Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de la población mundial debería estar vacunada para dar por finalizada la pandemia por COVID-19. ¿Cuál es el estado actual de las inmunizaciones? ¿Cuándo estarán disponibles para la población y qué desafíos presenta su distribución para garantizar su acceso en todo el mundo?
Agencia TSS – Los avances y retrocesos en los desarrollos de vacunas para COVID-19 no dejan de ser noticia ante la expectativa global de contar con una alternativa que ayude a ponerle fin a la pandemia. Aunque se espera que las primeras inoculaciones puedan estar disponibles en los próximos meses, todavía falta tiempo para que la vida cotidiana vuelva a ser como lo era antes de que el SARS-CoV-2 se expandiera por el mundo.
Durante una hora de preguntas y respuestas sobre este tema, especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que no solo es necesario continuar con los ensayos clínicos a corto y largo plazo, sino que además, aún cuando las inmunizaciones sean aprobadas, será necesario escalar las producciones para contar con las dosis suficientes y lograr una distribución eficiente de vacunas que permita garantizar su acceso.
Hasta que eso ocurra, será indispensable seguir manteniendo las medidas preventivas que se recomiendan en la actualidad, como el distanciamiento físico, el lavado de manos y el uso de tapabocas, así como evitar lugares cerrados y poco ventilados. “Hay muchas cosas que podemos hacer para protegernos y proteger a otras personas, y los gobiernos también necesitarán seguir haciendo diagnóstico, atención temprana y asegurar que los contactos puedan mantenerse en cuarentena y los enfermos aislados”, dijo Soumya Swaminathan, científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, y advirtió que la pandemia podrá darse por concluida una vez que alrededor del 70% de la población mundial se encuentre vacunada.
Al respecto, Kate O’Brien, directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Biológicos de la OMS, agregó que eso dependerá de lo que las vacunas puedan hacer, ya que no es lo mismo que solo protejan a las personas vacunadas a que también logren controlar la transmisión del virus. “El objetivo real es que en 2021 todos los países del mundo tengan la posibilidad de inmunizar al menos al 20% de su población. Si logramos eso, los grupos prioritarios podrán tener algún grado de protección”, afirmó la especialista, y consideró que, para alcanzar la cantidad de dosis suficientes para abastecer a toda la población mundial, será necesario contar con más de una vacuna.
Actualmente, existen más de 200 vacunas en desarrollo –en la Argentina, por ejemplo, se están investigando tres en fases incipientes–, 10 de las cuales están en la fase tres de investigación clínica, la última antes de poder ser aprobadas para su uso en personas. Estas innovaciones utilizan distintas plataformas y tecnologías. Algunas emplean métodos más tradicionales, basados en virus inactivados o atenuados y proteínas virales, mientras que otras, más modernas o “de nueva generación”, incluyen tecnologías genéticas como las vacunas de vector viral o virus recombinante (que generalmente utilizan un adenovirus modificado genéticamente) y las de ARN mensajero (ARNm), que utilizan moléculas que dan instrucciones al organismo humano sobre cómo construir anticuerpos.
Entre estas últimas está la vacuna que desarrolla la farmacéutica estadounidense Pfizer junto con el laboratorio alemán BioNTech, que recientemente afirmó que obtuvo un 90% de eficacia en los estudios clínicos preliminares con esa inoculación. Sin embargo, sobre ese tema, Swaminathan subrayó que todavía se trata de resultados preliminares y que “hacen falta más datos” para garantizar que la fórmula puede recibir licencia de producción.
Otra de las preocupaciones que acompañaron el anuncio de Pfizer es la necesidad de que esas vacunas sean conservadas a temperaturas extremadamente frías, a 70 u 80 grados bajo cero, en lo que se denomina “cadenas ultra frías”, lo que puede complicar la distribución. Al respecto, O’Brien comentó que se pueden utilizar distintos métodos para transportarlas, como el «hielo seco», y que están evaluando diversas tecnologías que podrían ayudar en el traslado de estas vacunas, a partir de la experiencia con otras como la del ébola, que también requiere almacenamiento a temperaturas muy frías.
