Agencia TSS Noticias de ciencia y tecnología

Agencia TSS – Alejandro enciende el motor de la lancha y cruza el río Paraná hacia la Isla de los Mástiles, en la provincia de Santa Fe. Es pescador y suele hacerse unos pesos extra llevando gente al otro lado del Paraná. Si uno mirara esta escena con ojos de dron, vería a este cauce como una columna vertebral amarronada que divide las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, pasa por Buenos Aires y desemboca en el Río de la Plata.

En el delta del Paraná, los incendios forestales son frecuentes. Si bien la mayor parte del territorio (76%) pertenece a Entre Ríos, cuando los humedales arden, la población santafecina resulta muy afectada -sobre todo por el humo- porque tiene numerosas ciudades ubicadas a la vera del río, incluyendo a Rosario, la tercera más grande del país.

El más reciente sucedió en la Isla de los Mástiles. Fue el 2 de enero, duró cuatro días y quemó casi la mitad de su superficie. Además, a fines de diciembre, ya había habido un incendio previo, que fue detectado por Alejandro, el pescador.

“Estaba llevando gente a la isla y vi un humito. Empezó a soplar viento y ese humo se convirtió en fuego. Dejé a la gente rápido, fui y manotié unos baldes. En eso cayeron unas veinte personas en kayak que me ayudaron y lo pudimos apagar”, cuenta, orgulloso. El tema, dice, es que a esa isla llegan muchos turistas que suelen prender fuego en cualquier lado para hacer un asado y que “no hay control de nada”. La osadía tuvo su costo: como andaba descalzo, se le ampollaron los pies.

Ninguno de los dos incendios pudo ser detectado por el Faro de Conservación más cercano, instalado en el peaje del puente que une las ciudades de Rosario (Santa Fe) y Victoria (Entre Ríos), que había sido montado en el 2022 como parte de un sistema de alerta temprana . “Hace ya un tiempo que no está funcionando”, señala Berenice Lovazzano, integrante del área de Ambiente del municipio de Granadero Baigorria -situado frente a la Isla de los Mástiles-, que participó del operativo para apagar el último incendio.

El Programa Red de Faros de Conservación es una iniciativa de detección temprana de incendios impulsada por el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. El compromiso está plasmado en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático (PNAyMCC), publicado en el 2022, y es una medida que cobra especial importancia en el contexto actual de cambio climático, donde eventos extremos como sequías e inundaciones suceden con mayor frecuencia e intensidad, favoreciendo la propagación de incendios.

Sin embargo, con la asunción del presidente Javier Milei -un reconocido negacionista del cambio climático- y la degradación del Ministerio de Ambiente a una Subsecretaría, la red de faros está teniendo problemas de funcionamiento por falta de pago, según denuncian, por un lado, el exviceministro de Ambiente Sergio Federovisky (2019-2023) y, por el otro, funcionarios de la provincia de Santa Fe.

No es solo un problema actual. A lo largo de los últimos diecisiete años, el Estado argentino asumió diversos compromisos orientados a reducir la ocurrencia y propagación de incendios forestales en el delta que no han sido cumplidos. A partir del diálogo con expertos y un repaso por leyes y documentos oficiales, se identifica que los tres retrasos o incumplimientos que más agravan la problemática son: la falta de ordenamiento ambiental del territorio; la falta de acciones de prevención y detección temprana de incendios que se sostengan a largo plazo; y la falta o escasa articulación entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional para el manejo del fuego.

Para Clara Mitchell, quien trabajó en la problemática de incendios en el delta desde su tesis de maestría y como funcionaria del área de Conservación y Regeneración del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe (2022-2023), es necesario que esos compromisos “sean políticas públicas de Estado que se respeten a través de los distintos cambios de gestión”. Las promesas de avanzar en esas tres áreas -ordenamiento territorial, prevención y articulación entre gobiernos- fueron expresamente formuladas en el PNAyMCC, mientras que diversos documentos previos ya prometían acciones en al menos una de esas áreas.

Pero, al 2025, existe una gran distancia entre promesas y realidad.

