La soberanía en materia de salud encuentra un serio obstáculo en la falta de capacidades del sector privado. Queda en manos del Estado la producción del conocimiento necesario para desarrollar medicamentos en el país.
La producción de medicamentos en la Argentina está lejos de ser un problema exclusivo de la industria farmacéutica. Pasados los años noventa, cuando la capacidad nacional de producir bienes fue arrasada, y luego de la crisis del 2001, que desabasteció de recursos a hospitales y clínicas, el Estado intervino en el sector con una premisa: los medicamentos no son únicamente un producto de mercado sino que, por sobre todo, son un bien social que hay que proteger para garantizar el derecho fundamental a la salud de la población.
Desde 2003, las políticas de fomento a la industria farmacéutica nacional lograron un crecimiento ininterrumpido del sector. Sin embargo, la tendencia promovida para lograr la tan mentada soberanía ha encontrado un límite difícil de traspasar en la baja capacidad de innovación de la industria nacional en general y de la farmacéutica en particular. El desafío para iniciar una nueva etapa se concentra hoy en políticas para el sector que promueven la articulación entre las empresas de capital nacional y el sistema científico-tecnológico, así como en la reconversión de un Estado comprador de fármacos a uno productor.
Según el Ministerio de Industria, desde el 2003 se registró un crecimiento ininterrumpido en la industria de medicamentos. Los indicadores de la cartera señalan que desde esa fecha hasta la actualidad aumentó 168% la producción nacional, se triplicaron las exportaciones y casi se quintuplicaron las ventas. Esta tendencia positiva ha generado un incremento en el volumen de inversiones que en 2012 superó los 1.000 millones de pesos. Además, la industria se vio beneficiada con créditos blandos por un total de 1.024 millones de pesos destinados por el Fondo Productivo del Bicentenario.
A pesar de todas estas medidas, la balanza comercial del área se muestra deficitaria en alrededor de 1.500 millones de dólares por año en un mercado interno de 4.350 millones de dólares. Esto se explica por el crecimiento del 60 por ciento de las importaciones de principios activos, insumos básicos para la elaboración de fármacos, y la importación de medicamentos, que registran un aumento del 229 por ciento. Según Martín Isturiz, investigador principal del CONICET y coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, una de las claves reside en la falta de inversión del sector privado en investigación y desarrollo, necesaria para poder cerrar el círculo de la producción y agregar valor al producto final.
“Salvo algunas pocas excepciones, los laboratorios farmacéuticos de capitales nacionales carecen de la infraestructura necesaria para hacer investigación y desarrollo. Entonces, mayoritariamente, sólo se dedican a la parte final de la cadena productiva: importar la materia prima y confeccionar el medicamento”, sostiene Isturiz.
Sobre el tipo de alianza que debe concretarse entre las empresas y el complejo científico tecnológico argentino para impulsar el desarrollo de principios activos en el país, Isturiz explica que, de establecerse vínculos y/o desarrollos apropiados, “los mismos deberían estar regidos por convenios en donde se establezcan claramente lo que pertenece a cada sector, de acuerdo a las inversiones realizadas”. Y concluye que, de lo contrario, “esas vinculaciones no serían otra cosa que una transferencia de fondos públicos a empresas privadas”.
Otra de las caras del mismo problema es la planteada por las políticas pasadas que promovieron un perfil de Estado comprador de medicamentos. Las medidas económicas inmediatamente posteriores a la crisis partir de 2001 fueron acompañadas por un conjunto de normativas que pugnaron por expandir y proteger la industria nacional, pero que propiciaron un Estado pasivo y demandante con respecto al mercado.
En 2002 fue sancionada la ley de genéricos (25.649) que permitió la prescripción de copias de drogas más baratas sobre las más caras producidas por los grandes laboratorios. Un año más tarde se modificó la ley de patentes que obligó a los laboratorios extranjeros a producir en el país aquellos medicamentos sobre los que se pretendía la patente. Al mismo tiempo, se impulsaba el Programa Remediar, a través del Ministerio de Salud, que fue un paliativo importante a los estragos de la crisis del 2001 al poder garantizar el acceso a algunos medicamentos básicos a los sectores más desprotegidos. Además, la compra de medicamentos a través de este programa fue un aliciente económico a las empresas farmacéuticas locales, en crisis desde de los años noventa.
En este contexto, las políticas de abastecimiento de medicamentos direccionadas sobre el eje de la demanda tienen sentido para resolver problemas coyunturales, pero en el largo plazo se vuelven vulnerables al poder adaptativo de las grandes farmacéuticas y a los avatares del mercado. “Los medicamentos son bienes estratégicos para las políticas nacionales en Salud”, explica Isturiz, “y, en consecuencia, el Estado no puede quedar desguarnecido en un ámbito en donde los precios se establecen sobre la base de una economía de mercado y no de una estructura de costos”. Para este investigador, “sostener un modelo de Estado comprador tiene consecuencias nefastas para el sector científico y tecnológico”.
Un indicio alentador fue la aprobación, en 2011, de la ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. La normativa tenía el objetivo de articular y potenciar el trabajo que se realiza en laboratorios municipales, universitarios e instituciones públicas de investigación. Sin embargo, a dos años de su votación, la ley aún espera ser reglamentada para poder ser aplicada y comenzar a revertir la tendencia actual.
El país cuenta con 40 laboratorios públicos, 15 de los cuales tienen la infraestructura necesaria para –a través de la articulación con universidades y organismos de ciencia y tecnología– desarrollar y producir en áreas hoy desatendidas por las farmacéuticas privadas.
En la actualidad, la producción estatal de medicamentos se orienta a atender las necesidades que la industria farmacéutica no encuentra rentable. Sin embargo, Isturiz entiende que el sistema público debe avanzar sobre productos de mercado y competir con las empresas para establecer precios testigos que neutralicen la tendencia especulativa. “El Estado tiene las capacidades necesarias para comenzar a producir algunos principios activos, que en su mayoría se importan, un hecho que dinamizaría y vincularía al sector científico-tecnológico, hoy fragmentado y de escasa utilización social”, afirma el especialista.
06 nov 2013
Temas: Industria Farmaceutica, Medicamentos, Producción pública, Salud