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Agencia TSS – “La conducta de Monsanto afecta de forma negativa a la libertad indispensable para la investigación científica”. Estas prácticas, que buscan silenciar a los científicos y desprestigiar su trabajo, incluyen “intimidación, desacreditación de investigación científica cuando se formulan preguntas serias sobre la protección del ambiente y salud pública, reportes de investigación falsos y presión sobre gobiernos”. Así lo expresó el Tribunal Internacional Monsanto, un tribunal ambientalista constituido en La Haya, Holanda, tras dar a conocer los resultados del juicio extraordinario contra este gigante global que fabrica y comercializa agroquímicos como el glifosato y semillas genéticamente modificadas.

Para llegar a esta conclusión, de carácter simbólico ya que se trata de un tribunal de opinión, especialistas de diversas partes del mundo –entre ellos, la jurista argentina Eleonora Lamm, especializada en bioética, integrante del CONICET y subdirectora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Mendoza– se basaron en los testimonios de 30 damnificados y expertos entre el 15 y 16 de octubre del año pasado, cuando se inició este proceso del que participaron más de mil organizaciones.

Sobre este punto en particular, los testigos mencionaron plantaciones ilegales de organismos genéticamente modificados (OGM), estudios que tergiversan los impactos negativos del herbicia Roundup (limitando el análisis sólo al glifosato, mientras que el producto es una combinación de sustancias) y campañas masivas que apuntaron a desacreditar los resultados de estudios científicos independientes.

“Creemos que estamos en un día histórico, que va a marcar un antes y un después”, afirmó el abogado ambientalista Enrique Viale, tras ver los resultados del tribunal en vivo en el Salón Illia del Senado de la Nación –donde también estuvo TSS– junto con representantes académicos y de diversas organizaciones civiles, de damnificados y ambientalistas. Y agregó: “Si bien la condena es simbólica y ética, tiene un valor moral enorme como antecedente de lo que significa Monsanto en el mundo”.

Esto es así, además, porque Monsanto –que fue comprada el año pasado por la alemana Bayer, operación que está pendiente de aprobación en los diversos países en los que opera– también fue acusada de cometer “ecocidio”, una figura que este tribunal de opinión pide que se incorpore a los delitos que juzga la Corte Penal Internacional de La Haya, entendido como “causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen”.

Al respecto, los jueces concluyeron que, si ese crimen fuera reconocido en la legislación penal internacional, “varias de las actividades de la compañía podrían caer en esta infracción, como la producción y suministro de herbicidas con base de glifosato a Colombia en el contexto de su plan para aplicación aérea en cultivos de coca, lo cual impactó negativamente en el medioambiente y salud de poblaciones locales, o el uso a gran escala de agroquímicos peligrosos en la agricultura industrial y el diseño, producción, introducción y liberación de cultivos genéticamente modificados”.

El tribunal consideró que la multinacional ha desarrollado prácticas que impactaron de forma negativa en los derechos a un medioambiente sano, a la alimentación –lo que afecta la soberanía alimentaria y amenaza la biodiversidad– y a la salud –debido a los riesgos que provocan los herbicidas producidos por la empresa y la falta de consenso sobre la seguridad de los productos genéticamente modificados que desarrolla.

“Llegar a que se determine el ecocidio, este asesinato a la naturaleza que las corporaciones están realizando, es mérito de la lucha de los pueblos”, destacó Miryam Gorban, referente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria (CALISA) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien estuvo presente durante la transmisión en vivo del juicio y recordó el rol fundamental de investigadores y especialistas como Andrés Carrasco, Ana Broccoli y Norma Giacarra, pioneros en revelar los riesgos de este modelo productivo que hoy no están para ver estos resultados.

“En el mundo entero, ha llamado la atención la apertura de las universidades argentinas al pensamiento, a la acción y a este abrazo fraterno a las luchas sociales”, aseguró Gorban, que el año pasado estuvo presente en La Haya, y agregó que CALISA, que comenzó un nuevo año de cursada en la Facultad de Medicina de la UBA con casi 500 inscriptos, “surgió porque en la currícula formal no aparecen estas temáticas, pero estamos librando la batalla y ya van a ser 24 las universidades públicas de todo el país donde estamos debatiendo y discutiendo estas ideas”.

Equilibrar derechos

El poder de Monsanto para evadir leyes internacionales vinculadas a los derechos humanos y del medioambiente también dejó a la vista la “brecha cada vez más amplia entre las leyes de derechos humanos y la responsabilidad corporativa”, tal como quedó registrado en el documento emitido por el tribunal, que advirtió los riesgos de acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), de tratados de comercio bilaterales (como los que la Argentina firmó con Estados Unidos recientemente) y cláusulas de tratados de libre comercio (como el que se está negociando entre la Unión Europea y el Mercosur, que se espera se firme antes de fin de año), que tienden a priorizar los derechos de empresas e inversores y, tal como aseguró el tribunal, a “debilitar la capacidad de las naciones de mantener políticas, leyes y prácticas que protejan los derechos humanos y ambientales”.

Viale rescató el “valor reflexivo” de estas consideraciones y apeló al rol del Estado, que muchas veces “es absolutamente cómplice, porque se retira y deja que las empresas asuman un rol propio del Estado. Por eso, esta sentencia nos va a servir para que una Argentina bajo el agua, inundada por un modelo productivo, pueda empezar a debatir estas cosas con suma urgencia”.

En busca de equilibrar derechos empresariales con humanos y ambientales, el tribunal solicitó modificar la legislación actual de modo tal que las empresas multinacionales también sean consideradas como sujetos de ley, capaces de ser demandados en caso de cometer alguna infracción a los derechos fundamentales.