En enero, la Isla de los Mástiles (delta del río Paraná) ardió durante varios días. Cerca de allí hay un faro
de conservación, instalado en 2022 para emitir alerta temprana de incendios. Sin embargo, tras la
asunción de Javier Milei, el sistema empezó a tener problemas de financiamiento. En este reportaje,
pobladores, expertas y funcionarios locales cuentan cómo combatieron el incendio y qué medidas
hacen falta para que el fuego no vuelva a arrasar.

 

Acuerdo PIECAS: 17 años de un ordenamiento territorial que brilla por su ausencia 

Para combatir el incendio en la Isla de los Mástiles, se necesitaron un helicóptero y cincuenta agentes, entre brigadistas de Protección Civil y bomberos de los municipios que tienen jurisdicción sobre la isla -Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez-. Los incendios forestales no se combaten de forma directa sino que, generalmente, se realizan tácticas como cortafuegos (desmalezar áreas) para detener su avance. Durante cuatro días, bomberos y brigadistas estuvieron expuestos a las llamas desde las seis de la mañana hasta las ocho de la noche. “Lo que te encontrás en ese momento es fuego rápido porque es todo material combustible liviano (…) Otra faceta de los incendios forestales es que pueden ir bajo tierra, donde hay aire, metano y otros gases que permiten que el fuego vaya caminando por abajo”, cuenta el bombero Leandro Ferrari, oficial ayudante del cuartel de Granadero Baigorria. Si bien no se sabe cómo empezó este incendio, una de las hipótesis que se barajan es la de un fuego mal apagado, ya sea prendido por lugareños o por turistas que cruzan a la isla a pasar el día y hacerse “un asadito”. Por eso, Ferrari considera que la prevención debe enfocarse en reforzar la educación ambiental de la población.

Otra causa frecuentemente asociada a los incendios forestales en el delta tiene que ver con la preparación del terreno para ganadería. Como se explica en un documento oficial (2021), el fuego constituye en esta región una herramienta de manejo tradicional de pasturas naturales para alimento del ganado vacuno. En las últimas dos décadas, con el corrimiento de la frontera agrícola, la ganadería se fue desplazando cada vez más hacia tierras inundables como las islas, por lo que “el problema de los incendios se agravó y se volvió masivo y recurrente”.

 

Un ejemplo de incendios asociados a esta causa fueron los del 2020 cuando, según un informe del entonces Ministerio de Ambiente, el delta terminó con 487.000 hectáreas quemadas, que equivale al 21% de esa región. Allí también se reconoce que la zona con mayor cantidad de áreas incendiadas estaba asociada a la ganadería, “con productores grandes y medianos y tendencia al aumento de carga ganadera”. 

“Si no hay una organización y un orden implícito en el ambiente, todo queda en lo que cada uno desea hacer y hasta donde llegue su conciencia”, apunta la bombera Ángeles Cimino, suboficial principal del cuartel de Baigorria. Esa organización de la que habla Cimino es básicamente en lo que consiste un ordenamiento ambiental del territorio. Y es también lo que se comprometieron a hacer el gobierno nacional y los tres gobiernos provinciales en todo el delta (que abarca entre 17.500 y 19.300 kilómetros cuadrados) hace 17 años, cuando firmaron el acuerdo interjurisdiccional PIECAS-DP (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná).

Graciela Klekailo, doctora en Ciencias Agrarias y directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), explica así la importancia de este instrumento: “Nosotros asumimos el compromiso del ordenamiento territorial también como parte de la lucha contra el cambio climático. Es una herramienta de gestión muy básica. Yo resumiría el ordenamiento territorial para alguien que no sabe nada de biología ni de legislación, en saber qué podemos hacer, dónde y de qué modo”.

Ese compromiso nació en 2008 a raíz de fuertes incendios que quemaron más de 170.000 hectáreas en el delta. Sin embargo, si bien se impulsaron algunas políticas en el marco de este acuerdo, como los Faros de Conservación, el ordenamiento ambiental del territorio no ha avanzado.

“Cuando anunciaron esa medida -la de los faros-, nosotros indicamos que era interesante pero que estaban postergando medidas que eran más urgentes para una solución de largo plazo. Una de las cuestiones centrales que las habían indicado como tareas pero estaban entre las últimas y nosotros indicamos que tenían que ser prioritarias, era poder empezar un ordenamiento ambiental del territorio del delta”, remarca Ana Di Pangracio, abogada especialista en Derecho Ambiental y directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que sigue el tema de los incendios en el delta desde hace años.