La conservación en frío no es el único desafío en el objetivo de distribuir las inoculaciones de manera equitativa en todo el mundo. Por el contrario, diversos países y organismos internacionales ya están elaborando estrategias para garantizar la provisión en sus poblaciones. Al respecto, O’Brien comparó el desarrollo de vacunas y la obtención del licenciamiento con establecer un campamento en la base del monte Everest y escalarlo: “Llegar a la cima corresponde a la parte de la distribución”, subrayó la especialista y afirmó que están trabajando con los distintos países para conocer sus capacidades y necesidades al respecto. Por ejemplo, no solo que puedan acceder a la vacuna, sino que cuenten con transporte apropiado y personal de salud capacitado para inmunizar a la población.
Las especialistas destacaron el rol del denominado COVAX, una iniciativa impulsada por la OMS, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la Alianza para la Vacunas (GAVI), que busca facilitar el acceso a las vacunas a los países de menos recursos con la ayuda del aporte de países que sí pueden adquirirlas. Según detallaron las funcionarias, el objetivo para 2021 es distribuir 2000 millones de dosis de vacunas a través de COVAX y estiman que para eso se necesitan alrededor de 7000 millones de dólares. “Quiero poner esto en contexto porque ese número puede parecer elevado, pero recordemos que, solamente en turismo y comercio, la economía del mundo está perdiendo más de 35000 millones de dólares cada 10 días”, destacó O’Brien y consideró que, en este sentido, el costo completo de obtener estas vacunas, y en los volúmenes necesarios, así como asistir a los países para que puedan distribuirlas, “es una decisión económica inteligente”.
Presiones, voluntades y solidaridad global
La Argentina es uno de los 27 países de América Latina y el Caribe que estableció acuerdos de compra a través del COVAX, y ya pagó un anticipo por 9 millones de dosis que estarían disponibles en febrero, mediante una modalidad por la cual se pagó un adicional para poder elegir las vacunas dentro del abanico de inmunizaciones que entrarán dentro de este mecanismo. Sin embargo, para poder establecer dicho acuerdo, las autoridades se vieron presionadas a promulgar una ley –el 29 de octubre– que declara de interés público la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad contra el nuevo coronavirus, que entre otras cosas faculta al Gobierno a incluir en los contratos para la compra de vacunas cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales y judiciales extranjeros.
El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, admitió que esta ley «fue una exigencia internacional para formar parte de COVAX». De manera similar, cuando el proyecto se debatía en la Cámara de Diputados, algunos legisladores advirtieron que “la industria” estaba exigiendo la implementación de regulaciones de este tipo “en muchos países” de la región.
Frente a mecanismos como el COVAX y otras propuestas basadas en la voluntad de las empresas, a mediados del mes pasado India y Sudáfrica presentaron un comunicado conjunto ante el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que monitorea el cumplimiento de ese acuerdo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). El comunicado solicita suspender durante la pandemia la implementación, aplicación y cumplimiento de determinadas obligaciones de propiedad intelectual (que constituyen unas de las principales limitaciones en el acceso a vacunas, medicamentos y otras tecnologías médicas), incluyendo temas de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información no divulgada para el tratamiento, prevención y contención, que tengan relación con la COVID-19.
Durante la reunión de ADPIC, en octubre pasado, la Argentina apoyó esa propuesta junto con Bangladesh, Chad (en representación de los miembros de los países con menores ingresos), Egipto, Honduras, Indonesia, Islas Mauricio, Mali, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Pakistán, Sri Lanka, Tanzania (en representación del Grupo Africano), Túnez y Venezuela. Por el contrario, Australia, Estados Unidos, Inglaterra (al que se sumó Brasil), Japón, Noruega, Suiza y la Unión Europea, se opusieron a la iniciativa, mientras que un tercer grupo de países integrado por Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Senegal, Tailandia y Turquía celebró la iniciativa pero solicitó más tiempo e información antes de ser consultado. A partir de entonces, la organización tiene 90 días para seguir debatiendo esta propuesta y tomar una decisión definitiva.
Mientras tanto, las autoridades nacionales tomaron otras medidas para poder contar con las vacunas necesarias lo antes posible. La semana pasada, por ejemplo, se conoció la firma de un contrato con AstraZeneca para el suministro de más de 22 millones de dosis, que el país recibiría entre marzo y julio. Además, la autoridades argentinas mantienen negociaciones con Pfizer, que proveería un millón de dosis para diciembre; la compañía Janssen (de Johnson & Johnson), y con el gobierno de Rusia, por la vacuna Sputnik V que está desarrollando el Instituto Gamaleya, que garantizó una oferta de 25 millones de dosis.
12 nov 2020
Temas: COVID-19, Industria Farmaceutica, Inmunización, Laboratorios, Medicina, Salud, Vacunas