del Fuego y la Ley de Bosques. En Corrientes, hay zonas que no son bosques pero sí están afectadas por la Ley del Fuego, que impide el cambio de uso del suelo después de un incendio, pero la provincia se opuso a la sanción de esa ley y no hace nada para implementarla”, sostiene Spataro, que también es parte de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu).

“En la Argentina tenemos muy buena legislación ambiental, en muchos casos impulsadas gracias a la movilización de la sociedad civil, pero el grado de implementación varía según de qué ley se trate, hay muchas dificultades y deficiencias en la gestión estatal”, coincide Ana Di Pangracio, que es abogada ambientalista y directora adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Di Pangracio sostiene que esto ocurre particularmente con la Ley del Sistema Federal de Manejo del Fuego 26.815, sancionada en el año 2012, que se refiere al trabajo coordinado y colectivo que debería haber entre Nación y las provincias pero que no se está dando. “De hecho, hace poco salió una declaración de emergencia ígnea para todo el país por parte de las mismas autoridades que son responsables de implementar y coordinar la aplicación de esa ley, es decir, que ellas mismas se llaman a colaborar, cuando se supone que esa colaboración y coordinación se tendría que estar dando desde el momento que entró en vigor la ley”, sostiene. Y advierte que sigue fallando la gestión estatal: “Si la Nación no tiene una autoridad de aplicación clara en materia de fuego, a lo largo de todas las provincias, no le puede hacer llegar en tiempo y forma los materiales para combatir incendios”, considera.

Diálogo para el ordenamiento territorial

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación anunció la puesta en marcha del primer grupo de cinco torres con cámaras multiespectrales y de video de un sistema –que forman parte de la Red de Faros de Conservación, que comenzó en el Delta Medio y Superior del Paraná y se extenderá a otras zonas del país– con las que se busca monitorear el territorio las 24 horas y alertar de manera temprana sobre la presencia de incendios.

“La medida no es mala, pero no es el tipo de monitoreo que se requiere. No se trata únicamente de la instalación de un artefacto tecnológico, porque la Argentina cuenta con satélites y otros mecanismos. No hay un problema de información sino de ejecución, de trabajo con la provincia, los municipios y la sociedad civil para lograr una gestión amplia del ambiente”, dice Spataro.

Al respecto, Di Pangracio coincide en que no es lo que consideran “prioritario”, aunque reconoce que al principio “le dieron la bienvenida” a estos faros, ya que la medida se anunció en el marco de la reactivación un plan que había surgido en el año 2008 tras otra crisis de incendios en la zona del Delta y que había sido desactivado durante la gestión anterior. Se trata del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), un acuerdo interjurisdiccional entre el gobierno nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, que busca gestionar los humedales de esa región con pautas de sostenibilidad en las intervenciones territoriales.

“Lo que más urge es el diálogo interinstitucional y multisectorial para poder detener de inmediato la práctica de quemas en el Delta, y llegar a arreglos de cortísimo plazo con los productores. Por eso, promovemos las mesas de diálogo para poder discutir y consensuar qué medidas de conservación de humedades implementar”, dice Di Pangracio.

Al respecto, la abogada recuerda que esos procesos están incluidos en la Ley General del Ambiente, vigente desde el año 2002, pero que todavía no hubo voluntad política de impulsar una ley que aborde el ordenamiento ambiental del territorio, urbano y rural, a nivel nacional. “En cambio, hubo avances sectoriales como la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques Nativos, pero no un abordaje integral, y eso es lo que después vemos en el territorio, que no permite prevenir desastres y conflictos socioambientales que están en crecimiento”, concluye Di Pangracio.