El ordenamiento también se intentó a través de distintos proyectos de Ley de Humedales, impulsados sobre todo por ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil. De 2013 en adelante, se elaboraron numerosos proyectos y cuatro llegaron a tratarse en el Congreso Nacional, pero hasta el momento no pudo ser sancionada. La importancia de conservar los humedales radica en que desempeñan funciones de importancia vital, ya que constituyen una de las principales fuentes de agua para las poblaciones humanas y albergan una gran biodiversidad.

En 2014, se elaboró un documento donde se sentaron los lineamientos del PIECAS, pero por varios años no hubo avances concretos más que esas promesas de papel, coincidiendo en el plano nacional con la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).  Por su parte, Entre Ríos sí llegó a generar un instrumento de gestión para intentar un desarrollo productivo sostenible de los humedales, denominado Plan Delta Sustentable (una especie de PIECAS provincial). “Entre Ríos había logrado avanzar un poco más que Santa Fe y Buenos Aires. Sin embargo, en el 2016 eso quedó en la nada”, señala Mitchell. ¿Por qué tantos retrasos para avanzar en un ordenamiento territorial? “Para mí, la principal razón es que el 85% de los ingresos del delta tienen que ver con la ganadería”, afirma la experta.

El director general de Ambiente y Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Maximiliano Gómez, también considera que el retraso en el cumplimiento de compromisos está asociado a los cambios acelerados en el uso del suelo. “El avance de la ganadería, la construcción de terraplenes y la agricultura intensiva han operado cambios muy importantes en la geografía del delta, con implicancias directas en la biodiversidad. Las quemas de pajonales para rebrotes de pasturas o para limpieza alrededor de las casas se han transformado en una moneda corriente”, asevera.

En el 2020, tras fuertes reclamos de organizaciones ambientales como Humedales Sin Fronteras y FARN, el PIECAS se reactivó por orden judicial y hubo algunas reuniones entre funcionarios de las jurisdicciones involucradas. “Nos reunimos en noviembre del año pasado, como una primera reunión después de que insistimos muchísimo para que se haga”, cuenta Alejandro Luciani, secretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. “Costó mucho arrancar porque Nación no definía los funcionarios y cuando los definieron, algunos ya renunciaron”, explica, en referencia a la gestión de Milei.

Por el momento, el ordenamiento territorial sigue siendo una promesa sin cumplir.

 

Faros de Conservación: una buena estrategia de alerta temprana con problemas de financiamiento

Cuando el incendio de la Isla de los Mástiles se consideró apagado, comenzó la guardia de cenizas, que consiste en volver al territorio quemado y combatir el mínimo indicio de fuego. Esta tarea es tan importante como la extinción de las llamas porque cualquier brasa que queda encendida puede volver a arder. En esta etapa, también participaron ambientalistas y voluntarios de la sociedad civil. La Isla de los Mástiles fue declarada como Área Natural Protegida en el 2020 por el Concejo Municipal de Granadero Baigorria.

“Hay que reforzar el mensaje de que no se puede hacer fuego. Si en ningún Parque Nacional se puede, ¿por qué vamos a hacer fuego en la reserva?”, se pregunta Evelyn Sarty, integrante de Ambientalistas de Baigorria, mientras camina por el sendero por el que habitualmente hace un recorrido guiado a escolares e interesados en la biodiversidad de la isla. Cada paso hace crujir el suelo, cubierto de pasto negro y maderas secas. “Ahí vivía un lagarto overo y cada vez que hacíamos el recorrido, nos venía a saludar”, señala. No sabe si pudo escapar del fuego porque tiene movimientos lentos pero después del incendio no lo vieron más. Para ella, una medida de prevención necesaria es que haya “alguien que esté permanentemente en la reserva para controlar”.

Hasta el momento, no hay una persona que cumpla ese rol de vigilancia permanente,pero los faros de conservación tienen una función similar.

