Un grupo de investigadores analiza si es posible aplicar un tipo de regulación de código abierto para las semillas, que permita un uso e intercambio más flexible para los actores involucrados que el establecido por las normas de propiedad intelectual.
Agencia TSS – “Este es un año bisagra, un año complicado para el campo, signado por las inundaciones. El año próximo será un buen año para tratar el tema de la propiedad (intelectual) de las semillas”, afirmó el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, durante la jornada abierta “La competitividad como meta”, que se realizó en la Sociedad Rural Argentina (SRA) el 25 de abril pasado, y agregó que “es imperativo que la industria cobre por la tecnología que tiene”.
De ese modo, el ministro volvió a rechazar el esquema montado por la empresa Monsanto, que obliga a los productores de granos a pagar una regalía extra por utilizar las semillas que ellos producen, a través de operativos de fiscalización que lleva adelante la compañía en puntos de acopio y embarque. Según una reciente resolución del Ministerio de Agroindustria, es este organismo el único con poder para realizar dicho control, aunque la empresa rechazó esta medida y se potenció la polémica.
Para los productores rurales, esta controversia no es nueva, ya que hace tiempo reclaman que se respeten sus derechos sobre los granos cosechados. Las semillas son un recurso imprescindible para la producción de todo tipo de alimentos y cualquier cambio en su regulación impacta en la producción y el modo en que desarrollan su trabajo todo tipo de agricultores.
Por eso, a la discusión sobre la propiedad intelectual de las innovaciones en semillas y la apropiación de estos recursos, se suman otros actores interesados o que pueden verse afectados, como organizaciones civiles y no gubernamentales preocupadas por la soberanía alimentaria y especialistas de distintos sectores, que buscan hacer sus aportes para llegar a una solución consensuada y democrática sobre este tema.
Actualmente, la Argentina cuenta con un marco legal de semillas para variedades vegetales y está adherida al tratado de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) en su revisión del año 1978 que, en ambos casos, protegen el denominado derecho de obtentor (es decir, que el productor puede quedarse con parte de la semilla cosechada para volver a usarla o investigar sobre ella). Esto se superpone con la ley de patentes sobre invenciones, que habilita a empresas y mejoradores a cobrar regalías sobre las innovaciones que incorporen en variedades transgénicas, algo que en la práctica se traduce, muchas veces, en situaciones de difícil resolución.
Además, en 2015, la Argentina adhirió al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, cuyo objetivo principal es “la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, en armonía con el Convenio sobre la Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria”.
Frente a esta situación, algunos plantean la necesidad de modificar la actual normativa de semillas. Otros, por el contrario, sostienen que hay que limitar el alcance de la ley de patentes. Entre las distintas posiciones, ¿existen otras capaces de resolver este conflicto? “El desafío es encontrar distintos modos de conservar y proteger el triple rol de las semillas: biológico, social y productivo”, afirma la investigadora Anabel Marín –del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y del Centro STEPS–, y asegura que existen distintas herramientas intermedias que podrían ser utilizadas en este sentido: “Habría que ver cuáles son las más apropiadas para las diferentes situaciones que se dan en la Argentina y, tal vez, pensar que algún tipo de protección de código abierto para las semillas puede ser útil”, ejemplifica.
Marín se se refiere a lo que se conoce en inglés como Open Source Seed Initiative, de semillas de uso libre, que tiene el apoyo de diversas organizaciones y que surgió en Estados Unidos. La iniciativa toma como referencia a las regulaciones de código abierto que existen en el software y bajo este esquema ya fueron desarrolladas unas 29 variedades de 14 cultivos en el mundo. Incluye distintos tipos de licencias y acuerdos de intercambios, ya que trata de formar una sistema colaborativo en el que la innovación se sostiene gracias a la libre circulación de ideas y la participación de muchos actores (en el caso de la semilla, pueden ser investigadores o mejoradores, pero también los agricultores mismos, que a través de su trabajo logran mejorar sus cultivos).
Al respecto, Vanesa Lowenstein, especialista en derecho internacional de propiedad intelectual e investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico (CEIDIE), de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, considera que un sistema de “código abierto puede ser una alternativa útil, pero no es la única. También hay licencias y otros recursos legales intermedios que se podrían utilizar. Además, también se puede trabajar sobre prácticas agrícolas y temas relacionados al financiamiento por fuera del marco regulatorio”.
Según Marín, la idea de incorporar la lógica del código abierto a las semillas “es una nueva experiencia más colaborativa, que ya se está aplicando en distintas partes del mundo, como India y Estados Unidos, y estamos tratando de detectar si es posible adaptarla a la situación local y de qué modo”. Junto con su equipo de STEPS global, el grupo en el que se desempeña Marín ha sido uno de los tres centros seleccionado por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales (ISSC, por su sigla en inglés) para llevar adelante un proyecto de intervención social en el mundo, que busca generar transformaciones sustentables ante situaciones que pueden resultar conflictivas –como es el caso de las semillas en Argentina–. Para Marín, se trata de trabajar sobre «una lógica muy diferente a que la innovación solo tiene que estar sustentada en fuertes inversiones de unas pocas empresas”.
28 abr 2016
Temas: agricultura, agroindustria, Código abierto, Monsanto, Propiedad Intelectual, Semillas