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Agencia TSS — En diciembre de este año, Buenos Aires se convertirá en la primera ciudad latinoamericana que será sede de una conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la máxima instancia de decisión de este organismo. La conferencia, que se realiza cada dos años, reunirá a representantes de los 164 países miembro del organismo, para avanzar en las negociaciones de la Ronda de Doha y poner en marcha el Acuerdo de Facilitación de Comercio, un conjunto de normas y recomendaciones aduaneras surgidas en las conferencias ministeriales de Bali, en 2013, y Nairobi, en 2015.

“Lo que tenemos por delante no es solo la dimensión política de fondo, como país sede, sino la necesidad de dialogar con los países latinoamericanos sobre cuáles son los puntos que podemos plantear y llevar adelante, y sobre el valor de la región para cada uno de ellos en términos económicos, sociales y políticos”, dijo Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación ICBC y de la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) —y padre del actual jefe de Gabinete de la Nación— durante el simposio internacional “La agenda de la XI Conferencia ministerial de la OMC”, organizado por la UNTREF.

“La agenda de la OMC ha cambiado mucho en los últimos años y no se sabe qué va a pasar en la próxima ministerial. Si bien en la OMC negocian los estados, el sector académico puede solicitar que se escuche su opinión”, afirmó Sofía Scasserra, asesora en temas económicos y de comercio internacional de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) e investigadora del Instituto Mundo del Trabajo de la UNTREF.

Entre las principales preocupaciones que surgieron durante la jornada, se mencionó la necesidad de promover el desarrollo de las agriculturas locales en los países en desarrollo, de revisar las regulaciones de propiedad intelectual y de establecer restricciones comerciales temporarias para permitir el desarrollo de nuevas industrias. También se habló de las inequidades en los sistemas de financiamiento y la importancia de flexibilizar procesos y políticas industriales para el desarrollo.

“Si vamos a hablar de rediseñar la OMC, es necesario flexibilizar ciertos temas, porque la OMC no debe limitar políticas de desarrollo. el ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) es el acuerdo de menor libre comercio que existe, porque sirve para tener intervención gubernamental en las economia y proteger a los dueños de las patentes, pese a que en todo el mundo se lo acepta como de libre comercio”, ejemplificó la estadounidense Deborah James, directora de Programas Internacionales del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR).

James también es representante de la red de organizaciones Nuestro Mundo No Está En Venta (OWINFS, por su sigla en inglés) y destacó el rol de la sociedad civil para lograr que sus demandas sean tenidas en cuenta por los gobiernos: “La Argentina tiene una sociedad civil desarrollada, con sindicatos fuertes, y la gente común entiende sobre desarrollo e industrialización. Eso no existe en muchos países. Por eso, si se informa sobre lo que está pasando en Ginebra —sede de la OMC—, la gente puede reaccionar y presionar al Gobierno. Las grandes corporaciones tienen alianzas con el capital nacional y relaciones con las elites en el Gobierno. Pero los gobiernos de todo el mundo deberían representar a los pueblos”, subrayó.

Carlos Bianco, ex secretario de Relaciones Económicas de Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2015, recordó que los países desarrollados lograron su crecimiento con medidas proteccionistas que les permitieron impulsar a sus sectores productivos. Por eso, planteó la importancia de “volver a discutir la necesidad de industrializar y abrir nuevos sectores industriales, no solo de manufactureros”.

Futuro digital

Durante la jornada se destacó la relevancia que adquirió el comercio electrónico en todo el mundo, y se lo planteó como una de las preocupaciones centrales a la hora de reflexionar sobre las regulaciones que pueden potenciar o, por el contrario, frenar el desarrollo comercial de los distintos países (tal como ocurre con cláusulas que se han propuesto, tanto en tratados regionales como bilaterales).

Burcu Kilic, directora de Investigaciones en Public Citizen, reveló que una de las principales fuentes de empleo que se está perdiendo en Estados Unidos es la de los comercios minoristas, debido al avance de los oligopolios de venta por Internet, como Amazon, que —a diferencia de sus “competidores” del mundo físico— paga menos impuestos.

Asimismo, esta abogada especializada en propiedad intelectual y derechos digitales destacó la importancia de proteger la privacidad de los datos, puesto que tales medidas “son obstáculos no arancelarios”, que fueron importantes en las negociaciones de otros tratados comerciales, como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA). Y advirtió que la Argentina participa en el denominado grupo de Amigos del comercio electrónico para el desarrollo (junto con Costa Rica, Kenya, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka), que “sigue la agenda de los países desarrollados, pero no defiende sus realidades” y que, por ejemplo, apoyan la tranferencia de datos transfronteriza, algo que pone en riesgo la privacidad de los consumidores.

“Las empresas de mayor capital en el mundo ahora son digitales y se dedican a la recolección de datos. Por eso, la transparencia transfronteriza de datos es el objetivo número uno que están lanzando en esos espacios: comerciar sin aranceles, sin impuestos y sin presencia local. Junto con eso, quieren regular el modo en que los gobiernos reglamentan sus servicios domésticos, no solo los que exportan. Así, a través de acuerdos comerciales, tratan de lograr lo que no podrían obtener por vía democrática”, agregó James, que fundó y dirige una campaña mundial para detener el TISA, y que antes de trabajar en el CEPR fue directora del Programa de la OMC de Vigilancia Global del Comercio de Ciudadanos Públicos.