En el PNAyMCC, el Estado nacional se comprometió a instalar 27 faros de detección temprana de incendios en distintas partes del país para el 2023 y a que la red se ampliará a un total de 147 faros para 2030. La tecnología de detección utilizada en las torres fue desarrollada por la Agencia Espacial Alemana y la empresa IQ FireWatch. “Es el sistema más avanzado que hay en el mundo de alerta temprana”, dice Alejandro Regueira, gerente de proyectos de TDI S.A., quien cuenta que participó de todo el proceso de instalación de los faros, desde su ubicación hasta su puesta en marcha.

Los primeros cinco faros se emplazaron en la región del delta, fueron inaugurados el 31 de enero del 2022 e implicaron una inversión total de 216 millones de pesos (1.092.012 dólares). Además de la inversión inicial, la operatividad de las torres requiere de partidas anuales para garantizar su funcionamiento. Según estimaciones oficiales, la incorporación de personal para la Red de Faros implicaría unos 16 millones de pesos anuales (80.890 dólares).

 

Sobre la instalación y el estado actual de los faros, hay versiones diversas, aunque varias coinciden en que hay una falta de pago por parte del gobierno nacional que afecta la operatividad del sistema. Por otro lado, las discrepancias entre las fuentes -todas vinculadas a la implementación de la iniciativa y/o a la gestión del manejo del fuego- sugieren una nueva arista en la problemática de los incendios en el delta: quienes están a cargo no tienen claridad en el diagnóstico del problema.

Por un lado, Federovisky, uno de los funcionarios que estuvo a cargo de ejecutar la iniciativa, afirma que durante su gestión (que terminó en diciembre del 2023), habían llegado a instalar ocho faros, todos en el delta, mientras que licitaron otros doce para la región de Patagonia y dejaron dos licitaciones en marcha, una para las provincias de Corrientes y Misiones, y otra para el Noroeste Argentino. El objetivo era ampliar el sistema a las provincias de Misiones, Corrientes, Jujuy y La Pampa. “Esas licitaciones fueron dadas de baja durante el año pasado. Ninguna se adjudicó a pesar de que ya estaban los ganadores. Había algunas que estaban iniciando trabajo de instalación de las torres y los dejaron a medio camino”, sostiene. “Y los faros del delta no están funcionando. Hablé con la empresa que los operaba hace pocos días: no les pagan desde hace un año”, asegura.

Consultado sobre este punto, Regueira afirma que se instalaron 25 faros de los 27 planeados para 2023 (los dos que no se instalaron son los que debían emplazarse en la provincia de Río Negro) y que el único que no está funcionando es el del puente Rosario-Victoria, por “un error en la contratación por parte del Gobierno Nacional con el proveedor”. De todos modos, reconoce que el centro de monitoreo del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos no está operativo, aunque asegura que esto no afecta el sistema porque “hay tres centros a los que se conectan los faros por un tema de contingencia y los otros dos están operativos”.

Por su parte, Luciani -el secretario de Biodiversidad de Santa Fe- dice que los faros están funcionando pero que la provincia no tiene acceso a las alertas que éstos emiten, como sí tenían antes, por una falta de pago proveniente de Nación. El funcionario explica que tener esa información en tiempo real les permitía disponer rápidamente en el lugar donde detectaban un foco, a agentes de la Guardia Rural Los Pumas, que realizan tareas de prevención y combate del fuego. “Ahora no estamos recibiendo información de esas cámaras porque no pagaron a un prestador de internet”, señala. Por eso, cuenta que desde la provincia le están pidiendo a Nación que se restablezca la licencia que se cayó, “o que nos cedan los faros a nosotros y nosotros nos hacemos cargo”. Marcos Escajadillo, Secretario de Protección Civil y encargado del manejo del fuego en Santa Fe, también apoya la idea de hacerse cargo de los faros del delta porque para la provincia esa información es muy valiosa, sobre todo para detectar incendios en zonas difíciles de localizar a simple vista. “Nosotros ya tenemos la decisión. Ahora falta que del Gobierno Nacional nos los transfieran”, confirma.

Para esta investigación, se intentó conocer la versión del Gobierno Nacional sobre el estado actual del sistema de Faros de Conservación a través de un pedido de acceso a la información pública (realizado el 18/02/2025), pero al cierre de esta publicación no fue respondido.

Érica Maya, habitante de la Isla de los Mástiles (delta del río Paraná), sobre la falta de vigilancia y control
para evitar nuevos incendios.

 

Otra medida que no está siendo atendida y cuyo compromiso fue plasmado en el PNAyMCC (2022) es “fortalecer el manejo de combustible vegetal (residuos forestales) para la prevención de incendios”.

“El escenario de cambio climático hace que sea compleja la previsión. Pero hay previsiones que estaban escritas. Para el 2020 veníamos diciendo ‘mirá que hay un montón de material acumulado que es combustible’, ‘el río está bajando: ojo que eso puede significar incendios’. Y la realidad es que no se tomaron las acciones que se deberían haber tomado”, señala Klekailo.

Pablo Aceñolaza, director de Áreas Naturales Protegidas y del Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, que también es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en ecología del fuego, explica que la dificultad para reducir la cantidad de biomasa en esta región es que la mejor forma de hacerlo es… con fuego (quemas controladas). Pero eso no puede hacerse porque, debido a la presión social, rige una orden judicial que prohíbe las quemas en gran parte del delta. Por eso, considera que es necesario hacer llegar a la sociedad el mensaje de que el fuego también es una herramienta necesaria para disminuir la carga de combustible.

“Tenemos que trabajar con los ganaderos para establecer pautas de autorizaciones adecuadas y con las organizaciones ambientalistas que tienen la mirada puesta en la protección del delta -considera-. Es un trabajo fino de diálogo que hay que hacer entre las tres patas, con nosotros como provincia, para poder llegar a un nuevo paradigma de cómo enfocar el problema de los incendios en el delta”.

Articulación entre gobiernos: ¿Misión imposible? 

La Isla de los Mástiles tiene una superficie de 900 hectáreas y su gestión fue cedida en comodato por la provincia de Santa Fe a los municipios de Granadero Baigorria (mitad sur) y Capitán Bermúdez (mitad norte). En la isla viven pocas familias, distribuidas en distintas partes del territorio. A los Rodríguez, el fuego les pasó muy cerca en el último incendio y tuvieron que salir a combatirlo con lo que tenían a mano. De hecho, de tanto usar la bomba de agua, se les quemó. “No tenemos ayuda de nadie porque estamos del lado de Bermúdez y Bermúdez nos tiene olvidados. Baigorria hace lo que puede pero no es jurisdicción de ellos”, señala Érica Maya, integrante de la familia Rodríguez.

El caso ejemplifica a escala chica la dificultad de articular acciones entre distintos gobiernos. Si eso se traslada a todo el territorio del delta, donde es necesario coordinar políticas entre gobiernos municipales, provinciales y nacional, que tienen elecciones cada cuatro años y por los cuales van desfilando distintos partidos políticos, esa coordinación de acciones se complejiza exponencialmente. Aún así, el Estado argentino se comprometió a hacerlo en reiteradas ocasiones. En 2010, se constituyó un Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel (CIAN), con representantes de los gobiernos de Nación y las tres provincias, con el objetivo de poner en marcha el PIECAS, pero más allá de elaborar el documento que sienta sus bases en 2014, los avances conjuntos no pasaron del papel.

“Los incendios del 2020 marcaron la necesidad de tener medidas de prevención y control, y es un problema que esas medidas se desarrollen en cada jurisdicción de manera aislada”,  sostiene Klekailo. “Por otro lado, el CIAN no tiene en su conformación presencia de universidades, por ejemplo, con la ayuda que se podría brindar desde el conocimiento técnico de los ecosistemas del delta”, agrega la investigadora, poniendo la lupa sobre otro nivel de articulación que hace falta aceitar: entre ciencia y gestión pública.

Graciela Klekailo, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe), sobre el trabajo que
realizan en la Isla de los Mástiles, en articulación con la población local.

 

En la coordinación entre provincias también hay cuestiones a pulir y parte de ello tiene que ver con que cada una cuenta con una caja de herramientas legales distintas. Por ejemplo, Santa Fe tiene una ley de acción climática provincial (N°14.019) sancionada en 2020, que establece avanzar en el ordenamiento territorial y elaborar un Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, pero no posee un Plan Provincial de Manejo del Fuego. Y en Entre Ríos es al revés: no posee ley climática pero sí un plan y una ley provincial para el manejo del fuego (N°9.868) que fue sancionada en 2008 y es previa incluso a la ley nacional.

“Siempre fue un problema el tema de la articulación porque cada uno tiene no solamente sus propias estructuras sino también sus dinámicas internas administrativas. Entonces las formas administrativas en una provincia y en otra son totalmente distintas”, reconoce Aceñolaza, que está a cargo del área de Manejo del Fuego de Entre Ríos desde hace un año. Sin embargo, explica que el año pasado empezaron a trabajar más estrechamente con Santa Fe y acordaron un protocolo de acción rápida ante incendios forestales: como muchos incendios se dan en humedales que pertenecen a Entre Ríos pero las ciudades más cercanas suelen ser las de Santa Fe, este mecanismo habilita a que esa provincia actúe primero enviando a sus brigadistas para acelerar la respuesta. “Nosotros vamos a llegar siempre más rápido que ellos -dice Escajadillo -pero para poder trabajar en Entre Ríos debíamos contar con la autorización y el permiso de la provincia”. También asegura que el incendio de la Isla de los Mástiles se pudo detectar y actuar rápido.

Por su parte, Gómez, el titular del área de Cambio Climático de Entre Ríos, agrega que también están trabajando en mejorar la articulación interna del gobierno provincial.  “Estamos enviando a la legislatura un proyecto de ley para transversalizar la acción climática en un gabinete interministerial que permita el involucramiento de los distintos ministerios y áreas del gobierno”, afirma el funcionario .

A nivel municipal, Martín Tartarelli, secretario de Obras Públicas y responsable del área de Ambiente de Baigorria, dice que la articulación con la provincia de Santa Fe para el combate de incendios ha sido buena. “Y Nación, por lo que se ve en la tendencia que nos marcan sus acciones, no está muy interesada en conservar”, apunta.

Mientras tanto, la Isla de los Mástiles podría funcionar como un pequeño laboratorio natural del delta, no solo para conocer el impacto del fuego, sino también para probar acciones que hasta el momento no se han logrado implementar a nivel regional, ya que el municipio de Baigorria está trabajando en un Plan de Manejo de la isla y uno de los puntos centrales es realizar un ordenamiento territorial. Lovazzano explica que la zonificación propuesta fue el resultado de un proceso participativo con organizaciones ambientales, expertos y lugareños. Las discusiones sobre cómo mapear la reserva no fueron sencillas, pero el proceso sigue en pie.

“En diciembre presentamos la zonificación después de un año de trabajo, talleres y debates”, indica la funcionaria. El próximo paso será la elaboración de protocolos para la prevención de emergencias. Además, se destinará una cuadrilla de vigilancia en momentos del día con mayor afluencia de turistas. “También me parece importante exigirle a Nación que los faros de conservación funcionen porque es un primer aviso muy necesario, que en otras circunstancias ha funcionado bien”, solicita.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno Nacional creó una Agencia Federal de Emergencias (Decreto 225/2025), a raíz de eventos recientes como los incendios de la Patagonia y la inundación de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), que buscará centralizar acciones para “dar respuesta ante situaciones de desastres naturales”. Para Escajadillo, esta medida va a facilitar la articulación y movilización de recursos entre Nación y las provincias.

Por su parte, Mitchell puntualiza que es necesario que a los habitantes del delta, en especial isleños y pequeños productores -que es la parte de la sociedad que suele quedar más relegada-, se les dé más participación en la decisión de políticas de conservación, atendiendo al significado que los humedales tienen para ellos: “Me gusta mucho una frase que usa un pescador artesanal de acá, que dice que el río Paraná es él. ‘Mi piel es del mismo color que el río’, dice, y la verdad es que se siente un poco así. El río es parte de nuestra identidad”.

El tiempo y las demandas sociales dirán si las promesas climáticas serán capaces, finalmente, de preservar esa identidad o si el fuego seguirá arrasando con el delta del Paraná.

 

Este artículo forma parte de una investigación de Nadia Luna y Javier Lewkowicz para La Nación y CONNECTAS con el apoyo de Open Climate Report Initiative/Centre for Investigative Journalism (OCRI/CIJ).

Foto de portada: Pablo Cantador